Desde Jamaica

El pasado 6 de abril, el secretario general del PP, Javier Arenas, proclamó de modo muy solemne: «El primer día que esté en vigor la nueva Ley de Partidos, los diputados y senadores del PP instarán el proceso de ilegalización de Batasuna. Lo haremos exactamente ese primer día, en defensa de la democracia y la libertad».

Leo ahora que el Gobierno no promoverá el procedimiento de ilegalización hasta que se produzca un atentado y Batasuna se niegue a condenarlo. Véase que abandonan una idea jurídicamente problemática, pero sólo para apuntarse a otra: supongo que habrá más de un jurista estupefacto ante el hecho de que, según la nueva ley, los partidos estén obligados a medir no sólo sus palabras, sino también sus silencios, so pena de verse ilegalizados.

Pero no son los aspectos jurídicos del asunto sobre los que quisiera llamar hoy la atención, sino sobre los más arrastradamente prácticos.

Pongámonos en la siguiente eventualidad: la ley está ya en marcha, ETA asesina a alguien, Batasuna vuelve a salirse por los cerros de Urbasa y, en consecuencia, resulta ilegalizada. Se le retiran las subvenciones oficiales, se clausuran sus locales, se prohíben sus órganos de expresión, etcétera. (Sus representaciones institucionales se mantienen tal cual, dado que los cargos electos no pertenecen a los partidos, sino a sus titulares). Vienen luego las elecciones municipales, pero ahí la ilegalización tampoco tiene demasiado efecto, porque los ex militantes de Batasuna acuden a las urnas encuadrados en agrupaciones de electores.

En suma: imaginemos que, después de tanto trajín, de tanta pelea y de tanto dictamen, va pasando el tiempo y el personal comprueba que, hechas las cuentas, la Ley de Partidos Políticos ha dejado las cosas casi tal cual, porque no ha servido ni para poner coto a ETA ni para limar sustancialmente el arraigo social de Batasuna, que lo que ha perdido por el lado de las limitaciones legales lo ha recuperado por el del cierre de sus filas, al quedarse su creciente disidencia interna sin espacio político en el que respirar.

Si tal hipótesis -nada descartable- se verificara, ¿qué tienen previsto hacer el PP y el PSOE?

Porque imagino que no serán tan insensatos de pensar que su ley está abocada al éxito.

Todos les hemos oído hablar de lo mucho que esperan de la ley. Pero ¿qué harán en el caso de que esperen mucho... y no llegue nada? ¿Envainársela? ¿O sacar más sables?

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (27 de junio de 2002). Subido a "Desde Jamaica" el 1 de mayo de 2017.