En los años sesenta se produjo en las paredes de algunos barrios de Barcelona un tira y afloja más bien cómico entre diversas pintadas clandestinas. Algunos pintaban con grandes letras: «Volem bisbes catalans!» («¡Queremos obispos catalanes!»), a lo cual otros contestaban rectificando la pintada y dejándola en «No volem bisbes!» («¡No queremos obispos!»).
El embarazo de la princesa de Asturias parece haber puesto en un brete al Gobierno de Rodríguez Zapatero, que había prometido que promovería la reforma de la Constitución para que ésta dejara de establecer la relación de prelación del hombre sobre la mujer en la línea de descendencia de la Corona. El presidente quería introducir ese cambio a la vez que algunos otros referentes al Estado de las Autonomías y a la Constitución Europea. Verse obligado a acelerar el primer aspecto presentaría para él dos graves inconvenientes: primero, que los otros cambios no están todavía maduros, y presentar este en exclusiva obligaría a encarar otra reforma de la Constitución a pocos meses vista, asunto verdaderamente engorroso, y segundo, que precipitaría el fin de la legislatura, con el riesgo de perder las siguientes elecciones.
A mí, con este asunto de la discriminación de sexos en la línea de acceso al trono, me viene a pasar lo que les sucedía a los rectificadores de las pintadas catalanas. No siento ningún deseo de defender que las mujeres de sangre real tengan los mismos derechos que los hombres de su misma sangre para acceder a la cabeza de la Monarquía porque no quiero que haya Monarquía.
Aparte de lo cual, me parece una broma de mal gusto que se pretenda rectificar ese extremo para atender el principio constitucional que prohíbe la discriminación por razón de sexo y se haga la vista gorda ante el hecho de que el artículo de la Constitución que establece tal prohibición, el art. 14, la hace extensiva a cualesquiera otras circunstancias personales o sociales, con alusión prioritaria y directa a la discriminación «por razón de nacimiento». Que a determinadas personas se les otorgue unos derechos superiores al resto de la ciudadanía por razones de cuna -base misma de la institución monárquica- representa una violación igual de flagrante del mandato igualitario de la Constitución. ¿Será que hay igualdades más desdeñables que otras?
Dicho lo cual, me pondré en plan Fraga y diré que no tengo nada que añadir sobre el asunto.
Javier Ortiz. Apuntes del natural (9 de mayo de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 16 de mayo de 2010.
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