Por fin el PSOE e IU se decidieron a recurrir ante la Junta Electoral reclamando la retirada de la campaña publicitaria de Zaplana, ya denunciada aquí en sus inicios. Pero han actuado tarde (porque en lo esencial el mal está ya hecho) y mal (porque han argumentado contra la existencia de la campaña, sin poner por delante su contenido, y porque se han limitado a recurrir ante la Junta Electoral Central, y no lo han hecho también ante los tribunales ordinarios).
El argumento utilizado por el PSOE e IU es que la ley prohíbe hacer publicidad institucional en periodo electoral. Pero, para poder apelar a ello, han tenido que esperar a la publicación del decreto de disolución de las Cortes, que es lo que marca el comienzo de la campaña electoral, tomada en sentido amplio.
En mi criterio, tenían que haber puesto el acento en el hecho de que la campaña en cuestión no presenta ninguna función ni formativa ni informativa; que es, pura y simplemente, propaganda política a favor del alto mando del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En consecuencia, deberían haber denunciado al ministro por el uso de fondos públicos para fines privados. Ése es un delito tipificado en el Código Penal: malversación de caudales públicos, creo que se llama. IU dice que está «estudiando» la posibilidad de ampliar su denuncia. A buenas horas.
Para presentar esa denuncia no hubieran tenido que esperar a que se publicara ningún decreto. Podían haberlo hecho hace diez o quince días. Y en todos los frentes.
Les falta punch. Me temo.
Javier Ortiz. Apuntes del natural (21 de enero de 2004). Subido a "Desde Jamaica" el 7 de mayo de 2017.
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