Las resoluciones judiciales me merecen un respeto más bien limitado. Sé, por amplia experiencia, que los jueces tienden a acomodar sus decisiones a sus personales opciones ideológicas, de manera a veces deliberada, pero con más frecuencia inconsciente (lo que no es necesariamente mejor). Siendo esa mi posición declarada y no fiándome ni un pimiento de los jueces, nada me impide aplaudir algunas decisiones judiciales -pocas, la verdad- y poner a caldo otras.
Pero los dirigentes políticos con mando en la Villa y Corte y sus voceros de la Prensa central tienen la enojosa costumbre de perorar retóricamente día sí día también sobre el «debido respeto a las resoluciones de la Justicia», tomadas «en función de su independencia», para luego, en cuanto tal o cual instancia del Poder Judicial les lleva la contraria en algún asunto por el que han apostado fuerte -lo que no suele ocurrir demasiado a menudo, es verdad-, poner de vuelta y media a sus autores.
Hoy le toca el turno a la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ha decido archivar las actuaciones contra Juan María Atutxa y otros miembros de la Mesa del Parlamento Vasco. La están poniendo a caer de un burro. Para mí, lo que dice el auto suscrito por la magistrada no sólo es justo, sino incluso elemental. La embestida que desarrolló en su momento el Tribunal Supremo contra las resoluciones de la Mesa en cuestión, cuyos integrantes se declararon incapaces de disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak con el Reglamento de la Cámara en la mano, tuvo casi nada de jurídica y casi todo de política. Pero a esa gente no le gusta quedar con el pompis al aire.
Establecen dogmas de aplicación circunstancial, lo que no sólo es un contrasentido, sino un contrasentido particularmente estúpido, por evidente.
Estamos en las mismas con el lío que se montó ayer en el Parlamento vasco a partir de la abstención (se supone que) involuntaria de la diputada socialista Irene Novales en la votación del proyecto de Presupuestos del Gobierno Vasco. Se trata de un asunto que está más que trillado en la práctica parlamentaria: si un diputado no vota porque se produce un fallo técnico ajeno a su responsabilidad -porque se estropea el mecanismo electrónico, por ejemplo-, la votación se suspende sobre la marcha o, si es necesario, se repite. Pero si no vota -o vota lo contrario de lo que pretende- porque se equivoca, o porque maneja mal el sistema, o porque se le va el santo al cielo, o porque llega tarde a su escaño o por cualquier circunstancia pareja... pues se chincha. Hay antecedentes de ello para dar y tomar.
La señora Novales, no muy ducha en las lides parlamentarias -lleva sólo siete meses en la Cámara, vacaciones parlamentarias incluidas, y su actividad durante este tiempo ha sido cualquier cosa menos destacada-, dice que su kit de votante falló. No parece muy creíble que funcionara bien hasta un momento antes y volviera a funcionar bien poco después. Oí ayer noche en la Ser a alguien que aseguraba conocer bien el sistema electrónico de voto que se utiliza en el Parlamento de Vitoria (a alguien que, además, no manifestaba ninguna simpatía por el Gobierno de Ibarretxe). Dijo que la pretensión de Irene Novales no se tiene en pie, porque se trata de un sistema electrónico que, si tiene un fallo, lo registra y lo pone de manifiesto de inmediato. Me da igual. Que se haga un examen técnico y se emita el dictamen correspondiente. Pero es ridículo que, quienes se indignan porque Atutxa no dudara ni por un momento de que la abstención había sido fruto de un error de la propia Novales, no duden ellos ni por un momento de que la diputada no se equivocó y que se pongan a hablar de «pucherazo». Lo menos que se puede reclamar a quienes exigen a los demás que duden es que den ejemplo y empiecen por dudar ellos.
Pero estamos en las mismas: reclaman a los demás lo que ellos no respetan. Viajan siempre por vías de dirección única.
Javier Ortiz. Apuntes del natural (29 de diciembre de 2004). Subido a "Desde Jamaica" el 11 de julio de 2017.
Comentar