Los cuatro componentes de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no se han puesto de acuerdo en qué hacer con la querella de la Fiscalía contra Juan María Atutxa y otros integrantes de la Mesa del Parlamento de Vitoria. Como quiera que dos de sus miembros defendían que no debe admitirse a trámite la querella y otros dos lo contrario, el presidente ha decidido formar una Sala especial, añadiendo a los cuatro magistrados ya movilizados otros tres más: los dos más antiguos y la más reciente del propio TSJPV.
De inmediato se han encendido todas las alarmas en los círculos político-jurídicos de la capital del Reino. Parece que conocen a los tres nuevos integrantes de la Sala y creen que es muy posible que voten en contra de la admisión de la querella, lo que dejaría al Supremo, a la Fiscalía del Estado y al propio Gobierno en posición nada airosa y a la mayoría parlamentaria vasca con la razón en el bolsillo.
Contaba ayer El Mundo que la actitud del presidente del TSJPV «es considerada insólita en todos los medios judiciales y fiscales consultados, en muchos de los cuales se hablaba ayer [por anteayer] sin ambages de "prevaricación"». Hoy nos hemos enterado de que el Consejo General del Poder Judicial intervendrá de inmediato para suspender de manera cautelar la vigencia de la nueva Sala (genial: sabemos ya qué va a acordar, aunque ni siquiera se haya reunido todavía).
Hay que suponer que cuando habla de «todos los medios judiciales y fiscales consultados» hay que tomar la frase al pie de la letra: opinaron así los consultados. Porque hay bastantes juristas -se ve que no consultados- que consideran que la querella de la Fiscalía no sólo es improcedente -como lo es la decisión del Supremo a la que responde-, sino que lo insólito es que el número dos de la carrera fiscal se rebele con tanta energía contra quien sostiene la tesis que hace muy pocos meses fue sustentada... por su inmediato superior, esto es, por el propio fiscal general del Estado. En efecto, Jesús Cardenal elaboró un dictamen en el que afirmaba que la sentencia por la que se ilegalizó Batasuna no era aplicable al grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, toda vez que la existencia de grupos parlamentarios es una cuestión funcional, de mera organización interna de la Cámara, y no una variedad de asociacionismo político.
Que Cardenal se haya olvidado luego de ese criterio, una vez que el Gobierno de Aznar fijó nítidamente el suyo, dice mucho de su espíritu de disciplina, pero no enerva el rigor de sus anteriores argumentos.
En todo caso, lo que es grandioso, verdaderamente abracadabrante, es que los mismos, exactamente los mismos que se enfadan muchísimo cuando otros denunciamos las motivaciones evidentemente políticas del Supremo y el Constitucional, exigiéndonos que no politicemos la Justicia (!), se permitan hablar «sin ambages de "prevaricación"» cuando un magistrado no le baila el agua al Gobierno. Por lo visto, nosotros hemos de hacer como si no supiéramos qué miembros del TS son «del PP» y cuáles otros son «del PSOE» -aunque «todos los medios judiciales y fiscales» se expresen en esos términos, sin cortarse un pelo-, y debemos mostrarnos también comedidos y prudentes cuando el presidente del Tribunal Constitucional hace incursiones descaradas por los cerros de Úbeda de la opinión política, pero ellos, a cambio, tienen derecho a hablar «sin ambages de "prevaricación"» en cuanto algún togado no les dice amén.
Lejos de mi intención sostener que los miembros del TSJPV actúen sin sombra de motivación política. Pero que no digan que dos de ellos tienen estas o aquellas simpatías políticas y pretendan que creamos, a la vez, que sus amigos jueces y fiscales son almas puras e incontaminadas. Que aquí nos conocemos todos.
Javier Ortiz. Diario de un resentido social (13 de julio de 2003). Subido a "Desde Jamaica" el 13 de enero de 2018.
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