Desde Jamaica

Según puede leerse hoy en El País, los servicios sanitarios públicos presentan un déficit creciente en la mayoría de las comunidades autónomas que han asumido esa tarea. No les llega con el dinero que reciben del Estado para cubrir el gasto que les supone. Algunos gobiernos locales (los de Madrid, Cataluña, Galicia y Asturias) han tratado de solventar el problema lastrando con un impuesto especial el precio de los combustibles, pero ni por ésas.

No soy experto en los intríngulis de eso que se llama –con expresión bastante curiosa, por cierto– «la Sanidad Pública», pero algo he oído rezongar a algún médico amigo. Y, por lo que cuenta, parece que el déficit debería ser aún mayor, porque el incremento de población en las zonas en las que se está instalando más población inmigrante debería verse acompañado de un aumento equivalente tanto de personal sanitario como de medios, y no.

De todos modos, hay cinco reflexiones que creo vale la pena hacerse. Y que me hago.

La primera me recuerda que la atención sanitaria de la ciudadanía no es un negocio. Y que, en consecuencia, no cabe calificarla de deficitaria.

La idea de «déficit» no cuadra con esta materia. Mi comida diaria no es deficitaria. Mi salud, tampoco. Las necesidades imperiosas no son deficitarias. Tienen un coste –que hay que fiscalizar, por supuesto, para que sea el justo, y no más–, pero eso es todo. Se paga y ya está. Y si hay que ajustar el presupuesto, habrá que ver a costa de qué otras partidas.

La segunda me dice que, si se trata de sentir angustia por los capítulos presupuestarios que suponen mucho gasto y nulo ingreso, deberían empezar por hablar de las Fuerzas Armadas y de la Casa Real, partidas deficitarias donde las haya y de utilidad social más que dudosa.

La tercera me lleva a pensar que, si a las comunidades autónomas no les llega con lo que les da la Hacienda del Estado, habrá que comprobar si emplean bien o mal los dineros que reciben. Pero, si se ve que los gastan bien y a pesar de eso no les alcanza, la solución está clara: tendrán que darles más. Tal como plantean la cuestión, todo indica que se trata de un craso error de cálculo: el Estado les da para cubrir ese gasto menos dinero del necesario.

La cuarta es también de cajón: tratar de resolver un asunto así fijando un impuesto especial sobre los combustibles es una aberración. No sólo porque la ciudadanía ya paga un impuesto anual para sufragar el gasto de las administraciones públicas, sino porque este otro género de impuestos es rotundamente antisocial. La gasolina no es un producto de lujo. Y la pagan por igual tantos los que viven en la opulencia como quienes no tienen para llegar a fin de mes.

La quinta me sitúa en una cierta perplejidad. Porque no parece que el problema se plantee igual en todas partes. A modo de ejemplo: ¿acaso el servicio vasco de salud, Osakidetza, que tiene fama de funcionar (comparativamente) bien, no es deficitario?

Se me dirá que ése es otro problema, porque remite al cupo, a la fiscalidad especial de la CAV, etcétera. Pero no estoy tan seguro que remita a otro problema. Quizá ése sea el verdadero quid de la cuestión. Tal vez la cosa esté en que, gracias a esa chapuza que llaman «el Estado de las autonomías», que no es ni centralista ni federal, ni chicha ni limoná, la mayoría de las comunidades autónomas carecen de caja única y siguen obligadas a hacer día a día las cuentas de la vieja con la Hacienda del Estado. Viendo cómo arreglárselas con la paga que les da papá.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (13 de septiembre de 2004). Subido a "Desde Jamaica" el 2 de julio de 2017.