Desde Jamaica

«El juez ha decretado el secreto del sumario».

Ayer volví a oír la tópica fórmula al final de la información radiofónica sobre el triple homicidio de Castelldefels. Y me dije: «Pues a ver lo que dura».

En principio, los jueces están autorizados a decidir que un sumario sea secreto si consideran que su publicidad puede ser perjudicial para la instrucción del caso. Por lo que sea. Por ejemplo, porque tema que haya quien, al conocer qué derroteros están siguiendo las investigaciones, decida dificultarlas ocultando o alterando pruebas, o coaccionando a testigos.

El secreto sumarial es un instrumento judicial que puede ser útil, pero con mucha frecuencia no lo es (o no, por lo menos, para sus fines teóricos).

Cuando los sumarios se refieren a hechos que atraen el interés de la opinión pública, sus secretos no suelen tardar casi nada en airearse.

La gente supone que esto es así porque es bastante el personal que, por razones técnicas, tiene acceso a esos sumarios. Funcionarios de los juzgados, por ejemplo. Y es cierto: me consta que no pocos datos jugosos incluidos en algunos sumarios supersecretos han llegado a la Prensa gracias a la bien recompensada colaboración de empleados subalternos de la justicia.

Lo que muchos menos imaginan, y todavía menos saben, es que, en ciertos casos de amplia trascendencia política, son los propios jueces los que violan el secreto de sumario y revelan aspectos importantes de la instrucción que se traen entre manos. Puedo afirmarlo, porque algunos lo han hecho en mi presencia. (No doy nombres, porque el secreto profesional me impone cierta discreción, porque no quiero verme obligado a citar testigos y, sobre todo, porque el lector avisado se imaginará de qué jueces y de qué juzgados estoy hablando. No sólo se lo imaginará, sino que, además, acertará.)

El gran público no está al tanto de lo poco en serio que se toman los secretos oficiales quienes tienen la obligación de guardarlos.

No hablo sólo de jueces. Supongo que no habrá ni un solo periodista veterano ejerciente en Madrid que no haya oído contar a algún ministro o ex ministro tal o cual polémica acaecida durante una deliberación del Consejo de Ministros, pese a que a nadie se le oculta, y menos que a nadie a ellos mismos, que juraron mantener secretas esas deliberaciones.

A mí, hace ya años, me tocó presenciar, y no una, sino varias veces, cómo altos cargos -altísimos, en algún caso- proporcionaban documentación reservada al periódico para el que yo trabajaba y, horas después, declaraban que la publicación de esos documentos constituía una infamia incalificable «propia del amarillismo que practica ese medio». Y así.

Tengo en la memoria varios episodios que merecerían figurar en alguna comedia de enredo, de ésas en las que la gente se esconde en los armarios o debajo de las camas. Jamás olvidaré al ministro que se pasó media tarde llamándonos para confirmar que había llegado el motorista que nos había enviado con algunos documentos. Necesitaba esa confirmación para preparar la intervención pública que iba a tener a la mañana siguiente... ¡para desmentir la veracidad de lo publicado!

A un ministro que en cierta ocasión, en el curso de un programa radiofónico, se dirigió a mí aludiendo despectivamente a la falta de credibilidad de ciertas denuncias que estaba publicando El Mundo, le pregunté si me liberaba de las obligaciones del secreto profesional en lo tocante a su propia persona, para contar el papel que él mismo había jugado en la elaboración de la información de referencia. El hombre, pálido ya de por sí, empalideció aún más y me respondió con un seco: «¡Por supuesto que no le libero de ninguna obligación!».

Bueno, y por resumir: que lo de los secretos oficiales no merece demasiado crédito. Aunque supongo que habrá gente proba que los guarde de verdad. En esta vida hay de todo.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (1 de diciembre de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 8 de noviembre de 2017.