Más obra propia

Un mando de la Policía Municipal de cierta capital mediterránea me relató hace años, después de haberse tomado un par de copas nocturnas, las diversas argucias que empleaban en su departamento para librarse de líos cuando se les había ido la mano con un detenido y corrían el riesgo de que algún juez rigorista (algunos hay) les abriera diligencias por malos tratos. Según me dijo, ellos mismos se las arreglaban para romperse un poco el uniforme y provocarse algunos rasguños, lo que les permitía tomar la delantera y presentar una denuncia contra el propio detenido por resistencia a la autoridad, argumentando que las lesiones que presentaba el arrestado eran resultado de la imperiosa necesidad en la que se habían visto de repeler su agresión.

«En esas condiciones, es su palabra contra la tuya. Tienes todas las de ganar», concluyó sonriendo.

En efecto: es palabra contra palabra. Y en estos casos no funciona para nada el famoso principio del Derecho Romano «In dubio, pro reo». Aquí, en caso de duda, los empleados del Estado tienden a protegerse entre sí, y al reo que lo zurzan.

Lo cual podrá parecer muy natural a muchos, pero es una perversión de los principios teóricos del Estado de Derecho. En una organización estatal regida por una verdadera separación de poderes, todos ellos –el ejecutivo, el legislativo, el judicial y hasta el llamado “cuarto poder”, el de los medios de comunicación– tienen la obligación de vigilarse los unos a los otros. Los jueces no están para ser benevolentes con la Policía, sino para tenerla a raya, es decir, dentro del territorio que tiene acotado.

La democracia es un sistema orgánico de desconfianzas mutuas. No se trata de presuponer que nadie va a extralimitarse en sus funciones, sino de contar con que, puesto que puede excederse, hay que tener previstos los medios necesarios para evitarlo o, en el peor de los casos, para corregirlo.

Los malos tratos y las torturas policiales no son una leyenda inventada por detenidos de mente calenturienta. En el caso español, la documentación existente al respecto es abundante y viene avalada por instituciones del máximo prestigio internacional y de reconocida imparcialidad.

En estos días se está hablando, y con razón, y mucho –yo mismo lo he hecho–, del caso de Igor Portu, que tiene todas las trazas de ser miembro de ETA y que fue zurrado a fondo por agentes de la Guardia Civil. Pero ése es sólo un caso. Un amigo me ha criticado, y creo que con justicia, por haber afirmado en EITB que los acusados de pertenecer a ETA son tratados con especial saña por los agentes de la autoridad. Me ha señalado cómo los informes más solventes que dan cuenta de posibles casos de tortura en las comisarías y cuartelillos del Estado español señalan que la gran mayoría de ellos se refieren a presuntos delincuentes de Derecho común, a inmigrantes en situación irregular pillados en alguna falta casi siempre menor o a mujeres dedicadas al comercio carnal por calles y parques. A la gente más indefensa, en suma.

Pero en realidad da lo mismo quién sea la víctima de los malos tratos. El cine estadounidense nos tiene hartos de ver películas que reclaman sin apenas disimulo comprensión para los policías tipo Harry El Sucio, que golpean a los detenidos justificándose por el hecho de que se trata de personajes abyectos, como si el trato legal fuera una deferencia arbitraria del Estado que cupiera administrar en función de la categoría moral del arrestado. Ni lo repugnante del personaje, ni la conveniencia de arrancarle una confesión o una información, justifican que los encargados de hacer cumplir la ley se limpien el trasero con ella. En caso contrario, habremos de suponer que hay dos categorías de malos: los malos malos y los malos buenos, que transgreden la ley, pero en buen plan, encarnando el viejo dicho de que el fin justifica los medios. No otra cosa se adivina, sin demasiado esfuerzo, en las declaraciones de ese valor del socialismo humanista irredento que lleva por nombre José Bono, milagrosamente recuperado para la política activa por Rodríguez Zapatero, y que, con referencia a las posibles torturas a los detenidos de Arrasate, ha afirmado: «No hay que producir bajas, pero, si son inevitables, que no sean nuestras».  

He estado leyendo bastante de lo que se ha escrito en la prensa convencional y en internet en relación a la detención de Arrasate y a sus derivaciones posteriores. Es obvia la disparidad de criterios de fondo. Hay mucha gente que viene a decir que, si la Guardia Civil calentó a los detenidos para hacerlos cantar, pues qué se le va a hacer: a grandes males, grandes remedios. Había que obtener su confesión y sacarles sus secretos.

La tortura es un viaje moral sin retorno. No cabe atravesar esa frontera con pretensiones de excepcionalidad. Aceptar la tortura en un caso extremo es, de hecho, admitirla siempre. Porque, ¿en función de qué criterio se acepta? En el del bien superior, obviamente. Se trata de hacer un mal menor para obtener un bien superior. Pero ésa no es la excepción, sino la norma principal de la tortura. Quienes torturan creen que lo hacen para conseguir algo que es bueno para la colectividad: aclarar un crimen, encontrar un arsenal, desarticular un grupo terrorista... Incluso quienes torturan por placer se justifican con esa coartada: ellos hacen el trabajo sucio para que la sociedad pueda estar limpia. La sociedad que acepta la tortura como excepción deja la determinación de la excepcionalidad en manos de los torturadores y sus jefes. Habrán de ser ellos –¿quién, si no?– los que decidan, según su jerarquía de criterios, que tal o cual caso es lo suficientemente grave como para tirar para adelante apoyándose en ese respaldo social. Por eso –insisto– avalar la tortura en algún caso equivale a avalarla en cualquiera.

Luego estamos los que defendemos que la tortura degrada de manera irreparable el código moral de quien la aplica materialmente, de los responsables que la autorizan y de la sociedad que la acepta, explícita o implícitamente. Pero tenemos un éxito tirando a limitado.