Según el ministro del Interior, Mariano Rajoy, dos de los detenidos en la última operación policial anti-ETA eran responsables comarcales de Ekin. «Lo cual demuestra lo que hemos dicho tantas veces: que ETA, Ekin, Haika y las Herriko Tabernas son lo mismo; diferentes nombres de lo mismo», dijo.
Pocas horas después, el presidente del Gobierno completó la idea, por si alguien no hubiera captado en qué dirección había apuntado su vicepresidente: «El entorno de ETA es el que es. Otra cosa es que luego haya jueces que consideren que no hay pruebas».
La bicha del uno y el otro -y de tantos más- es, obviamente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sobre la que están lloviendo los chorreos en razón de sus resoluciones contrarias a los autos dictados por Baltasar Garzón. Éste procesa a gogó ateniéndose a la doctrina gubernamental de que «todo es lo mismo»... y la Sala anula una y otra vez sus decisiones recordándole que, conforme a Derecho, todo no será lo mismo hasta que se demuestre... que todo es lo mismo.
Se trata de un asunto delicado, en el que conviene no dejarse arrastrar por el mal llamado sentido común. Nadie discute que Ekin, Haika y los responsables de las Herriko Tabernas persiguen los mismos objetivos que ETA. Pero ningún objetivo político es en sí mismo delictivo. Lo que la ley condena son los medios de los que se sirven ETA y sus cómplices para avanzar en pos de esos objetivos. Para procesar a alguien no basta con establecer que es muy separatista y muy radical. Ni siquiera basta con saber que simpatiza con ETA. Hay que tener indicios racionales de que ha recurrido a medios ilegales. E, incluso cuando eso está claro, hay que fijar en qué medida. Porque el Código Penal distingue en este campo varios tipos de delito. O sea: que no todo es lo mismo.
Rajoy se apoya en que dos de los detenidos en la madrugada de anteayer eran jefes locales de Ekin. El argumento podría esgrimirse en una charla de barra de café, pero no pinta nada en un auto judicial. Ni siquiera en las declaraciones de un ministro. Por las mismas cabría decir que, puesto que casi todos los principales responsables de los GAL resultaron ser destacados militantes del PSOE, GAL y PSOE eran «todo lo mismo» y que, en consecuencia, el PSOE debería haber sido ilegalizado y todos sus dirigentes -incluido el exdiputado Baltasar Garzón- procesados.
No descarguen su incapacidad probatoria sobre los hombros de jueces que lo único que pretenden es atenerse a la Ley, aun a costa de ganarse la misma impopularidad que me gano yo escribiendo estas cosas.
Javier Ortiz. El Mundo (16 de junio de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 21 de junio de 2011.
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