Los partidos que se dicen constitucionalistas sacan provecho de un factor clave de nuestra realidad: la desmemoria colectiva. La inmensa mayoría de nuestros conciudadanos, incluidos los que en 1979 y 1988 eran ya adultos, recuerda hoy poco y mal las cosas de entonces.
Existe un antídoto eficaz contra los efectos de la desmemoria: la lectura. En estos tiempos de ahora, gracias a Internet, es fácil documentarse y comprobar lo que cada cual dijo o firmó en aquellos momentos. Pero casi nadie lo hace.
Amparados en la desmemoria, los tales partidos pretenden sin sonrojo que hacen bandera del Estatuto de Gernika y el Pacto de Ajuria Enea. Incluso lo pretende el Partido Popular -por entonces Alianza Popular- que llamó a votar en contra del Estatuto.
Si los ciudadanos de ahora leyeran aquellos textos -que, insisto, están a su alcance- se llevarían muchas sorpresas. Comprobarían, por ejemplo, que el Estatuto de Gernika se inicia afirmando: «El pueblo vasco o Euskal Herria, como expresión de su nacionalidad, se constituye como comunidad autónoma». «Como expresión de su nacionalidad». No como concesión de nadie. Verían igualmente que el propio Estatuto aclara que su aprobación no suponía ninguna renuncia a cotas superiores de autogobierno. Y cómo hace expresa mención, a tal efecto concreto, de la posibilidad de su reforma.
No menos asombro les produciría la lectura del Pacto de Ajuria Enea, en particular del punto en el que invita a los violentos a que «se incorporen a la actividad institucional, desde la que estarán legitimados para defender, por vías pacíficas y democráticas, sus propios planteamientos políticos». Les sorprendería, y con razón, que aplaudan ese texto quienes han conseguido que Batasuna quede fuera de las próximas convocatorias electorales. Y quienes rechazan airadamente que todos los planteamientos políticos puedan ser promovidos por vías pacíficas y democráticas, como las que está siguiendo Ibarretxe. (*)
Hay más papeles dignos de recuerdo. Por ejemplo, la declaración de la Mesa de Ajuria Enea de 25 de junio de 1996, en la que los partidos que la integraban, incluidos el PSOE y el PP, sellaron solemnemente su compromiso de «respetar y hacer respetar» -«en todos los ámbitos», precisaron- la legitimidad de las decisiones que adoptara «el pueblo vasco». El pueblo vasco: no las Cortes Generales.
Podrán alegar que aquellos textos ya no se ajustan a la realidad. Que creen que fueron positivos en su momento, pero que han dejado de valer. Sea. Pero, si eso es lo que piensan, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué continúan invocándolos retóricamente?
No vale la pena que respondan. Ya lo sé: para presentarse como continuadores de una causa histórica a la que se sumaron a regañadientes -los que se sumaron- y con la que nunca se han sentido realmente identificados.
Javier Ortiz. Apuntes del natural (9 de enero de 2005) y El Mundo (12 de enero de 2005), salvo lo que aparece debajo de estas líneas, texto que únicamente se publicó en el apunte. Hay algunos cambios, pero no son relevantes y hemos publicado aquí la versión del periódico. Subido a "Desde Jamaica" el 10 de julio de 2017.
(*) En las largas discusiones que precedieron a la aprobación del Pacto de Ajuria Enea, Carlos Garaikoetxea ironizó varias veces con la idea -finalmente recogida en el texto- de que dentro del Estado español todos los objetivos políticos pueden ser pretendidos por vías pacíficas. «Te dejan que los pretendas, sí», decía. Pero apostillaba, sarcástico: «Lo que no están dispuestos a tolerar es que los alcances». Vistas las cosas a la luz de la experiencia, habrá que convenir en que se quedó corto: no es verdad que todos los objetivos puedan ser pretendidos. así sea por las vías más pacíficas del mundo. [Después de escrita esta nota, he leído un artículo de X. Arzalluz en Izaro News que se refiere también a aquella posición de Garaikoetxea en términos semejantes.]
Añadido.- Para facilitar las cosas a quienes no tengan demasiado tiempo para buscar los documentos originales y leérselos in extenso, he preparado esta breve antología del Pacto de Ajuria Enea, que contiene también algunas referencias pertinentes al Estatuto de Gernika.
Párrafos extraídos del Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi, firmado en Vitoria el 12 de enero de 1988 y conocido como «Pacto de Ajuria Enea»
Del preámbulo:
«El mismo Estatuto contiene además en su propio texto los mecanismos necesarios, igualmente refrendados por la voluntad popular, para poder acceder a su eventual reforma. Más aún, como expresión de respeto y reconocimiento de las profundas aspiraciones al autogobierno que el pueblo vasco ha demostrado a lo largo de su historia, el propio Estatuto refrendado, en su disposición adicional, hace reserva expresa de los derechos que a dicho pueblo hubieran podido corresponder en virtud de su historia y a cuya actualización, mediante la expresión de su voluntad en cada momento y de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico, aquél no renuncia por la aceptación del actual régimen de autonomía.» (...)
«Convencidos, por tanto, de que la única vía para la normalización y pacificación de la sociedad es la que pasa por el estricto respeto de la voluntad popular, dirigimos un llamamiento a quienes aún continúan utilizando o legitimando la violencia para que, por respeto a esa misma voluntad popular, abandonen las armas y se incorporen a la actividad institucional, desde la que estarán legitimados para defender, por vías pacíficas y democráticas, sus propios planteamientos políticos.»
Del articulado:
«2.b. El pleno y leal desarrollo de todos y cada uno de los contenidos del Estatuto sigue siendo el marco válido para la resolución progresiva de los conflictos de la sociedad vasca y contribuirá de manera decisiva al reforzamiento de la democracia y de la convivencia pacífica, por lo que todos los firmantes del presente Acuerdo nos comprometemos a desarrollarlo en su plenitud, de conformidad con los principios que lo inspiraron y respetando su singularidad.» (...)
«2.c. Es la voluntad mayoritaria del pueblo, a través de sus representantes legítimos, y no la de quienes pretenden imponer de forma violenta o totalitaria sus criterios sobre el conjunto de la sociedad. quien debe juzgar en cada momento de la validez o invalidez del Estatuto como instrumento de autogobierno y decidir, en su caso, su reforma y desarrollo mediante los procedimientos contemplados en el propio Estatuto y en la Constitución, estando siempre legitimado el mismo Pueblo para reivindicar cualquier derecho que, de acuerdo con las Disposiciones Adicional Primera de la Constitución y Unica del Estatuto, lo hubiera podido corresponder.» (...)
«Dado que la ruptura que se ha producido en nuestra sociedad entre quienes mayoritariamente hemos optado por las vías democráticas y estatutarias y quienes continúan haciendo uso de la violencia sólo podrá superarse como consecuencia del cese de esta última, hacemos un llamamiento a quienes aún continúan utilizándola para que, atendiendo a la voluntad mayoritaria de su pueblo, renuncie a ella como instrumento de acción política y se incorporen a la tarea común de buscar, por los cauces mayoritariamente aceptados, los instrumentos más adecuados para dar satisfacción a las aspiraciones compartidas de la sociedad vasca.» (...)
«8. Hacemos, igualmente, un llamamiento a quienes, aun ostentado representación parlamentaria, no ejercen sus derechos y obligaciones inherentes a la misma, para que, al igual que el resto de las fuerzas políticas, asuman las responsabilidades institucionales y defiendan desde ellas sus propios planteamientos políticos. En tal sentido, la legitimidad de todas las ideas políticas, expresadas democráticamente, tiene en el marco parlamentario, la vía de defensa y, en su caso, de incorporación al ordenamiento jurídico de cualquier reivindicación.» (...)
«10. Si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular.»
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