Desde Jamaica

Me llama mi buen amigo Gervasio Guzmán:

-Barrionuevo se ha pasado cantidad con Garzón, ¿eh?

-Sí.

-Pero, a fin de cuentas, hay que aceptarlo. ¡Así es la libertad de expresión!

-No.

En este asunto se ha producido una gran confusión (me temo que, al menos en parte, inducida).

Barrionuevo, como cualquier otro ciudadano, tiene -yo se lo concedo, al menos- todo el derecho del mundo a poner a caldo al juez Garzón, decir que le parece parcial, que está seguro de que le odia, etc., etc. Hasta ahí, le ampara la libertad de expresión, y no seré yo quien mueva un dedo por impedir que la ejerza. Al contrario: me batiré el cobre para que pueda seguir haciéndolo.

Soy tan partidario de la libertad de expresión que no sólo reivindico que la gente sea siempre libre de decir lo que piensa: también asumo que ha de ser libre hasta de hacer como Barrionuevo, o sea, de decir lo que no piensa, pero le conviene.

Estoy dispuesto a defender su libertad de expresión incluso a pesar de darme cuenta de que la ha prostituido, al servirse de ella con ventaja. El muy cobardica, en vez de afrontar a Garzón a pecho descubierto, se ha escudado en sus privilegios de diputado, aún a sabiendas de que la inmunidad parlamentaria está concebida para proteger lo que los electos realizan en el ejercicio de su función, no lo que perpetraron in illo tempore, cuando eran ministros y defendían al Estado también desde las cloacas, como diría la otra rata.

Pero el problema no es ése. No se trata de elegir entre libertad de expresión y desacato. Lo grave, lo intolerable de lo que Barrionuevo ha hecho es que se ha prevalido de su condición de diputado, de ex ministro y de dirigente del partido del Gobierno, no sólo para criticar al juez por lo que hace, sino también para tratar de obligarlo a hacer lo que a él le parece, bajo la amenaza apenas disimulada de que, en caso contrario, se servirá de su posición de superioridad para ir contra él.

Garzón asegura que eso no va a condicionar su actuación. Tanto mejor. Pero es evidente que otros jueces sí habrían podido sentirse intimidados por semejante ofensiva. Y para evitar que eso ocurra, y para que en caso de ocurrir no quede impune, es para lo que existe el artículo 199 del Código Penal, que prevé la pena de inhabilitación especial para «el funcionario público que atentare contra la independencia de los jueces y magistrados».

Pero tampoco nos dejemos ahora despistar por pijadicas como ésta. Que el ex ministro haya atentado de palabra contra la independencia judicial es peccata minuta. Lo que nos importa son los atentados a sangre y fuego que se cometieron. Las muchas vidas que se segaron.

Admitámoslo: ¡cuánto mejor nos hubiese ido a todos si Barrionuevo se hubiera limitado siempre a hablar!

Javier Ortiz. El Mundo (7 de enero de 1995). Subido a "Desde Jamaica" el 9 de enero de 2011.