No he escrito durante estos días sobre el juicio del caso Marey. Allá, al fondo de la página 3, se han publicado a diario comentarios muy puestos en razón -fino editorialista, el de este periódico- que hacían ocioso mi esfuerzo firmado.
Me adentraré hoy en el asunto por primera y espero que última vez para decir algo que no creo que vaya a afirmar El Mundo de forma editorial, por entendible prudencia. A saber: que, si bien este no es un juicio político, en el sentido en que lo pretenden Barrionuevo y Vera -juzgar los crímenes es regla del Derecho, no opción de bandería-, su desenlace sí será político.
La sentencia del Supremo será política. No puede dejar de serlo.
Cualquiera que haya seguido el proceso y tenga apego a la verdad, así sea mínimo, sabe dos cosas: la primera, que quienes se sientan en el banquillo de los acusados son responsables del secuestro del pobre Marey (no estarán todos los que son, pero sí son todos los que están), y la segunda, que, desde un enfoque estrictamente jurídico, cabe defender con fundamento y solvencia tanto la tesis que avala la prescripción de los delitos como la contraria.
A la Sala Segunda del Supremo le corresponde hacer suya una de esas dos tesis. Ambas -vuelvo a decir- igual de sustentables a partir de criterios exclusivamente jurídicos, o sea, igual de asumibles sin dar el cante.
¿Qué prevalecerá?
Dependerá de la sensibilidad de los magistrados. Aquellos a los que no les importe demasiado el daño que haría a la causa felipista una condena de cárcel para los dos principales encausados -o les importe en todo caso menos que el castigo del delito- se mostrarán más proclives a los argumentos legales contrarios a la prescripción. Aquellos a los que, por contra, les inquiete más el destrozo que el ingreso en prisión de Barrionuevo y Vera infligiría al felipismo, y menos la sanción del crimen, se ampararán en la interpretación de la ley que mejor sirve a la defensa de la prescripción.
Será la suya, en consecuencia, una opción política. Pueden elegir el muñeco que más les guste. No les faltarán luego ropajes jurídicos para vestirlo, sea de presidiario, sea de calle.
Anteayer, el fiscal Gordillo, de la Audiencia Nacional, se quejaba amargamente de que la ley trate exactamente igual un secuestro de diez días que otro tan prolongado como el de Ortega Lara.
También cabría lamentarse de que trate diferente uno de diez días que otro de nueve, como el de Marey. Por lo demás, en ambos casos hemos visto la misma indiferencia en los secuestradores. La misma frialdad. La misma falta de arrepentimiento.
Pero unos serán condenados. Y tal vez los otros no. Quizá a alguno hasta le den el visto bueno para que se haga alcalde.
Javier Ortiz. El Mundo (13 de junio de 1998). Subido a "Desde Jamaica" el 5 de mayo de 2013.
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