Desde Jamaica

Rodríguez Zapatero reclama que se reforme la legislación electoral para que no pueda suceder en el futuro lo que ha ocurrido ahora en Madrid con los diputados Tamayo y Sáez. Según él, el modo más eficaz de cerrar esa posibilidad es que los escaños no sean propiedad de los electos, sino de los partidos en cuyas listas han sido elegidos. El presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga -cuya incapacidad para la discreción está llegando a extremos verdaderamente patológicos-, se ha apresurado a decir que a él la idea le parece de perlas, y que de hecho ya hace años escribió varios artículos de prensa defendiendo esa tesis.

Lo primero que habría que decir a ambos es que no bastaría con reformar la legislación electoral para conseguir lo que pretenden. Sería necesario cambiar también la Constitución. Basta con leer lo que establece su artículo 67.2: «Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo». Quiere esto decir, muy principalmente, que los diputados tienen plena libertad legal para votar en el sentido que mejor les cuadre. Se la garantiza la Constitución.

Pero pongamos que hubiera consenso al respecto y se reformara el artículo 67.2 de la Constitución para que dijera lo contrario. Pongamos que los diputados debieran acatamiento al partido que ha arropado su elección. Entonces ¿para que haría falta que hubiera tantos diputados? Bastarían con que se reunieran los jefes de fila de los partidos y con que su voto fuera ponderado: tantos escaños, tantos votos. ¿Que se necesita más gente para constituir comisiones y cubrir otras tareas? Pues que contraten funcionarios. A fin de cuentas, para decir lo que el jefe ordena y para votar lo que el jefe indica, les basta con tener gente eficiente, que se conozca los expedientes. No hacen falta políticos para nada.

En realidad es eso, más o menos, lo que ya está sucediendo. Pero podría ser de otro modo, al menos teóricamente. Lo que ellos quieren es que sea así por ley.

Lo que proponen supone una total desnaturalización del sistema parlamentario. Porque, según éste -insisto: teóricamente-, el diputado no está en el hemicliclo en representación de su partido, sino del conjunto de la ciudadanía. Y vota en función de los intereses no de su partido, sino de la totalidad del pueblo.

El problema que les preocupa tiene un remedio mucho más sencillo en su enunciado, aunque bastante más laborioso en la práctica: deberían elegir mejor a sus candidatos y asegurar una muy superior cohesión ideológica y política en sus filas.

Pero para ello deberían constituir verdaderos partidos políticos, no esas máquinas de sacar votos y administrar intereses que tienen ahora.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (2 de julio de 2003). Subido a "Desde Jamaica" el 13 de enero de 2018.