Juicio a Egunkaria

Si en el juicio que ha de comenzar mañana absolvieran a los imputados, o si en el subsiguiente juicio del sumario económico tampoco condenaran a nadie, el caso es que la Audiencia Nacional ya ha hecho una dura pena a Egunkaria, los encausados y los accionistas, suscriptores y lectores que tenía el periódico.

Detenciones. La Guardia Civil detuvo a 19 personas. Diez en la mañana del 20 de febrero de 2003, cuando se cerró el periódico, y nueve en la operación subsiguiente de 16 de octubre de 2003. Todos estuvieron incomunicados, a manos de la Guardia Civil, hasta que los llevaron a declarar ante el juez al cabo de unos días.

Torturas. De los 10 detenidos en febrero de 2003, siete denunciaron malos tratos: aplicar una bolsa de plástico en la cabeza causando ahogo momentáneo, poner una pistola en la cabeza simulando el disparo, flexiones hasta desfallecer, golpes en los testículos, insultos de carácter sexual... Cinco de estas personas presentaron denuncia por torturas, y en los cinco casos se ha archivado la denuncia.

Encarcelamiento: seis personas han conocido la cárcel en este proceso. Iñaki Uria pasó 17 meses y medio en la cárcel de Aranjuez. Xabier Alegria pasó 21 meses y medio en Soto del Real, y ahora está en la cárcel por su condena en el caso 18/98 pese a haber quedado fuera de este caso Egunkaria. Xabier Oleaga cumplió ocho meses y medio en Navalcarnero, Pello Zubiria casi un mes en Soto del Real, y también en la misma cárcel estuvieron tres semanas presos Joan Mari Torrealdai y Txema Auzmendi.

Fianzas. Siete encausados, y otros ocho imputados tuvieron que depositar fuertes fianzas para que la Audiencia Nacional los dejará en libertad bajo fianza. Iñaki Uria 450.000 euros; Xabier Alegria 50.000; Oleaga y Otamendi 18.000; 12.000 euros cada Inma Gomila, Pello Zubiria, Joan Mari Torrealdai, Txema Auzmendik, Fermin Lazkano, Luis Goia, Joanmari Larrarte, Joxe Mari Sors, Mikel Sorozabal, Mikel Azkune y Xabier Legarra.
En total, casi 700.000 euros. La mayor parte de los encausados deben acudir a sede policial o judicial quincenal o mensualmente, para firmar los papeles de su condicional, y tienen prohibido salir del estado español. Martin Ugalde, quien fuera presidente de honor de Egunkaria SA, tuvo bloqueadas sus cuentas bancarias, y no fueron desbloqueadas hasta que murió.

Cierre y liquidación. El único periódico en euskara fue cerrado de un día para otro. La medida fue calificada de "provisional" al inicio de la instrucción judicial. La Audiencia Nacional procedió a cerrar la empresa y a prohibir la impresión de Egunkaria al principio, luego ejecutaron la liquidación de la misma, con ayuda de un administrador judicial. Hoy en día, están liquidadas Egunkaria SA y otras empresas con las que formaba grupo: Atez Ate, Tolosaldeko Komunikabideak, Ardatz y Herri Informazioa. Cerradas para siempre, pase lo que pase en el juicio que empieza mañana.

Trabajadores. El cierre de Egunkaria dejó a 180 personas en la calle, sin trabajo, tanto de Egunkaria SA como de esas otras empresas. Pero los trabajadores se organizaron y sacaron a la calle un periódico provisional de nombre Egunero, que se publicó durante cuatro meses, desde el mismo día siguiente del cierre, hasta que surgió Berria, nuevo periódico en euskara. Los primeros accionistas de EKT, una empresa nueva constituída para sacar adelante Berria, fueron precisamente esos antiguos trabajadores de Egunkaria.

Lectors y accionistas. 15.000 compradores del diario y cerca de 50.000 lectores quedaron sin su periódico de referencia por el cierre ordenado por el juez Del Olmo. Muchos de ellos eran accionistas de la empresa. Cerca de mil accionistas aportaron capital para que Egunkaria surgiera en 1990, y otros centenares de personas se les habían sumado en el accionariado para cuando se cerró en 2003.

Capital para el nuevo periódico. Habiéndose pérdido todo el material, bienes y archivos del anterior periódico, el hueco dejado por Egunkaria fue llenado por la iniciativa impulsora del nuevo diario Berria. El 21 de junio de 2003 Berria nació con un capital de 4.595.900 euros, aportados por miles de particulares y organizaciones. 24.404 acciones fueron suscritas por esos ciudadanos y organizaciones.

Coste económico del caso judicial. Los imputados creen que el proceso judicial, incluído el juicio, les va a suponer un gasto de unos 500.000 euros. De momento están haciendo frente a este gasto ingente con múltiples aportaciones de los comités de apoyo.