No sé si tendrán pleno fundamento las acusaciones que se vierten contra los detenidos en la operación judicial que está en marcha en la Costa del Sol. Imagino que sí, más que nada por la relevancia de las personas que aparecen implicadas: no es lo mismo lanzar acusaciones fantasiosas contra media docena de chavales vascos acusados de kale borroka, por los que nadie influyente se va a preocupar, que empurar a algunos de los abogados y notarios de más poderío de toda la costa cálida del Mediterráneo. (En ese sentido, tiene su punto de cómica la reacción del Colegio de Abogados de Málaga, cuyo órgano supremo de gobierno, reunido de urgencia, ha expresado «su preocupación» por las detenciones. ¿No deberían estar más preocupados los colegiados por la posibilidad de que entre sus miembros hubiera delincuentes de marca mayor y ellos anduvieran a dos velas? ¿O estaban más iluminados que eso y preferían mirar para otro lado?)
Digo que no sé cuánto de verdad habrá en lo que se está contando, pero añado de inmediato que no sólo no me extraña, sino que -en lo que se refiere a la trama, no a la identidad de sus integrantes, claro está- no hace sino confirmar lo que ya daba por supuesto. Blanqueo de dinero, ramificaciones en muchos países, prostitución, trata de blancas, tráfico de armas, tráfico de drogas, paraísos fiscales (con Gibraltar en primer plano), emporios inmobiliarios... y GAL.
Sobre este punto de la relación de esta trama en vías de desarticulación y la lucha ilegal contra ETA se ha apuntado poco y de puntillas, pero recuerdo que hace muy pocos días un magistrado de pro -cuyo nombre y cuyo cargo lamento no recordar- declaró que las mafias instaladas entre Gibraltar y Alicante, con sede principal en la Costa del Sol, habían gozado hasta ahora de una fuerte impunidad por dos razones principales: por su aportación al desarrollo económico de la zona y por su contribución a la lucha contra el terrorismo de ETA.
Dejando de lado por ahora esa supuesta «aportación al desarrollo económico de la zona», rica en crímenes ecológicos, me detengo en lo de ETA. ¿A qué se refería el juez? No lo sé, pero me lo imagino. Tras el fin de la guerra colonial de Argelia, la costa mediterránea española sirvió de cobijo a buena parte de los integrantes de las bandas paramilitares que habían practicado el terrorismo contra los independentistas argelinos y que no querían -y en bastantes casos no podían, por tener causas judiciales pendientes- volver a Francia. Alguna gente de ésa, de ideología netamente nazi-fascista, formó pandillas gangsteriles que han venido trabajando desde entonces unas veces para sus propios negocios y otras para quienes alquilaban sus servicios. Se sabe que el Estado español estuvo entre sus clientes en la época en que funcionaron los GAL, pero no tendría nada de particular que, habida cuenta de su relación con los ambientes dedicados al tráfico de armas y explosivos, hayan seguido prestando determinados «servicios a la Patria».
En todo caso, lo que se ha puesto en marcha en las últimas horas es una operación contra la delincuencia de cuello blanco que, si se lleva a fondo, puede destapar muchísimas complicidades. Y no sólo con Yukos, o con los negocios del extinto Gil, sino con toda la tupida y muy bien relacionada trama internacional que ha tenido desde hace décadas en Gibraltar la sede primera de sus paraísos fiscales y en la Costa del Sol la sede primera de sus paraísos policiales y judiciales.
Javier Ortiz. Apuntes del natural (13 de marzo de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 19 de noviembre de 2017.
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