Suele argumentarse a favor de las privatizaciones apelando a la razón del bolsillo. Quien sólo cobra si hay beneficios -se arguye- tiene el máximo interés en que las cosas funcionen lo mejor y más racionalmente que quepa; en cambio, quienes viven a costa del erario pueden despreocuparse de los beneficios y dilapidar a su antojo.
El argumento, sin ser falso al 100%, es muy tramposo. Porque no es verdad que quien vive de los beneficios tenga interés en que las cosas funcionen lo mejor posible. En lo que tiene interés es en que las cosas le aporten el máximo beneficio posible. Y si para ello hace falta rebajar la calidad de la producción (o del servicio, o de lo que sea), lo rebaja.
Habrá que ver qué es lo que pasó el jueves con la subestación eléctrica de Méndez Álvaro, en Madrid, cuyo incendio dejó sin electricidad a decenas de miles de usuarios, pero el hecho de que éste no sea el primer caso -hubo otro muy similar en julio- induce a sospechar que la compañía responsable de las instalaciones no invierte en su modernización y mantenimiento todo lo que sería necesario.
No se trata de una sospecha arbitraria. Por las tierras levantinas por las que suelo recalar, nos quedamos sin suministro eléctrico cada dos por tres. Cuando hace calor, porque se les ha recalentado no sé qué. Cuando hace frío, porque se les ha enfriado. Si llueve, porque se les ha humedecido. Y si hay tormenta, ya ni cuento. La razón es obvia: las labores de mantenimiento suponen mucho gasto. Y hay que ahorrar, para que los beneficios sean mayores.
Es cierto que la ley prevé castigar las eventuales negligencias de las empresas privadas que prestan (perdón: no prestan, venden) servicios de primera necesidad. Pero las sanciones que les imponen -cuando se las imponen- no tienen realmente un efecto disuasorio. Su importe es siempre muy inferior al ahorro conseguido.
No es éste un mal que afecte sólo al servicio eléctrico, ni mucho menos.
El Gobierno de Zapatero se está planteando dejar vía libre a la Ley del Sector Ferroviario, obra de la mayoría absoluta del PP. Esa ley implantaría en España el modelo británico, cuyos efectos son bien conocidos: descenso de los niveles de seguridad, eliminación de servicios, incremento de las tarifas, cierre de las líneas menos rentables con independencia de su interés social, reducción de plantillas... Lo cual corre el peligro de suceder en unos momentos en los que lo que necesita la red ferroviaria española es todo lo contrario: más cuidado, más inversiones.
Pero, qué digo yo. Eso es lo que necesitaría si se tratara de impulsar un tipo de transporte que supusiera una verdadera alternativa al automóvil.
Pero el objetivo real no es ése. De lo que se trata es de hacer dinero.
Privado, por supuesto. Porque ya se sabe que el dinero privado es más racional.
Javier Ortiz. Apuntes del natural (19 de noviembre de 2004) y El Mundo (20 de noviembre de 2004). Hemos publicado la versión del periódico. Subido a "Desde Jamaica" el 12 de julio de 2017.
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