Más obra propia

El 18 de febrero de 2009 se celebró en Madrid, en la librería libertaria “La Malatesta”,  la presentación del libro “Crónicas del 6 y otros trapos sucios de la cloaca policial”, interesantísimo libro del periodista catalán David Fernàndez. Intervino también en el acto (además del autor, claro) Jorge del Cura, destacado luchador contra la tortura. Lo que sigue es el texto que leí.

Hace unos cuantos días, Luis Herrero –experiodista derechista muy militante, y ahora eurodiputado no menos militante del PP– fue expulsado de Venezuela acusado de estar incumpliendo sus obligaciones como observador internacional en el referéndum convocado por Hugo Chávez. Aún a sabiendas de que un observador internacional tiene como primer y máximo deber ser exactamente eso, observador, y no meter baza dando y quitando razones sobre el acontecimiento que supervisa, no es mi intención meterme hoy en disquisiciones sobre el grado de astucia o de tosquedad política de la decisión del gobierno chavista de expulsarlo del país. A los efectos de este acto de hoy, llamo la atención sólo sobre un punto: Luis Herrero se permitió acusar a Chávez de “dictador”. Y eso me hizo gracia, porque Luis Herrero (o, para ser más exacto, Luis Herrero-Tejedor) es hijo de Fernando Herrero-Tejedor, un personaje que, amén de fiscal en épocas tenebrosas, fue también secretario general del Movimiento, esto es, máximo jefe del partido único que sustentó el régimen de Franco y que le sirvió de brazo político y represor. De modo que, cuando perora sobre dictadores este Luis Herrero de ahora, un individuo que jamás ha renegado del pasado de su padre, ¿qué lo hace: como crítica o como lisonja?

David Fernández, en este Crónica del 6 y otros trapos sucios de la cloaca policial, hace referencia a la ascendencia de Julia García Valdecasas y a la trayectoria fascista de su padre, oprobio que fue de la Universidad de Barcelona. Doña Julia, recientemente fallecida, fue digna sucesora de su progenitor: heredó su alma represora.

El pasado domingo, en una tertulia radiofónica, señalé esa circunstancia y hubo quien me lo reprochó: “Hombre, uno no es responsable de sus antecesores”, me dijo. No lo es, desde luego, salvo que los asuma y les dé continuidad.

Soy muy consciente de ello, porque mi abuelo paterno, policía de pro, fue (aparte de gobernador civil en varias capitales y jefe del servicio de seguridad de Alfonso XIII) uno de los fundadores de la Escuela Superior de Policía, puesto desde el que aleccionó a gente tan caracterizada como Melitón Manzanas.

La diferencia está ahí: tanto Julia García Valdecasas como Luis Herrero se han declarado orgullosos de sus ancestros fascistas. En mi caso, jamás he ocultado que tengo clarísimo que mi abuelo fue una mala persona, un mal bicho, maestro de torturadores. Aspecto éste que quizá explique mi fijación por la lucha contra la tortura, de la que yo mismo he sido víctima. Todo lo cual seguramente explica que hoy esté aquí, ayudando a presentar este libro.

El libro de David Fernández es una joya.

En primer lugar, por la información que proporciona. Admito que, pese a mi interés por la información política en general y por los excesos policiales, en particular, desconocía muchas de las historias de las que David da cumplida razón, empezando por la existencia de ese grupo 6 de la policía en Cataluña, especializado en provocaciones y malos tratos. Para quienes no os dediquéis profesionalmente a estos asuntos y no los tengáis todo el día bajo vuestro punto de mira, la lectura de este libro puede ser un auténtico aldabonazo. Porque muchos hemos aportado el testimonio de historias estremecedoras de lo sucedido durante el franquismo, pero lo que se cuenta aquí forma parte de las cloacas de la llamada democracia: con Suárez, con Calvo-Sotelo (tuvo poco tiempo, pero no lo malgastó), con González, con Aznar y también, desde luego, no os quepa la menor duda, con Rodríguez Zapatero. Porque a los presidentes les pasa como a los hombres: que son todos iguales.

El segundo gran mérito de este libro es su técnica narrativa: va soltando sus misiles en forma de perdigonadas, breves, lanzadas en muy diversas direcciones, pero igual de demoledoras. Al final, es como el disparo de una escopeta de cañones recortados. Lo alcanza todo. O, por decirlo de modo menos truculento: es como un cuadro puntillista, que logra un retrato fiel de la realidad a base de una enorme cantidad de trazos aparentemente aislados.

Tercer mérito, y no el menor: su valentía. No sólo llama a cada cosa por su nombre, sino también a cada quien por su nombre. No tira ninguna piedra para esconder luego la mano. Si lanza una acusación contra alguien, lo señala con el dedo. Y dice por qué.

Cuarto mérito: nos demuestra de manera pormenorizada que el terrorismo de Estado no es sólo, como a veces se piensa, una aberración que montan altos servicios secretos para cometer crímenes muy especiales contra personas tenidas (con razón o sin ella) por peligrosos enemigos del orden constituido, sino que es también una actividad sistemática y rutinaria, destinada a amedrentar a toda la población potencialmente rebelde y a servir de válvula de escape a las ansias de prepotencia de unas fuerzas represoras entrenadas para serlo.

Ante este libro soy incapaz de mostrarme neutral, porque me pilla muy de dentro. Me coge por las entrañas. No sólo por la ingente cantidad de brutalidades y arbitrariedades policiales que relata, sino por el telón de fondo de pasotismo que revela. Es demasiada la gente que quiere que la Policía (la que sea: todas las policías) se las arregle para que la vida no le importune todavía más, sea como sea y a costa de lo que sea.

David pone algunos ejemplos muy ilustrativos. Yo he recordado, leyéndolo, una secuencia de La Batalla de Argel, la estremecedora y en tantos sentidos inquietante película de Gillo Pontecorvo, en la que el coronel Mathieu, cabeza de la represión contra el Frente de Liberación Nacional argelino, pregunta, cuando se le pide que hable de los métodos represivos que utilizan las fuerzas armadas francesas, qué es lo que quiere la mayoría, si que le resuelvan los problemas o si discutir sobre cómo se los resuelven. En la España actual, e incluso en la Cataluña actual, y también en la Euskadi actual, hay demasiada gente que no quiere discutir sobre métodos. Lo que quiere es que les quiten los conflictos (y a los conflictivos) de encima. Y si es por las buenas, bueno, y si es por las malas, pues se mira para otro lado, y ya está. No podría haber una cúspide estatal tan perversa si no hubiera una base social tan degradada.

Todos los terrorismos de Estado son, en realidad, el mismo terrorismo. David Fernàndez cita casos de los más diversos géneros. También podría hacerlo mucha otra gente. Hace escasos días, alguien descerrajó con habilidad la puerta del piso de un periodista amigo mío que está haciendo un trabajo de investigación que afecta a altos cargos de la Comunidad de Madrid. Quienes entraron en su casa registraron sus papeles e inspeccionaron su ordenador. No lo mataron, ni le conectaron electrodos en los testículos: es otra variante del multifacético terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado de baja intensidad, podría llamarse.

Yo tengo una casa en Alicante muy cerca de donde un cazador dominguero encontró en 1985 los cadáveres de Lasa y Zabala, presuntos miembros de ETA que fueron enterrados en cal viva. El Mundo sacó la noticia. Eran otros tiempos y por entonces yo era subdirector de ese periódico. Poco después del macabro hallazgo, me encontré con que alguien había entrado en mi casa de la campiña alicantina y se había dedicado a hurgar todos mis papeles. Quienes fueran hicieron un trabajo limpio: incluso barrieron cuidadosamente los restos del ventanal que rompieron para entrar. Toda la papelería estaba revuelta, pero no robaron nada, y menos de valor (ni siquiera policial, porque yo no tenía nada que ver con la investigación periodística del caso).

Son casos de terrorismo de Estado de baja intensidad. Pero estos dos que he citado por lo menos tienen algo que ver con lo que podrían considerarse “cuestiones de Estado”. Hay muchísimas más que se refieren a asuntos en los que ni el Estado, ni el Gobierno, ni la respectiva Comunidad Autónoma se juega nada de mayor trascendencia, salvo la fijación del sacrosanto “principio de autoridad”: aquí mando yo, la Ley soy yo, se hace lo que yo diga y al que lo ponga en duda le parto la cara. Y no hace falta que lo ordene ningún general: basta con que sea un sargento o un cabo.

En la época en la que Julia García-Valdecasas estuvo al frente de las fuerzas represivas en Cataluña, se produjeron del orden de 700 detenciones relacionadas con actos de motivación política y social. Según cálculos presentados en Barcelona en un seminario que se realizó en 2005, en la década anterior la cifra de detenidos fue de 2.000 personas, en números redondos.

Excuso decir que muy pocas de esas detenciones se han traducido en sentencias judiciales condenatorias. En caso contrario, Cataluña tendría más presos políticos que Euskadi.

Pero, a fin de cuentas, ¿qué es un preso político, o un preso social? Lo que está en cuestión no es lo que ha hecho o dejado de hacer el uno o el otro, sino la lógica aplastante que se les aplica a todos. Leo en el libro de David un par de apuntes. El primero se llama “Economía de mercado” y dice:

«Condena de 600 euros a un policía español por matar a un joven que huía con un coche robado. Condena de 240 euros a una inmobiliaria por dos meses de mobbing (sin agua ni luz) en la calle Verdi de Gracia.

25 euros de multa a un concejal de la Plataforma per Catalunya por intentar quemar una mezquita.

¿El que la hace la paga?

20.000 euros por quemar un cajero automático. Y 18 años de cárcel. La mitad para el asesino del joven militante antirracista Guillem Agulló.

En el mundo del capitalismo maduro son más importantes las cosas que las personas. Y si la cosa es un cajero automático, prepárate.

La economía antirrepresiva. Tirando bajo, a nosotros nos sale que entre procuradores, fianzas, abogado y procesos dilatados, la broma no ha bajado de 600.000 euros. 100 millones de pesetas.»

Y David escribe a continuación, bajo el título “Regla de tres”:

«Somos un país pequeño. Y por eso proyectamos la represión al Estado. Y hacemos números, prospecciones. Si los niveles de conflicto social y represión hubieran sido los mismos en todo el Estado español en este ciclo de luchas, ¿qué radiografía obtendríamos? Es ucrónico y utópico, pero estas serían las cuentas: 16.000 detenciones entre 1995 y 2005. 420 agentes dedicados únicamente a los movimientos sociales. 160 encarcelamientos. 40 presos. 8 suicidios. 56 infiltrados descubiertos.

Es otra manera de visualizar y proyectar una etapa. Y las conclusiones son bastante fértiles. Por elocuentes. ¿No tiene toda la pinta de una moderna guerra de baja intensidad contra la disidencia política y social?»

Hasta aquí la cita. Y la subrayo con mi respuesta: por supuesto que es una guerra contra la disidencia, pero su intensidad es más baja o más alta, en unos u otros periodos de la Historia, según sea la intensidad de la propia disidencia. Ellos están siempre dispuestos a todo. Todo depende de lo peligrosos que se muestren los que tienen enfrente.

Voy terminando. Pero no quisiera hacerlo sin referirme a uno de los asuntos que cita David cuando se refiere a la recurrente tendencia de los poderes constituidos a la utilización de agentes provocadores y de infiltrados. Él habla de un individuo al que llama Ángel Grandes Herreros, un policía que se hizo pasar primero por okupa y antimilitarista, que luego se las dio de solidario con Chiapas y viajó un par de veces a México, que pasó más tarde por Euskadi y se mezcló con la kale borroka y se vino finalmente a Madrid, donde se le perdió el rastro de manera bastante enigmática después de que su novia muriera de un tiro de bala. Mi mujer suele decir que el mundo es un pañuelo de mocos verdes, y eso me hizo recordar que una compañera suya de colegio, Maika Pérez, murió de un tiro que salió de la pistola de su novio, policía, que había estado en Barcelona, que viajó un par de veces a México, que luego pasó por Euskadi y que acabó en Madrid. El individuo, de nombre de pila Ángel, aunque con apellidos distintos, fue llamado a declarar ante el juez, pero se cuenta que lo que declaró es que sabía demasiadas cosas sobre la lucha antiterrorista y que, si empezaba a largar, podía resultar bastante comprometido para muchos peces gordos.

Lo único indiscutible es que la causa por la muerte de Maika Pérez duerme el sueño de los injustos.

Felipe González dijo en cierta ocasión, con el telón de fondo de los GAL, que al Estado también se le defiende desde las cloacas. Mi criterio, reforzado por el libro de David Fernàndez, es que al Estado se le defiende sobre todo desde las cloacas.

Los dirigentes del PP insisten en ello una y otra vez: no hay que mirar para atrás, no hay que revisar la Historia, no hay que remover el pasado. ¿A cuento de qué esa obsesión olvidadiza? Carecería de sentido, si no tuvieran nada que ocultar.

Ése es el punto clave: que tienen mucho que ocultar.

Y lo demuestran a diario. Lo demuestran, para empezar, resistiéndose como fieras a que se anulen los símbolos franquistas de las calles y plazas de las ciudades y pueblos que gobiernan. Se ponen como basiliscos cuando se topan con una calle vasca dedicada, por ejemplo, a Txiki y Otaegi, fusilados ignominiosamente por Franco tras una farsa de juicio, pero hacen como que ni se enteran cuando pasean por calles dedicadas a los Caídos de la División Azul, a José Antonio Primo de Rivera, a los Héroes del Baleares o al almirante Carrero Blanco, como pudimos ver hace pocos días en Santoña en ocasión bien triste.

Lo primero que uno sospecha es que protegen su pasado. El de ellos o el de sus inmediatos ancestros. La hipótesis tiene sentido, porque algunas de las fortunas de las que disfruta la más encumbrada derecha española de hoy provienen de expropiaciones inicuas que, caso de revisarse, podrían dejar a más de uno (y a más de ciento) con una mano delante y otra detrás. Podría sucederle algo de eso incluso al propio Estado español, que ha heredado de su antecesor franquista propiedades robadas con apoyo del nazi-fascismo, caso del Instituto Cervantes de París, que ocupa un edificio que birlaron por la cara a sus legítimos dueños.

Tienen la suerte de que el juez Baltasar Garzón haya decidido que la barbarie de las huestes de Francisco Franco sólo debe investigarse hasta 1952. En ese año, el vistoso magistrado de la Audiencia Nacional ha decidido que debe ponerse punto y final. ¿Por qué? ¿No hubo crímenes después de esa fecha? Vaya que sí. Hasta 1976, por lo menos, que me conste. Pero se ve que al problemático juez se le planteaba un problema: de tomar como referencia el inicio de la Transición, se descubriría que bastantes responsables de fechorías infames siguen vivos. Y tendría que procesarlos. Cosa antipática, porque alguno va de solemne prócer constituyente –decrépito, pero constituyente–, y algún otro, de cuyo nombre no quiero acordarme, ocupa un puesto de alta responsabilidad en cierto consejo de administración de alto copete, con mando a distancia. Supongo que Garzón, para variar, prefiere no confundir la estética con la ética.

Pero el hilo conductor de las aversiones históricas del PP no enlaza sólo con el pasado. Apunta también al presente, e incluso al futuro. En España sigue existiendo un electorado netamente franquista, que considera que lo que nos pasa a los rojos y separatistas que todavía seguimos vivos es que estamos mal rematados. Y el PP necesita de los votos de toda esa gente, que es mucha, para volver al poder.

No creo que Mariano Rajoy adore a ese sector de su base social y electoral. Me da que su escepticismo existencial lo distancia de sentimientos tan sanguinarios y viscerales. Lo veo de natural más dubitativo y pausado. Pero sus aspiraciones políticas dependen de la fauna franquista residual, y tiene a demasiados conocidos involucrados en las pendencias de la dictadura, por activa y por pasiva. Imaginad que se hiciera un repaso a fondo de las veteranas directivas provinciales del PP de toda España, para ver qué camposantos contribuyeron a llenar en sus tiempos de falangistas y de dónde han sacado lo tanto como destacan.

El pasado es una losa que muchos vivos cargan sobre sus espaldas.
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(Aparecido en Noticias de Gipuzkoa el 19 de octubre de 2008. Puede verse la versión del propio periódico pinchando en este enlace)

A mí me pasa lo mismo que al profesor Juan de Mairena, ideado por Antonio Machado. Yo tampoco acepto aquello de que «La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero», porque doy por hecho que los porqueros tienen una percepción de la realidad que Agamenón jamás podría entender, y viceversa. A cambio, no me parecería mal que se dijera: «La verdad es la verdad, dígala Agamenón o Héctor», porque ambos personajes, según La Ilíada, si bien estaban enfrentados a muerte, compartían la misma ideología aristocrática, pendenciera y chulesca.

Saco a colación este símil para catalogar las justas verbales que emprenden el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, y el portavoz del PP, Esteban González Pons. En su caso sí que puede afirmarse que la verdad es la verdad y las bobadas son bobadas, ya las digan José Blanco o González Pons.

Hace pocos días ha tenido ocasión de brillar con luz propia el vicesecretario socialista, quien ha dicho, ni más ni menos, que «a Rajoy le importa un bledo que se derrumbe el sistema financiero español con tal de quedarse con el solar». Se fue a Melilla para soltar tamaña barbaridad, aprovechando el acto de clausura del Congreso local (localísimo, en este caso) de su partido.

Ignoro si será que las luces de José Blanco no dan más de sí, si será que nos toma a los demás por tontos de baba o si ambos elementos se conjugarán en perfecta armonía en su cabeza, pero la frase de marras es de lo más disparatado que se ha oído en la política española durante los últimos años. ¿Cómo va a darle igual al presidente del PP que se hunda el sistema financiero español, si buena parte de sus mejores aliados y algunos de sus más preclaros militantes son parte integrante de ese sistema y si su propio partido depende de él para subsistir? Otrosí: ¿para qué narices querría gobernar un país convertido en un solar?

No se trata de atribuir a Mariano Rajoy propósitos altruistas; tan sólo de presuponer que no ambiciona clamar «¡Muera yo con todos los filisteos!», como Sansón, y suicidarse derribando las columnas del templo.

González Pons ha respondido a eso que «a Pepiño le gustaría ser Alfonso Guerra, pero le faltan lecturas y sensibilidad social». Es evidente que González Pons no conoce a Alfonso Guerra –y menos todavía su sensibilidad social–, pero sí parece haber intuido que Blanco no es precisamente un maestro consagrado en el célebre juego del policía bueno y el policía malo. Para jugar a ese juego es necesario tener un cierto sentido de la medida. Quienes lo emprenden deben adoptar diferentes actitudes, más agresivas o más moderadas, pero el objetivo de ambos ha de ser el mismo. Si Rodríguez Zapatero dice que quiere hablar con Rajoy para analizar conjuntamente cómo poner remedio a la crisis económica, ¿a qué viene que Blanco irrumpa en la escena diciendo que el del PP lo único que quiere es que todo se hunda? Si  tienen tan claras las intenciones economicidas de Rajoy, ¿a cuento de qué ese empeño en hablar con él? Debería entender que, cuando se acusa a alguien de algo, puede dar igual que la imputación sea falsa, pero es imprescindible que por lo menos resulte verosímil. Y ésta no lo es.

Nada de este rifirrafe tendría demasiada importancia considerado en sí mismo, pero cobra cierto interés si lo evaluamos como muestra del paupérrimo nivel por el que repta la política española. José Blanco es como es (y como ha quedado aquí muy parcialmente descrito), pero no perdamos de vista que el portavoz del PP también tiene lo suyo. Como alguna vez recogí en estas mismas páginas, González Pons fue capaz de declarar en un debate electoral televisado que, mientras el PP gobierne en Valencia, la lengua valenciana nunca tendrá nada que ver con la catalana. ¡Como si las cuestiones académicas pudieran dirimirse por decreto! (Estoy recopilando una antología de sus frases más abracadabrantes. Es otra lumbrera.)

Bueno, pues éstos son los dos personajes a los que los dos principalísimos partidos españoles han elegido como portavoces, para que pregonen sus excelencias.

 (Aparecido en Noticias de Gipuzkoa el 11 de octubre de 2008) Versión en el periódico: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/ediciones/2008/10/11/opinion/d11opi5.1301122.php

Hoy, 15 de julio de 2008,  Público dedica un dossier al ya célebre Manifiesto por la Lengua Común. Ese amplio informe incluye el siguiente artículo de Javier Ortiz.

La circunstancia tiene lo suyo de cómica: entre quienes han anunciado su respaldo al Manifiesto por la Lengua Común figuran no pocos insuperables pateadores de la sintaxis castellana y bastantes otros que tienen más que acreditada su capacidad para dar cumplida cuenta de la totalidad de su pensamiento con un máximo de doscientas palabras.

¿Grotesco? Sí, pero también digno de reflexión. Vale la pena preguntarse, por ejemplo, qué puede hacer que gente que muestra un perfecto desprecio funcional por la lengua castellana se sienta impelida a salir en su defensa. Y qué une a ese género de personajes, inconscientes fustigadores de un idioma cuyas posibilidades desconocen casi por completo, con los abajofirmantes iniciales del Manifiesto, muchos de ellos dotados de un amplio y meritorio historial académico y algunos, incluso, buenos escritores. También parece oportuno indagar sobre lo que une a los propios abajofirmantes entre sí.

“El derechismo”, responden algunos. No; no es ése el factor común. Admito sin problemas que el neoliberalismo a ultranza de Vargas Llosa encaja con los postulados de la derecha internacional. Tampoco discuto que entre los promotores del Manifiesto hay algunos (y una) que se llevaron a partir un piñón con el Gobierno de Aznar, e incluso trabajaron a su servicio. Pero hay otros que provienen de lo que se suele denominar “la izquierda”, y varios siguen presentándose como parte de ella.

Si examinamos las opciones políticas del grupo de primeros firmantes del Manifiesto, lo primero que salta a la vista es el peso decisivo que tienen en él los integrantes de Unión Progreso y Democracia (UPyD), reforzados por varios provenientes de Ciutadans de Catalunya, muy en la onda del partido de Rosa Díez.

¿Sabe usted qué opina ese partido sobre el trasvase del Ebro, el Sahara Occidental, la política pesquera, la contención salarial o la crisis energética? No es imposible que UPyD tenga dicho o escrito algo sobre tales cuestiones. Lo que es seguro es que sus puntos de vista al respecto, por hipotéticamente originales que pudieran ser, jamás habrían propiciado la formación de un nuevo partido.

Tampoco la publicación de este Manifiesto.

Tanto lo uno como lo otro se explica por la obsesión casi monográfica, y en algunos casos realmente enfermiza, que sienten sus aventadores principales por los nacionalismos minoritarios y cuanto vinculan a ellos. Es por esa obsesión por la que son conocidos públicamente y por la que suscitan reacciones, sean de apoyo o de rechazo.

Antes he señalado que el grupo promotor del Manifiesto se compone de una mayoría de personas de reconocidos títulos académicos y de algunos buenos escritores. Me llamó la atención que los autores intelectuales del Manifiesto pusieran tanto interés en exhibir a tanto cátedro en el proscenio de su iniciativa. Que una persona posea una sólida formación académica en tal o cual materia específica no certifica, ni poco ni mucho, que sea experto en los problemas lingüísticos y sociales que afrontan quienes utilizan una determinada lengua como instrumento de aprendizaje y comunicación. De hecho, es frecuente que los investigadores y estudiosos se expresen ellos mismos en una jerga profesional abstrusa y distante. Si, además, se trata de personas que viven alejadas –en kilómetros o en posición social– del supuesto problema sobre el que se pronuncian, la autoridad que les confiere su capacitación académica se reduce al mínimo.

Es difícil no sospechar que quienes tuvieron la idea de lanzar este Manifiesto (no hablo de quienes lo rubricaron a la hora de su presentación en público, sino de quienes lo planearon) buscaron parapetarlo tras los méritos profesionales de esas autoridades universitarias, con la esperanza de apabullar de antemano a los esperables críticos de la iniciativa. Deben de creer que en España hay mucho papanatas.

Algunos de los primeros firmantes del escrito explican que lo asumieron con la única intención de romper una lanza en pro de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes de Cataluña, Baleares, Euskadi y Galicia. El argumento podría tener algún sentido si en esas comunidades existieran movimientos ciudadanos de cierto peso social que protestaran porque se sienten privados de esos derechos. Pero no los hay. Las quejas que se han hecho oír han sido casi anecdóticas, por mucho que ciertos medios capitalinos las hayan magnificado.

Niegan los guardianes del fuego sagrado del Manifiesto que hayan pretendido promover una campaña política de hostilidad contra nadie y, menos aún, desdeñar el valor de las lenguas minorizadas. No juzguemos propósitos; ciñémonos a los hechos. Y el hecho es que bastaba con comprobar qué tribunas mediáticas asumieron la promoción del Manifiesto para que los abajofirmantes se hubieran apercibido desde el principio de que se estaban metiendo de hoz y coz en una plataforma de “exaltación patriótica”, les llevara a ello un impulso de signo jacobino, supuestamente de izquierda, o el sentimiento uniformizador típico de la derecha española.

Ahora, algunos de los primeros promotores del escrito –con medias palabras en público y sin tapujos en privado, según testimonio del ex director de ABC José Antonio Zarzalejos (*)– se dicen molestos por haberse visto mezclados en una gresca cuyo signo político ya nadie se esfuerza en disimular, básicamente porque es indisimulable.

De ser sinceras sus protestas de intención, habremos de concluir que hay escritores e intelectuales que pueden tener méritos para dar y tirar, pero a los que les flaquean lastimosamente los sentidos: el tacto, por supuesto, pero aún más el gusto, la vista... y el olfato.
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(*) J. A. Zarzalejos, El Manifiesto, más allá de sus autores, Estrella Digital, 11 de julio de 2008.

La Comisión Ciudadana que formaron en 1978 la mayoría de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales para investigar el asesinato de Joseba Barandiaran en la cuesta de Aldapeta llegó a una conclusión muy clara, respaldada por numerosas fotografías y testimonios directos: Joseba cayó abatido por un disparo efectuado por un gris (miembro de la Policía Armada). Lo que no pudo determinarse es si el policía disparó por propia iniciativa o si recibió órdenes y, en tal caso, quién las dio: si el mando de su compañía, si el comandante de la Policía Armada, Antón, si el gobernador civil de Gipuzkoa, Antonio Oyarzábal, o si alguien situado en un cargo superior.

En realidad, da lo mismo. Porque, si el policía disparó y mató, fue porque sabía, por numerosas y muy cercanas experiencias, que se podía disparar a matar contra los manifestantes y que eso no acarreaba ninguna responsabilidad. Nunca se abría ninguna investigación interna, las diligencias judiciales eran siempre papel mojado y las autoridades políticas, cuando aparecían en público, era para echar la culpa de lo sucedido a los propios revoltosos.

De modo que, fuera quien fuera el autor material del homicidio, hay que concluir que la culpa de éste y de tantos otros crímenes cometidos por las fuerzas policiales en aquellos años debe ser achacada a toda la cadena del poder del Estado, que actuaba sistemáticamente o bien como instigadora, o bien como colaboradora necesaria, o bien, en el más leve de los casos, como encubridora.

Algunos solemos insistir en que el ministro del Interior era a la sazón Rodolfo Martín Villa, actual presidente de Sogecable. Pero quizá no esté de más recordar que ni uno solo de los integrantes del Gobierno de entonces, presidido por Adolfo Suárez, levantó nunca la voz en contra de tan alevosos asesinatos. Eran ministros de aquel Gobierno Francisco Fernández-Ordóñez, Marcelino Oreja, Joaquín Garrigues Walker y algunos más «demócratas de toda la vida».

Hay quien justifica todo aquello apelando a «los momentos difíciles de la Transición». Pero no aciertan a explicar cómo pudo ser que la Revolución portuguesa, que cortó por lo sano con el régimen fascista anterior, se llevó a cabo sin ocasionar ninguna víctima mortal, en tanto que nuestra «ejemplar Transición» las provocó a puñados. La razón, sin embargo, es muy sencilla: en Portugal desalojaron a los fascistas del poder sin miramientos; en España, fueron los propios franquistas los encargados de montar el régimen parlamentario.

Javier Ortiz. Noticias de Gipuzkoa (11 de julio de 2008).

Es fantástico que haya portavoces parlamentarios que puedan acudir a un debate político con las réplicas a los discursos ajenos ya redactadas e impresas. ¿Cómo les es posible escribir respuestas a argumentos que todavía no han oído? 

El extravagante fenómeno, del que ayer tuvimos varias manifestaciones en la Cámara de Vitoria, tiene dos explicaciones, que pueden parecer contradictorias pero que resultan perfectamente compatibles.

La primera es que a muchos políticos les da igual lo que diga el contrario, porque ellos van a soltar su rollo y no sólo les es indiferente lo que puedan decir los demás, sino que tampoco se atreverían a improvisar, porque lo mismo se les ocurre una idea nueva y se meten en un lío.

La segunda explicación es que, como rara vez los otros emplean algún argumento que no hayan sobado previamente hasta el hartazgo, el guión general puede escribirse de antemano sin mayor problema. Los unos saben lo que van a decir los otros y los otros lo que los unos les van a responder.

El parlamentarismo vasco –entristézcanse los nacionalistas– es clavadito al español. Las disciplinas de los grupos son tan estrictas y asfixiantes, no sólo a la hora del voto sino también a la de las argumentaciones, que casi todos los plenos podrían evitarse, para no aburrir demasiado a la parroquia. Todo lo que dicen y todo lo que hacen está previsto. Incluso cuando hay un voto distinto, con el de ayer de EHAK, está decidido de antemano por la corporación política respectiva. Podrían reunirse los representantes de los grupos por su cuenta, en petit comité, y dejar el asunto resuelto en cinco minutos, sin tenernos tanto tiempo a pie de radio o a tiro de tele.

Algunos me dirán que Fulano o Mengano estuvieron bien y dijeron cosas de interés. Pero apuesto doble contra sencillo a que lo que les gustó de lo que dijeron Fulano o Mengano –a mí también me pasó– coincidía con lo que ellos ya pensaban previamente. Pasamos un montón de tiempo para acabar igual que empezamos. Lo único que obtuvimos en concreto ya lo teníamos adquirido a las 9 y media, antes de iniciarse la sesión: un 34 a 33, que da igual lo rácano que sea, porque aunque hubiera sido más amplio se lo cepillarían igual a su paso por las altas instancias del Estado central.

Y vuelta a empezar.
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(Aparecido en Noticias de Gipuzkoa el 28 de junio de 2008)

De la misma manera que quien formula una pregunta marca los límites de las respuestas posibles y que el resultado de una reunión lo decide quien fija el orden del día, la victoria en una polémica se inclina casi siempre del lado de quien determina qué datos se manejan en el debate.

Son axiomas particularmente comprobables en el campo de la política. Por ejemplo: estuvo claro que Felipe González perdería las elecciones y habría de abandonar el palacio de la Moncloa en el momento mismo en que se comprobó que el temario de la actualidad política ya no lo marcaban ni él, ni su Gobierno, ni su partido, sino sus oponentes. Cuando se vio que el orden del día informativo funcionaba tal que así: 1º) El terrorismo de Estado y los GAL; 2º) La corrupción de Filesa, las cuentas del Ave y los trapicheos de Roldán; 3º) El despacho de Juan Guerra; 4º) La caseta del perro de Boyer; 5º) La habitación frigorífica para las pieles de Aida Álvarez… Etcétera.

Los valedores mediáticos de Esperanza Aguirre están que fuman en pipa porque se dan cuenta de su incapacidad para fijar un orden del día político que sea decididamente favorable a su patrocinada. No tienen un temario con el que dar la murga para dejar a Mariano Rajoy en posición desairada y promover a su candidata.

La presidenta de la Comunidad de Madrid repite sin parar que ella no plantea una rivalidad entre personas, sino un debate de ideas, pero es incapaz de formular las ideas sobre las que quisiera debatir. Afirma que hay que analizar las razones de la derrota del PP en las últimas elecciones generales, pero ella es la primera en no analizarlas. Y su guardia de corps teorizadora, lo mismo.

Su problema es que lo que tendrían que decir, los unos y los otros –el uno y la otra–, no se atreven a decirlo, porque eso los llevaría a la escisión.

En el actual PP español conviven al menos (al menos, insisto) dos partidos distintos. Uno es el de la derecha más recia e intransigente, más facha, más ideologizada, con más ganas de gresca, que tiene su principal bastión en la Comunidad de Madrid y que cuenta con sólidos y contundentes arietes mediáticos. El otro es el de la derecha más práctica, más centrada (en los negocios, sobre todo), menos vociferante, más europea, más proclive a los apaños con el PSOE, más preparada para la alternancia. También tiene apoyos en Madrid (Ruiz Gallardón), pero sus respaldos principales son extra capitalinos: la Comunidad Valenciana, Andalucía, tal vez Galicia...

Ambos son conscientes de dos cosas. La primera es que no se soportan. La segunda es que, si rompen, lo más probable es que tiren al niño con el agua sucia, es decir, que la derecha española, al fraccionarse, pierda el muy influyente papel que juega en los más diversos campos.

Los dos quieren estar en posición dominante, pero no quieren al otro fuera, sino dominado.

Es el principio mismo de la neurosis, según explican los psiquiatras: amar y odiar lo mismo al mismo tiempo.

Esperanza Aguirre se apoya en otra contradicción neurótica. Sabe que cuenta con el favor de buena parte de la base del PP, predispuesta en contra de lo que sus agitadores mediáticos pintan a diario como la blandenguería de Rajoy, pero también sabe que esos agitadores, como no tienen que presentarse a ningunas elecciones, se abstienen de hacer cálculos como los que ella está obligada a hacer. A los otros sólo les importa el EGM. La pueden dejar tirada en la primera esquina. Pero a ella no le bastan unos cuantos cientos de miles de incondicionales. Necesita más. Primero, dentro de su propio partido, donde no es fácil doblegar el poder de las estructuras orgánicas hostiles. Y luego, en las urnas de toda España, incluidas las de la maldita periferia, que no le sonríen ni poco ni mucho.

De todos modos, su dificultad principal (regreso al comienzo) es que carece de un “argumentario” que oponer a Rajoy para promocionarse, y que los miembros de su agit-prop tampoco son capaces de proporcionárselo.

Podrían ir a por el actual presidente del PP, atacándolo personalmente, pero ¿con qué tipo de críticas que no pudieran volverse en cosa de nada contra la propia Aguirre, multiplicadas por dos? ¿Tolerancia con la corrupción, por ejemplo? Sus oponentes les responderían filtrando datos sobre el Ave y Guadalajara, donde la familia Aguirre ha ido a la fortuna sobre raíles de alta velocidad. Seguro que sabe que quien tiene el techo de cristal no puede liarse a pedradas.

Se les presenta una alternativa poco envidiable: si siguen juntos, van a continuar desgastándose en  luchas intestinas; si rompen, se convertirán en dos mitades de lo mismo que se odian entre sí.

No soy Rodríguez Zapatero –no tengo ya ni edad ni ganas para postularme para semejante papelón–, pero puedo asegurar que, de serlo, me estaría frotando las manos. Es aquello del dicho árabe que aconseja sentarse en la puerta de casa a esperar que pase el cadáver del enemigo.

Aunque, bien mirado, quizá quienes lo tengamos peor seamos los que no estamos ni con los unos, ni con los otros, ni con los de más allá.
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(Aparecido en Noticias de Gipuzkoa el 25 de abril de 2008)

El mal ya está hecho. El mal ético, antes de todo, con la crueldad por partida triple: han asesinado a un hombre y han hundido para siempre a dos mujeres.

El mal político viene después. Más genérico, pero también más condicionante del mañana. Menos sangriento, pero igual de sangrante.

No quiero escribir nada que pueda interpretarse como una violación de las normas que prohíben la propaganda electoral durante la jornada de reflexión. Tampoco estoy dispuesto a hacer carnaza política a costa de un asesinato, aunque sepa que más de uno, más de dos y más de tres se dedicarán a ello con total entusiasmo dentro de muy pocas horas, si es que se aguantan las ganas de empezar a hacerlo ya.

A partir del lunes próximo, el atentado de ETA alimentará las más variadas pendencias y servirá a toda suerte de causas, excepción hecha de la defendida por quienes supuestamente mejor deberían saber a qué viene todo esto.

No tengo certeza de qué es lo que ha pretendido ETA matando a Isaías Carrasco. Supongo que no creerá que con ello va a reforzar la consigna abstencionista lanzada por ANV. Más probable parece que, partiendo de que las elecciones españolas le son indiferentes, haya decidido aprovechar las posibilidades que la ocasión le ofrecía para hacerse una gran propaganda internacional con muy poco esfuerzo material.

En todo caso, lo más tremendo es que, desde hace ya tiempo, las acciones armadas de ETA están teniendo como víctima principal, hablando en términos políticos (no personales, claro está), a la izquierda abertzale afín a ANV y EHAK. Ese amplio sector de la izquierda abertzale podría tener un muy sustancial peso en la vida política de Euskal Herria, incluida la política institucional, si ETA no lo cortocircuitara cada dos por tres.

De todo esto se puede hablar también hoy, en víspera electoral, porque no va ni a favor ni en contra de ninguna candidatura. Es otra vía por la que cabe medir el alto grado de marginación política en el que hoy en día se mueve ETA.

La pena es que no se margine también de la muerte.
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(Aparecido en los cuatro diarios del grupo "Noticias" –Diario de Noticias de Navarra, Diario de Noticias de Álava, Diario de Noticias de Gipuzkoa y Deia– el 8 de marzo de 2008. Con este artículo se cierra la sección de colaboraciones especiales escritas por J. Ortiz para ese grupo informativo con ocasión de la campaña electoral del 9-M. A partir de ahora, volverá a la cadencia anterior, de un artículo de fondo cada 10 o 15 días, aproximadamente.)

Buena parte de los dirigentes del PP cumplen una importante función social: no nos permiten olvidar cómo es la derecha española. En este sentido, los jefes del PP valenciano son ejemplares. Son su versión fallera, por así decirlo. 

Lo pudimos ver en el llamado “debate a siete” organizado por TVE el pasado 28 de febrero, en el que el PP estuvo representado por Esteban González Pons, cabeza de lista por Valencia. El hombre animó el encuentro con varias intervenciones de llamativo surrealismo.

Dos de ellas colmaron mis más altas expectativas.

La primera, cuando se opuso al canon que grava el precio de los cedés contándonos (no se le ocurrió nada mejor) que su tía abuela compra cedés para colgarlos de sus frutales y ahuyentar a los pájaros, lo que nada tiene que ver con los derechos de autor. He visto colgar cedés a modo de espantapájaros, pero jamás a nadie que lo haga… ¡con cedés vírgenes! Si la tía abuela de González Pons lo hace, es que de tal palo, tal astilla.

Segundo disparate: afirmó que el valenciano jamás tendrá «nada que ver» con el catalán «mientras el PP gobierne en Valencia». ¡Una catalogación lingüística, convertida en asunto de opción política! Por las mismas podría haber dicho: «Mientras yo sea dueño de mi casa, el agua no se compondrá de hidrógeno y oxígeno». El Diccionario de la Academia de la Lengua Española define el valenciano como una «variedad del catalán». ¡El DRAE, cómplice de Carod-Rovira!

González Pons se burla mucho de su contrincante Fernández de la Vega porque sostiene que habla mal el valenciano. Resulta de traca que el vocero de Camps ose meterse en tales jardines después de haber tenido durante siete años de gran jefe a Eduardo Zaplana, que nunca aprendió la lengua de la Comunidad que presidía, pese a haberlo prometido y a haber residido en el País Valenciano, entre unas y otras cosas, durante casi tres décadas.

¿No conocíais a González Pons? Ya os tocará. Conocéis a Zaplana. Y a Martínez Pujalte. Y a Carlos Fabra. Y a Acebes. Y a Del Burgo.

Todos están acuñados con el mismo troquel. Embisten igual.
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(Colaboración escrita para su inclusión en los periódicos del grupo Noticias el 4 de marzo de 2008)

Jean-Paul Sartre, que era un filósofo de los que, como escribió Carlos Marx en su undécima Tesis sobre Feuerbach, no pretendía sólo interpretar el mundo, sino transformarlo, se preguntaba con mucha amargura hace medio siglo para qué sirve la literatura ante la realidad de cientos de miles de personas que mueren de hambre a diario. ¡Qué tiempos aquellos! Aquí y ahora, nuestros politicastros en campaña no filosofan: recolectan votos ofreciendo lo que sea. Tienen remedio para todo. Y si las portadas de los periódicos y los telediarios se llenan de referencias a crímenes machistas, no se arredran: de no estar diciendo apenas nada (o nada, a secas) sobre el asunto, lo convierten en su preocupación central y se lanzan en tromba a  proponer medidas para solucionarlo.

Lo que nunca admitirán es que hay una nutrida colección de problemas gravísimos que carecen de solución plena dentro de los parámetros que rigen nuestras actuales sociedades. La criminalidad machista no es sino un efecto (muy extremo, pero concordante) de la concepción del mundo patriarcal, según la cual los hombres son los que dictan lo que sus mujeres pueden y no pueden hacer, y cómo y cuándo han de hacerlo. Hay excepciones a la regla, por supuesto, y muchos  se las arreglan para que su dictadura se revista de dictablanda. Es también cierto que las medidas preventivas y punitivas, así como los avances propiciados por la difícil educación igualitarista de la gente menuda, pueden paliar algo el horror. Pero no acabarán con él, mientras subsista el sistema patriarcal.

¿La miseria en el mundo? Lo mismo. Cuanto se haga para reducirla, bienvenido sea. Pero mientras la Humanidad esté sujeta a un sistema económico que estimula la concentración de la propiedad en pocas manos (eso que antes se llamaba “capitalismo”), que nadie espere acabar con ella.

Son muchas las gravísimas injusticias que no resultan de meros desajustes del orden social vigente. Que le son consustanciales. Denunciarlo suela a demagogia. Pero la demagogia no está en las denuncias, sino en las realidades.
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(Aparecido el 29 de febrero en los diarios del grupo Noticias, dentro de la sección correspondiente a la campaña de las elecciones generales del 9 de marzo.)