Según me ha dicho un buen amigo, experto en teoría política, la intervención de Felipe González el pasado miércoles en el Parlamento demuestra que no entiende la diferencia que hay entre legalidad constitucional, legitimidad política y legitimación social. Mi amigo asegura que esa distinción es de sumo interés, porque permite comprender por qué González debería dimitir ipso facto.
Me deprime.
En primer lugar, y del mismo modo que ninguna distinción puede evidenciar lo conveniente que sería que los olmos produjesen peras, tampoco puede haber distingo que permita aclarar por qué sería bueno que González dimitiera. Él está ontológicamente incapacitado para hacer tal cosa. Todo lo que se le diga en ese sentido pasará por su mente cual el rayo de luz atraviesa el cristal, sin tocarlo ni mancharlo. No tiene sentido explicarle por qué ha de irse. Debe estudiarse, en todo caso, cómo forzarle a hacerlo.
Lo que obliga a preguntarse, acto seguido, si hay base para plantear el desalojo de González como fruto del clamor popular.
Mi amigo apela a la pérdida de legitimación social que ha sufrido el presidente: la mayoría quiere que se vaya. ¿Es razón suficiente? Yo considero que no. En los regímenes parlamentarios, está previsto que la popularidad de los gobernantes oscile. Importa lo que el electorado opina cuando es convocado a las urnas. En la RFA, poco antes de las últimas elecciones, el prestigio de Kohl estaba por los suelos. Pero al final se recuperó, y ahí sigue.
Estoy seguro de que mi amigo podría enumerar muchas otras razones para reforzar su argumento anterior: razones de tipo político, económico y social que le ayudarían a demostrar que, aparte de que cada vez sean más y más los que desean que se vaya González, el hecho sería además muy positivo para la buena marcha del país.
Estoy seguro. Pero no me gusta el planteamiento. Me desazona que para asentar la convicción de que González debe irse echen mano de tantos argumentos: que si la falta de legitimación social, que si los recelos de los círculos financieros, que si el desasosiego popular...
La cosa es mucho más simple: González debe irse porque los demócratas no podemos aceptar que nos gobierne un individuo del que hay motivos para sospechar que patrocinó una banda de asesinos y del que se sabe ya, a ciencia cierta, que seleccionó como compañeros de armas a una ristra de chorizos.
Es cuestión de principios. Eso no se puede aceptar, sencillamente.
Pero se acepta. Porque hay muchos que no piensan así. Que no sienten así. Que en vez de decir: «Hasta aquí hemos llegado», siguen, y discuten sobre esgrima parlamentaria, oscilaciones de la moneda y fluctuaciones bursátiles, haciendo como si de por medio no hubiera veintitantos cadáveres.
Mientras la democracia esté secuestrada por la politiquería, habrá González para rato.
Javier Ortiz. El Mundo (11 de febrero de 1995). Subido a "Desde Jamaica" el 25 de enero de 2013.
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