Desde Jamaica

El Consejo Europeo se ha negado a incluir a Batasuna en la lista de organizaciones terroristas perseguibles de oficio dentro del espacio comunitario.

Supongo que nadie pensará que quienes han tomado esa decisión sienten simpatía alguna por Batasuna. Sencillamente, saben que el Consejo -un grupo de políticos de la UE, a fin de cuentas- no puede catalogar como delincuente, por su cuenta y riesgo, a un partido que no ha sido objeto de ninguna sentencia judicial que respalde semejante definición. «En mi conocimiento, no existe en ningún país europeo democrático ninguna organización legal que cuente con representación parlamentaria a la que quepa tachar de terrorista», dijo ayer el portavoz del comisario de Justicia del Consejo, no sin un punto de sorna. Y es que, ciertamente, es de lo más exótico -digámoslo francamente: es ridículo- que un Gobierno pretenda que se acuerde esa clasificación a escala continental cuando ni siquiera ha intentado que el partido en cuestión sea ilegalizado en su propio territorio.

El PP y el PSOE -éste no sin ciertas reticencias- se han metido por un camino jurídica e intelectualmente impracticable. El ministro de Justicia español se quejaba ayer de la resolución del Consejo Europeo afirmando que la práctica del terrorismo no precisa sólo de «los terroristas propiamente dichos», sino también de otras organizaciones cuyos componentes son «colaboradores necesarios». Y tiene razón. Pero la figura del «colaborador necesario» -como debería saber un ministro de Justicia- está prevista también en el Código Penal. Con lo cual, diciendo eso no hace sino desplazar el problema: para calificar con fundamento a los miembros de Batasuna de «colaboradores necesarios» debería denunciarlos ante la Audiencia Nacional, aportar las pruebas correspondientes de su colaboración en estos o aquellos delitos concretos, conseguir que los procesen y los condenen, etcétera.

«Tenemos la certeza moral y política de que ésa es la función que cumple Batasuna», le he escuchado declarar al incombustible felipista Pérez Rubalcaba. ¡Pues qué bien! No quiero ni decir en qué listas figurarían él mismo y un buen puñado de sus compañeros de partido si las certezas morales y políticas -las mías, sin ir más lejos- valieran de algo. Pero, como no puedo probar nada, me tengo que comer mis certezas morales y políticas con patatas.

Son las servidumbres que tienen los Estados de Derecho. Para acusar a alguien de delincuente, hay que probar que ha participado -como autor material, instigador, colaborador... en fin, de un modo o de otro- en un delito.

Y, si no hay manera de probarlo, ajo y agua.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (24 de noviembre de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 28 de junio de 2017.