Es terrible la implícita anuencia que ha mostrado la ciudadanía española ante la decisión del Gobierno de Zapatero de desproveer a los inmigrantes llegados a Ceuta y Melilla de cualquier garantía jurídica y de expulsarlos a Marruecos para que las autoridades de Rabat hagan con ellos lo que les plazca. (Y ya hemos visto lo que les place.)
Me duele que sea así, pero no me sorprende. Sé que la presunta solidaridad de la ciudadanía española hacia las desgracias ajenas es un mito. Lo que aquí funciona bastante bien es la caridad. Se estila dar de vez en cuando alguna limosna para los pobres, al modo del Domund, pero siempre que se trate de pobres que no alteren la tranquilidad de nuestro modo de vida europeo.
Quienes criticamos la política gubernamental en relación con la emigración nos topamos con la descalificación de los presuntos realistas: «El discurso humanitario queda muy 'políticamente correcto' -nos dicen-, pero seamos realistas. Europa no puede dejar de proteger sus fronteras. El hambre que padecen millones de africanos supone un poderosísimo 'efecto llamada' cuyas consecuencias estamos obligados a atajar».
Falso. El hambre no constituye -no podría hacerlo- ningún «efecto llamada». La «llamada», por definición, no puede originarse allí; tiene que proceder de aquí. Y lo que genera esa «llamada» no es que nosotros vivamos muy bien, en términos comparativos, sino que en la Europa desarrollada existe una demanda importante de mano de obra barata, eventualmente ilegal, favorecida por la desregulación de los mercados laborales y por la falta de control de las realidades y las condiciones de trabajo.
Los inmigrantes vienen por eso. Es un asunto de pura oferta y demanda. Vienen a ofrecer su capacidad de trabajar por muy poco porque aquí hay muchos empleadores dispuestos a ofrecerles trabajo por muy poco. Es así de sencillo. Y de crudo.
Los estados europeos llevan muchos años aceptando que sus fronteras estén mal protegidas. No sólo porque saben que no cabe protegerlas del todo, sino también porque -aunque no lo reconozcan abiertamente, por razones obvias- son conscientes de que al sistema económico imperante le conviene que una parte de la población laboral no esté sujeta a la ley. Es un modo eficaz de rebajar las pretensiones de los trabajadores autóctonos y de aumentar la competitividad. El problema de los estados es cómo regular el nivel de permeabilidad de las fronteras para que no se produzca un flujo excesivo que cree distorsiones, sean económicas, sean políticas, sean de ambos géneros a la vez.
No es fácil. Y lo es menos cuando el territorio en el que se trata de fijar esa difícil regulación se halla en condiciones tan exóticas como las de Melilla y Ceuta.
Nos piden que seamos realistas. Séanlo ellos. He mencionado un puñado de datos muy reales que su discurso obvia. Encájenlos.
Javier Ortiz. El Mundo (10 de octubre 2005). Basado en el apunte Realistas, publicado dos días antes. Subido a "Desde Jamaica" el 10 de mayo de 2018.
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