Desde Jamaica

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Resultan ociosos a estas alturas todos los intentos de amparar en la resolución 1.441 del Consejo de Seguridad la intervención armada de los Estados Unidos y sus aliados en territorio iraquí. Carecían ya de sentido antes del lunes 17, porque todos sabíamos de sobra que, si esa resolución se votó por unanimidad -esto es: si la respaldaron incluso los países que se oponían a toda hipótesis de actuación armada contra Irak-, fue precisamente porque esa resolución, muy firme en el tono pero deliberadamente etérea en sus aspectos resolutivos, no dejaba la puerta abierta a ningún automatismo intervencionista.

Pero ha sido el propio George W. Bush el que ha puesto inapelable término a ese amago de ficción jurídica al exigir de manera perentoria el exilio de Sadam Husein y sus hijos, es decir, el cambio de régimen en Irak. Ninguna resolución de la ONU podría autorizar semejante diktat, sencillamente porque es contrario a las normas más elementales del Derecho internacional y a la Carta de las propias Naciones Unidas.

A un Estado se le puede exigir legítimamente que haga esto o que deje de hacer lo otro, pero no puede imponérsele desde el exterior el gobierno que debe tener. Y menos todavía puede hacerlo otro Estado, a título particular y al margen de las Naciones Unidas.

Con la tosquedad de comportamiento que le caracteriza, Bush ha dejado claro que a lo que aspira es a asentar un protectorado estadounidense en Irak. En su nulo interés por la diplomacia -o por el disimulo, si se prefiere- no duda en especular públicamente con el posible reparto de la piel del oso antes de haberlo cazado, dictaminando qué países podrán beneficiarse de la explotación del petróleo iraquí y cuáles otros -o los mismos- tendrán la oportunidad de hacer negocio con la reconstrucción de lo que él mismo se dispone a destruir en cosa de horas.*

Así las cosas, parece claro que no basta ya con limitarse a emitir un juicio ético contrario al comportamiento del Gobierno de los EUA. La cuestión no es que sus decisiones estén mal. Lo peor, lo más grave, lo que hay que empezar a airear a los cuatro vientos, es que se trata de actos delictivos, susceptibles de ser juzgados ante un Tribunal internacional en tanto que crímenes de guerra.

De momento -ya veremos por cuanto tiempo- en grado de tentativa.

Hay que dejar tan claro eso como que quienes colaboren con ellos se convertirán, ipso facto, en cómplices.

A no ser que intervengan directamente. En ese caso ascenderán de inmediato ellos también a la categoría de criminales.

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El Gobierno de los EUA ha hecho pública una lista de nombres de ciudadanos iraquíes -altos mandos militares incluidos- que, según afirma, serán detenidos y traducidos ante un tribunal, que diría Albiac, en el caso de que se opongan al asalto anglo-hispano-norteamericano contra su país.

Doy por hecho que las autoridades de Washington saben que eso es aberrante. Si algo no se le puede reclamar al enemigo en caso de guerra es que no dispare. Solía decírselo por activa y por pasiva a Pedro J., en mis tiempos de subdirector de El Mundo, cada vez que se quejaba de las malas artes de las gentes de Polanco: «Qué quieres, hombre: lo que caracteriza al enemigo es que está en contra. Y va a por ti. Es lo suyo».

Convención de Ginebra en mano, nadie podrá jamás acusar a ningún mando político o militar de Irak de haberse opuesto a la ocupación militar de su país.

A cambio, y como ya enunciaba por ahí arriba, lo que sí me parece obvio que cabe plantear es lo contrario: de acuerdo con el Derecho internacional, cabe acusar de crímenes de guerra a quienes patrocinan el asalto de Irak a mano armada, con explícito desprecio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Hay una base jurídica más que sólida para respaldar esa acusación.

A partir de lo cual -sigo cavilando-, recuerdo que he leído y he oído a muchos comentaristas de prensa occidentales preguntarse en voz alta -o negro sobre blanco- por qué la CIA no ha organizado un atentado para acabar con la vida de Sadam Husein.

Y, que yo sepa, nadie les ha acusado de nada.

Digo yo entonces, por las mismas -y puesto que los crímenes son siempre crímenes, vengan de donde vengan-, que cabe interrogarse por qué nadie organiza una serie de atentados para acabar con las vidas de Bush, de Blair y de Aznar, en tanto que criminales de guerra.

Podría hacerlo la CIA misma, que ya tiene una larga experiencia en esto de los magnicidios, locales o foráneos.

Ya sé que ningún tribunal ha considerado culpable de ningún delito al trío de las Azores. Todavía. Pero a Sadam Husein tampoco, y nadie se corta a la hora de hablar de su asesinato.

Así que por especular que no se quede.

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De todos modos, y para que no haya quien crea que estoy sugiriendo ninguna acción desagradable, me apresuraré a decir dos cosas.

La primera es que estoy en contra de que se mate a cualquiera de esos tres señores -o a los tres- por la elemental y supina razón de que me opongo a la pena de muerte.

Sin excepción alguna.

La segunda es que no creo que tuviera la más mínima utilidad. Porque, si considero en general que el papel de los individuos en la Historia está sometido a poderosos condicionantes, de modo que sólo ascienden y se mantienen en el poder aquellos que representan e interpretan los intereses de fuerzas económicas y sociales poderosas, por lo cual no siento inclinación alguna por exagerar el papel de las personalidades y me intereso bastante más por las relaciones sociales de fuerza, en el caso que nos ocupa estoy obligado a verlo así por partida triple.

Porque ¿de qué valdría que desaparecieran tres mediocres como ésos? Sería facilísimo sustituirlos por otros tres mediocres.

Quizá no tan obtusos como ellos, pero casi.

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* Me cuentan que Aznar le ha dicho a Cuevas que lo de la reconstrucción de Irak va a ser un chollo para las empresas españolas; que Bush se lo ha prometido en firme. Y que a ese negocio le seguirán otros muchos, «ahora que somos los socios privilegiados de Washington». ¿Será así de tonto, o se conformará con fingirlo?

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (20 de marzo de 2003). Subido a "Desde Jamaica" el 8 de marzo de 2017.