Desde Jamaica

El Juzgado de lo Penal de A Coruña ha condenado al alcalde de Toques, Jesús Ares, por llevar demasiado lejos la fidelidad al nombre de su localidad: la sentencia considera probado que el regidor del PP, de 71 años, tocó abusivamente a una muchacha de 16.

Conocida la resolución judicial, el presidente de la Xunta de Galicia ha declarado que no ve motivo para una «acción inmediata» contra el condenado. En un obvio intento de quitar importancia a lo sucedido, Manuel Fraga se ha referido vagamente a la condena: «Parece que ha sido multado», ha dicho, como si no supiera que la multa en cuestión forma parte de una sanción penal. En fin, en actitud de franco recochineo, ha añadido que no cree que Ares se presente a las próximas elecciones locales, pero sólo por razones de edad.

Como no parece muy probable que la negativa a sancionar al alcalde tocador se deba a que su presencia al frente de la alcaldía de Toques resulte esencial para la supervivencia de la Xunta y el PP gallegos, habremos de deducir que se trata, sin más, de una nueva exhibición del sostenella y no enmendalla al que tan aficionado se ha vuelto el partido del Gobierno. Para estas alturas, da igual ya qué acusación recaiga sobre éste o aquel de sus fieles. Abusos sexuales o inmobiliarios, compra de voluntades o utilización de los cargos públicos para realizar negocios privados, tanto le da al partido gobernante: los mantiene en el cargo hasta el mismo día en que cruzan el umbral del presidio. Comportamiento protector que hace extensivo a quienes están de su lado aunque no pertenezcan a su partido, caso del ex presidente del Cabildo de Lanzarote, Dimas Martín, al que sostuvo hasta su encarcelamiento, pese a que había sido condenado por sobornar a un concejal del propio PP.

¿Es éste el mismo partido que hace ocho años reclamaba ipso facto la dimisión o la destitución de todo cargo socialista que fuera acusado de corrupción, no ya ante la Justicia, sino incluso en la Prensa?

Los partidos en el poder -en España muy en especial- no asumen que el mantenimiento de un buen nivel de exigencia ética en sus filas representa una garantía de futuro para ellos mismos, porque se supone que el electorado debe confiar más y mejor en quienes se muestran incompatibles no ya con el delito probado, sino incluso con la sospecha razonable.

Se supone, digo. Porque el PP viene dando pruebas sobradas de todo lo contrario -ahí está el caso del presidente de la Diputación de Castellón, que es, efectivamente, un caso- y no hay nada que permita deducir que ese comportamiento vaya a acarrear ningún coste electoral al partido de Rajoy.

Ellos son lo que se les permite ser. La política bajo sospecha tiende a ocupar el espacio que deja disponible la tolerancia de los ciudadanos.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (23 de enero de 2004) y El Mundo (24 de enero de 2004). Hay algunos cambios, pero no son relevantes y hemos publicado aquí la versión del periódico. Subido a "Desde Jamaica" el 7 de mayo de 2017.