Desde Jamaica

Responde el ministro del Interior a las críticas que está mereciendo la nueva Ley de Extranjería diciendo que «un país serio tiene que tomarse en serio las leyes que aprueba» y que éstas «no se pueden estar cambiando cada tres días».

Esto último no deja de resultar sarcástico aplicado precisamente a esta ley, que su Gobierno ha promovido para sustituir otra que llevaba en vigor menos de un año. Se le dijo por activa y por pasiva que era preferible dejar que la ley anterior tuviera un tiempo de rodaje más prolongado, para que pudiera apreciarse mejor en qué puntos era correcta y en cuáles otros resultaba inadecuada. No le dio la gana, la sustituyó deprisa y corriendo y ahora dice que ese género de comportamiento es impropio de «un país serio». Parece una autocrítica.

Pero es la primera fase la que suscita mayor perpelejidad. ¿Así que «un país serio tiene que tomarse en serio las leyes que aprueba», eh? ¿Y como cuanto de «en serio» debe tomarse su Constitución?

La nueva Ley de Extranjería restringe de manera decisiva a los inmigrantes extranjeros, en general, y a los sin papeles, en particular, el ejercicio de determinados derechos: el de reunión, el de manifestación, el de asociación, el de huelga...

Invito a la relectura de la Constitución. Establece ésta con claridad meridiana que los derechos fundamentales reconocidos en su Título Primero -entre ellos, destacadamente, los que acabo de mencionar- son universales, en la medida en que los considera «inherentes» a «la dignidad de la persona» (art. 10.1). Acto seguido, precisa que también «los extranjeros» -los extranjeros, sin distinción- disfrutarán en España de esos derechos «en los términos que establezcan los tratados y la ley» (art. 13.1), con la sola reserva del derecho al sufragio, tanto activo como pasivo.

Pues bien: la nueva Ley de Extranjería, en lugar de fijar, conforme al mandato constitucional, en qué terminos han de gozar los inmigrantes de los derechos y libertades «inherentes a la dignidad de la persona», se los limita y, en muchos casos, les priva de ellos, sin más. ¿Es ése el modo en el que «un país serio» «se toma en serio» su Constitución?

A la hora de aprobar esta nueva ley, el Gobierno ha obviado la consulta al Consejo de Estado. Dicen algunos que por las prisas. Yo creo que lo ha hecho para evitar que le dijera que ha fabricado una norma abiertamente anticonstitucional.

Es un problema jurídico, pero no sólo. Ni siquiera principalmente. Preguntémonos qué interés puede tener el Gobierno en que el colectivo inmigrante no cuente con derechos tales como los de reunión, manifestación y huelga. Sólo hay una posible respuesta: quiere cercenar su capacidad de protesta.

Todos los estudios realizados por la UE demuestran que las leyes de inmigración fuertemente restrictivas, como la actual española, no consiguen frenar el flujo migratorio: lo único que logran es ampliar el porcentaje de inmigración ilegal.

Sumemos dos y dos: saben que, gracias a su ley, va a haber cada vez más inmigrantes sin papeles y quieren evitar que puedan rebelarse.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (26 de enero de 2001) y El Mundo (2 de febrero de 2012). Subido a "Desde Jamaica" el 02 de febrero de 2012.