Bronca a cuenta de los recursos sobre el caso Pinochet que ha promovido la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
A lo que parece, el fiscal Pedro Rubira echa mano de argumentos realmente curiosos. En primer lugar, pretende que se está vulnerando el derecho de Pinochet a la libertad -derecho que protege el artículo 17 de la Constitución española- porque han pasado ya cinco largos meses y sigue pendiente el recurso contra la orden de prisión del general. Olvida la Fiscalía que Pinochet ya está en libertad, aunque vigilada y provisional. Y olvida, sobre todo, que la Audiencia se toma a veces plazos bastante mayores para resolver sobre otros recursos, sin que los fiscales reclamen con tanto entusiasmo que se ponga ipso facto en libertad a los procesados.
Otro muy singular olvido de la Fiscalía: apela a que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió hace meses que no podía procesar a Fidel Castro porque es jefe de Estado. Según ella, tal cual habría de hacer con Pinochet. Se ve que, en su súbito y excepcional fervor garantista, no repara en el detalle de que Pinochet no es jefe de Estado. Lo fue, pero ya no lo es. Y las leyes internacionales otorgan un trato especial a los gobernantes en ejercicio; no a los ex.
Reconozco que hay una parte de la argumentación de la Fiscalía que me ha fascinado (la misma que ha puesto de los nervios a Rafael Estrella, portavoz de Exteriores del PSOE): la que compara el estatuto legal del Rey de España con el de Pinochet. El fiscal dice que, puesto que la Constitución afirma que «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad», lo mismo, por analogía, se debería aplicar a los jefes de Estado de otros países.
Como argumento es verdad que no vale un pijo (si Juan Carlos de Borbón abdicara, podría ser tan procesado como este Augusto cesante), pero tiene la gracia de que llama la atención sobre una contradicción de la Constitución española, que en su artículo 14 dice pomposa que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento»... cosa que ella misma niega unas cuantas páginas más allá, en el artículo 56.3, cuando decide que el Rey es legalmente irresponsable. Con lo que, una de dos: o no todos los españoles son iguales ante la ley o el Rey no es español.
Cierto es que la Constitución también afirma que todo quisque tiene derecho «al juez ordinario predeterminado por la ley» (art. 24.2), lo que, de haberse aplicado en serio, habría imposibilitado la creación de la propia Audiencia Nacional.
Y, con ella, la de esta Fiscalía tan bochornosamente favorable a los intereses del sanguinario Pinochet.
Javier Ortiz. El Mundo (7 de agosto de 1999). Subido a "Desde Jamaica" el 12 de agosto de 2011.
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