Dando rango general a su respuesta frente a lo sucedido en Roquetas de Mar, Rodríguez Zapatero afirmó anteayer, como días antes su vicepresidenta primera y su ministro del Interior, que el Gobierno mantiene ante la tortura una posición tajante: «tolerancia cero».
Sería muy digno de encomio si fuera verdad. Pero es falso.
Imagino que Rodríguez Zapatero sabe que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, el jurista holandés Theo van Boven, ha emitido diversos informes sobre España, que han sido presentados ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. En esos informes, realizados tras estudiar la situación sobre el terreno, Van Boven afirma que en España la tortura no es sistemática, pero sí «más que esporádica e incidental». De cara a corregir tal situación, el Relator Especial propuso al Gobierno de España la adopción de un cierto número de medidas, entre las que incluía la obligación de grabar en vídeo todos los interrogatorios de los detenidos y el derecho de éstos a solicitar la presencia de un abogado, a contar con un médico de su elección y a informar de su detención a una tercera persona. Desde entonces, Van Boven ha constatado que las autoridades españolas no dan la menor muestra de disponerse a aplicar sus recomendaciones.
Rodríguez Zapatero tiene que saber también que Amnistía Internacional (AI) se queja año tras año de la tendencia de los gobernantes españoles «a rechazar las denuncias sin investigarlas». AI también ha formulado recomendaciones, muy similares a las de Van Boven. Con idéntico resultado.
Supongo que el presidente del Gobierno tampoco ignora que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -en sentencia referida a un caso concreto, como es lógico- condenó al Estado español por «no llevar una investigación exhaustiva y efectiva sobre las denuncias» de torturas y malos tratos.
Sabrá Rodríguez Zapatero también, digo yo, que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CET) se ha expresado en términos muy similares a los anteriores, quejándose de la «sostenida ausencia de salvaguardas fundamentales que protejan de los malos tratos a las personas detenidas» en España. El CET ha denunciado, además, la «inadmisible falta de cooperación» de los gobernantes españoles con su labor, pese a tener la obligación de facilitarla.
El presidente del Gobierno tiene que estar al tanto de todo esto, y no creo que piense que son meras fábulas urdidas por «la anti-España». Entonces, ¿de qué tolerancia cero habla? Si realmente tuviera la voluntad de poner coto definitivo a la tortura ordenaría que se investiguen a fondo las denuncias y reformaría las leyes que regulan el régimen de detención, de acuerdo con las propuestas de los organismos de Derechos Humanos.
Mientras no lo haga, mejor será que hable de tolerancia cinco, diez o veinte. Pero no cero.
Javier Ortiz. Apuntes del natural (14 de agosto de 2005) y El Mundo (15 de agosto de 2005). Hay algunos cambios, pero no son relevantes y hemos publicado aquí la versión del periódico. Subido a "Desde Jamaica" el 19 de julio de 2017.
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