Juicio a Egunkaria

La ponencia política preparada por el PP para su próximo congreso ha sido objeto de una polémica enmarcada en la crisis de liderazgo que atenaza a ese partido. Aparte del baile de líderes y lideresas, la letra de la ponencia tiene tela (un extracto aquí). Fijémonos en este punto:

• ETA es una estructura compleja en la que está Batasuna, el PCTV, ANV, así como un entramado financiero, económico y cultural que desde múltiples ámbitos de acción colabora en el desarrollo de sus fines.

Es la insinuación del todo-es-ETA que está sirviendo para procesar y machacar cualquier cosa a la que se ponga el sambenito de entramado, entorno o lo que sea menester.

Los fines de ETA están claros, según la ponencia: ETA es, por supuesto, una organización terrorista porque el terrorismo es su seña de identidad, pero ETA apuesta por un proyecto político que comparte con partidos nacionalistas: la independencia de Euskal Herria. De modo que cualquier entramado que colabora en el desarrollo de tal fin, es ETA.

Si se dan por ciertas lo que esta ponencia presenta como verdades, Egunkaria será culpable, y los 12 acusados serán condenados. Pero es mentira. Por eso es importante exigir que no confundamos el dogma con la verdad; la demagogia con la justicia.

ETA también presentó su ponencia ayer. Poner bombas, y matar. Asesinaron a un guardia civil, y pudo haber sido mucho peor.

Oí comentarios en la radio: "Esto nos retrotrae a otros tiempos". No lo creo. Estamos en un tiempo nuevo. Un tiempo en que la ilegalidad de Herri Batasuna será ya irreversible y se blindará. En la primera legislatura de Zapatero, podría haberse reculado, pero ya no me parece posible. Aquella legislatura acabó con el asesinato de Isaías Carrasco, y esta otra empieza con el del guardia Juan Manuel Piñuel.

Un 15% de la población vasca se verá privada de derechos civiles o políticos, y sus líderes estarán en la cárcel o en la semi-clandestinidad. Pero la sociedad tragará con ello. También la sociedad vasca, incluso allá donde parezca imposible, como en Lizartza, entre cabreos y disparates, sin democracia representativa, tragará; Lizartza tragará. Ya hay una casta social de ciudadanos de segunda entre nosotros: los trabajadores inmigrantes extranjeros. Pues otro sector de excluidos, qué importa ya.

Y como ETA seguirá matando, puede que el apartheid político se extienda, como respuesta. A los que colaboran al desarrollo de los fines, al entorno del entramado cultural de... La ponencia marca el camino a seguir, un sendero vallado y alambrado, y es muy posible que Zapatero y Rubalcaba lo sigan. El camino ya trillado. Sin aventuras.

La semana pasada era de celebrarse en la Audiencia Nacional una sesión previa de cara al juicio del sumario principal del caso Egunkaria, pero el guión se truncó, y el resultado es que en vez de tratar esas cuestiones previas, la defensa de los acusados pidió la recusación de la jueza que iba a dirimir el asunto.

Entre las cuestiones previas que se iban a tratar, la defensa iba a pedir la recusación de cuatro peritos (guardias civiles) propuestos por las acusaciones populares de AVT y Dignidad y Justicia. La cuestión ha de tratarse en la primera sala de lo penal de la Audiencia Nacional, cuyo titular ha sido hasta hace poco el juez Javier Gómez Bermúdez, célebre por el juicio del 11-M. Pero parece que ha habido un cambio en la titularidad, y la juez es ahora Ángela Murillo, menos célebre (pero también) por el juicio 18/98. Y, precisamente, ante la presencia de Murillo, la defensa ha decidido recusarla a ella misma. En opinión del abogado Iñigo Iruin, Murillo está contaminada por haber juzgado y condenado ya al acusado Xabier Alegria, y considerando la defensa que de lo que se acusaba a Alegria en el juicio 18/98 era lo mismo que se va a juzgar en el caso Egunkaria, no procedía la intervención de Murillo.

Por lo tanto, se inicia ahora el procedimiento para decidir sobre esta recusación, antes de pasar a las cuestiones previas al juicio propiamente dicho. (He extraído estos datos de un artículo publicado en Berria).

Martxelo Otamendi, director del clausurado Egunkaria, ha declarado hoy en el juicio de la Audiencia Nacional contras las Gestoras pro-Amnistía. Ha negado que cuando denunció públicamente las torturas que sufrió a manos de la Guardia Civil, lo hiciera siguiendo directrices de Gestoras o de nadie. Pero cuando ha querido extenderse sobre el tema, sobre cómo lo torturaron, el juez no le ha dejado.

Por las primeras notas en euskera que leo sobre el asunto, ha habido momentos de tensión en la vista. A ver si mañana recojo más información.

Además de Otamendi, comparecen hoy en ese juicio otras personas que han denunciado torturas, como Unai Romano. El objetivo de la defensa al llamar a estos testigos es destruir uno de los argumentos capciosos que se están usando en la acusación contra Gestoras: que las denuncias de tortura que se hacen públicas, las hacen personas que siguen directrices de ETA transmitidas por las Gestoras. Martxelo Otamendi ha desmentido esto precisamente: si denunció torturas, es porque las sufrió.

La única denuncia de torturas por el caso Egunkaria que sigue judicialmente "viva" ha pasado a un juzgado de Madrid, con lo que su situación procesal puede retrotraerse hasta cero, y hasta es posible que se archive sin más.

Tras la operación policial de febrero de 2003, fueron cinco los acusados que denunciaron torturas: Iñaki Uria, Martxelo Otamendi, Txema Auzmendi (léase su testimonio), Xabier Oleaga y Xabier Alegria. Además de ellos, el resto de los detenidos entonces hablaron de un trato atroz y, cinco años más tarde, Joan Mari Torrealdai dijo justo en el 5. aniversario del cierre que el también fue torturado, pero que calló entonces. Torrealdai no quiso complicarse la vida con más pesadillas judiciales, ni se sentía psicológicamente seguro como para usar esa palabra hasta pasado todo este tiempo; pero su declaración de 2008, hecha pública en la radio y la televisión pública vasca, resultó conmovedora.

Este pasado mes de abril, la Audiencia Territorial de Gipuzkoa, que es donde se llevaba la denuncia de torturas de Iñaki Uria, antiguo consejero delegado de Egunkaria, ha ordenado que el caso lo lleve un juzgado de instrucción de Madrid. La juez de instrucción que llevaba el caso en Donostia, Nekane Rodríguez, ya había tomado la decisión de imputar a cuatro guardias civiles y de iniciar un juicio, pero con el traslado del caso, esos pasos previos pueden verse superados, según temen los abogados de Uria (noticia más amplia en euskera en Berria).

La denuncia de Iñaki Uria alcanza a cuatro guardias civiles, sólo identificados por sus números de agente, de los que dos tomaron parte en la detención de Uria, y otros dos en los interrogatorios que tuvieron lugar en Madrid (el instructor y el secretario que tomaron declaración a Uria). El caso se llevaba en Donostia porque los hechos, la detención en la que tomaron parte dos de los agentes, se iniciaron en Gipuzkoa. Pero, ahora, por lo visto, se considera que el presunto delito tuvo lugar en Madrid. La decisión de que el caso pase a Madrid es firme, y no cabe recurso contra ella.

De los otros casos denunciados, se archivaron ya las denuncias de Auzmendi, Alegria, Oleaga y Otamendi, aunque los dos últimos casos están pendiente de recurso.

Hace unas semanas recogía en este blog la petición de  Reporteros Sin Fronteras de que se diera fin al procedimiento judicial contra Egunkaria. Hoy debo dar cuenta de una iniciativa de RSF de muy distinto signo. El pasado 3 de mayo, día internacional de la libertad de prensa, RSF publicó un informe (PDF) sobre la situación políticamente precaria que viven muchos periodistas en la Unión Europea misma.

El informe menciona los casos de periodistas que trabajando en el País Vasco se han convertido en objetivo de ETA. Se habla de casos muy reales de persecución, que han llevado a periodistas varios a exiliarse del País Vasco. Los asesinatos del columnista de El Mundo José Luis López de Lacalle, y de Santiago Oleaga (un responsable económico de el Diario Vasco, asesinado en mayo de 2001, caso que extrañamente no se menciona en el informe) demuestran que la amenaza es real y, desde luego, denunciable.

Sin embargo, el informe dista mucho de ser un referente claro de lo que pasa en la profesión perioística en Euskadi, por dos motivos: una ausencia, y una insidia.

La ausencia es la mención del caso de Egunkaria. Tras cinco años de cierre, y con los juicios en ciernes amenazando a tantos inocentes, ni una palabra sobre este atropello. Y eso que el informe reconoce literalmente que, "a veces, la libertad de los periodistas también se ve amenazada por la actuación de las fuerzas del orden". Pero en realidad, con eso se refieran a un requerimiento judicial que recibió un periodista de El Correo, por una cuestión muy distinta, requerimiento que el informe explica así:

"A finales del año 2007 Oscar Beltrán, especialista en terrorismo de El Correo, publicó un artículo revelando que un miembro de la policía vasca había avisado a un etarra (miembro de ETA) de que iban a detenerle. Luego, el gobierno autónomo quiso identificar la fuente del periodista. El fiscal ordenó que se entregara a la policía la lista de las llamadas recibidas por Oscar Beltrán, el día de la detención. Lo que efectivamente se hizo. En cambio, según el periodista, no se ha efectuado ninguna investigación para identificar al policía que informó al miembro de ETA. Para Oscar Beltrán “el mensaje era muy claro. El gobierno autónomo no quiere que se hable en la prensa de la policía vasca, y quiere controlar cualquier información sobre las fuerzas de la policía autónoma”.

Me parece bien que Reporteros Sin Fronteras critique la intromisión judicial y policial en la labor profesional de Beltrán. Pero, frente a eso, lo que representa el caso de Egunkaria, o sin ir más lejos, las condenas recibidas por responsables del diario clausurado Egin en el juicio 18/98, son infinitamente más graves. Además, a mi me da la impresión que lo de Beltrán se menciona para insinuar que el Gobierno Vasco no quiere perseguir a ETA. Más que preocupación profesional, yo ahí veo sesgo político.

Por otro lado, hay una grave insidia en el informe, que dice que periodistas amenazados "acusan a publicaciones como Berria (anteriormente Egunkaria, cerrado en 2003) o Gara de publicar no solo los comunicados de la organización, sino también crónicas en las que exponen a periodistas a la venganza de ETA. A título de ejemplo citan la sección firmada con el pseudónimo de Maité Soroa y titulada “La glosa de la prensa”."

Del tal ejemplo, no hay más detalles, aunque debe tratarse de algo publicado en Gara, ya que en Berria sólo se publica en euskera.

Y no. Hay que desmentir esta insidia. Ni ahora Berria ni Egunkaria antes ha publicado nunca semejante barbaridad, crónicas pidiendo la venganza de ETA contra nadie. Eso es una mentira inmunda.

Mañana lunes comienza en la Audiencia Nacional otro juicio político de esos organizados contra lo que llaman el entorno de ETA. En este caso, el objeto de la acusación son las Gestoras Pro-Amnistía, comités de apoyo a los presos de ETA: comités que han actuado durante 30 años públicamente, tanto con ese nombre como con el de Askatasuna. Así fue, hasta que se decidió que también eran ETA.

Hay 27 acusados, para los que el fiscal pide penas de 10 años de prisión (a cada uno). La defensa de los acusados ha llamado a testigos de relevancia social, como el obispo emérito de San Sebastián, José María Setién, el alcalde de la misma ciudad, Odón Elorza, el ex-comisionadode la ONU contra la Tortura, Theo Van Boven, y Martxelo Otamendi, el que fuera director de Egunkaria. Más información sobre el sumario 33/01 aquí (ése es su número).

Un juicio a observar, sin duda.

Se han conocido más detalles de la sentencia del caso Atutxa que comentábamos aquí, por la relevancia que pudiera tener de cara al caso Egunkaria. La reinterpretación de la doctrina Botín por parte del Supremo, fue contestada por 5 de los 12 magistrados que integraron el pleno, que expresaron su opinión contraria con votos particulares. De hecho, El País habla ahora de doctrina Atutxa, tal es el cambio interpretativo dado a la anterior

El voto particular del magistrado Luciano Varela señala que la nueva sentencia reduce "casi al exotismo estadístico" la aplicación de la doctrina Botín, y que a Atutxa, Knörr y Bilbao "se les ha tributado una diversidad de criterio por circunstancias que no tienen la envergadura necesaria para determinar la diferencia de trato". Ha tenido cuidado Varela de decir exotismo, que si llega a decir excepción, podría haber agitado el fantasma de lo que aquí subyace: el estado de excepción judicial que se aplica en la política vasca.

Otro magistrado, Sánchez Melgar expone que él discrepó de la doctrina Botín, pero que ésa es ahora "la doctrina de la Sala a todos los efectos, sea cualquiera el caso posterior al que haya que aplicarse". Pues no, señor Melgar, hemos dado con la jurisprudencia variable, mire Vd. por dónde.

Otros tres magistrados, Carlos Granados, Joaquín Giménez y Andrés Martínez Arrieta detallaron en su voto particular conjunto que en los últimos cinco años se han contabilizado 24 querellas de acusaciones populares contra aforados ante el Supremo, sin que hasta ahora hubiese prosperado ninguna. Pero llegó el caso vasco, con Atutxa, y ya se ve, ahora no vale ninguna doctrina Botín, ni dos docenas de casos; ahora vale la doctrina Atutxa. Muy oportunamente, por cierto, ya que los próximos casos en los que se podría apelar a la jurisprudencia de Botín son los del lehendakari Ibarretxe y el caso de Egunkaria.

Hoy se ha hecho pública la sentencia del caso Atutxa, que condenó a inhabilitación a Juan Maria Atutxa, anterior presidente del Parlamento Vasco, por no proceder a la disolución del grupo parlamentario de Batasuna tras la ilegalización de aquel partido. Existía curiosidad por las explicaciones que se fueran a dar sobre la llamada doctrina Botín. Y se ha comentado (lo he oído este mediodía en la radio) que ello puede tener consecuencias en el caso Egunkaria.


    
Bueno, la doctrina Botín consiste en que el Tribunal Supremo desestimó una demanda contra Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, alegando que no había ni petición fiscal, ni acusación particular (la que interpone alguien perjudicado por el delito o los hechos enjuiciados). Existía acusación popular, interpuesto por terceras personas que por las razones que sean creen que hay delito y que merece sanción, pero el Supremo determinó que sólo la acusación popular no valía para llevar un caso a juicio.

En el sumario principal del caso Egunkaria la situación es similar: el fiscal no ve delito, no hay acusación particular de ningún damnificado por el periódico. Pero hay acusación popular de Dignidad y Justicia. No obstante, hay otra diferencia con lo de Botín, y es que el caso Egunkaria se tramita por el procedimiento ordinario, y la jurisprudencia del Supremo se aplica en la doctrina Botín a sumarios tramitados por el procedimiento abreviado.

Lo de Atutxa también iba por el abreviado, y así y todo, hubo juicio y condena. Entonces, ¿qué excusa había para no aplicar la doctrina Botín? Pues bueno, hoy ha llegado la respuesta: hay casos en los que no hay acusación particular porque no puede haber un damnificado concreto, al ser el delito abstracto. El caso Atutxa  'carece, por definición, de un perjudicado concreto susceptible de ejercer la acusación particular', hemos leído hoy. Por lo visto, en eso se distingue de lo de Botín.
    
Y ahora, ¿cómo deja esto el caso Egunkaria? Vete a saber. Por un lado, la diferencia del procedimiento. Y por otro, esta precisión que llega ahora. Que Egunkaria no perjudicó ni hizo mal a nadie me resulta evidente. Ya tiene bemoles que sea eso lo que vaya a permitir ahora hacer un juicio, la inexistencia de posibles perjudicados. La doctrina Botín, tras lo de hoy, queda sibilinamente matizada: Botín pudo haber perjudicado a alguien concreto, de modo que se libra del juicio. Atutxa no pudo haber hecho daño a ningún "perjudicado concreto", luego hay juicio, y encima condena (pese a que el fiscal solicitó la absolución).



En fin, yo creo que lo más claro que hay en la doctrina Botín es su nombre: es la doctrina que se aplica a Botín, y punto.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha pedido al Gobierno de España que ponga fin al procidimiento judicial iniciado contra Egunkaria.

En la nota hecha pública ayer se equivocan de ministro (hace tiempo que Juan Fernando López Aguilar no lleva la cartera de Justicia, ahora el titular es Mariano Fernández Bermejo) .

El caso de Egunkaria se llevará a una reunión del Club PEN que tendrá lugar desde mañana día 4 al domingo 6 en Escocia. Se trata de la reunión internacional del comité de Escritores en Prisión de PEN que tendrá lugar en Glasgow, organizado por el Club PEN Escocés.

Los escritores vascos miembros del PEN Vasco Urtzi Urrutikoetxea y Lutxo Egia serán los que presenten el informe. En el se habla del caso Egunkaria, de cómo varios acusados se enfrentan pronto a juicio. También se menciona la situación de otros periodistas, como los antiguos directivos de Egin Jabier Salutregi y Teresa Toda. Esta última, integrante también del club PEN, está en prisión desde diciembre pasado, a resultas de la condena de 10 años recibida en el escandaloso caso 18/98.

Más información en Euskalkultura.com y en esta página del PEN club inglés.