Desde Jamaica

El Gobierno de Rodríguez Zapatero agradece el apoyo que le presta la mayoría de la sociedad española en su política de paz para Euskadi, incluido el diálogo con ETA. La dirección del PP sostiene que, muy al contrario, la ciudadanía es hostil a esa política y a todo lo que la acompaña, en particular los contactos públicos con Batasuna.

El partido de la derecha, amén de condenar sin parar al Gobierno por todos los medios que pilla, aunque no vengan a cuento (ejemplo: la visita del Papa), expresa una y otra vez su convencimiento de que el Ejecutivo de Zapatero carece de legitimidad para tomar decisiones de tanto alcance. «Mi partido no se siente obligado por los compromisos a los que llegue el Gobierno en estas materias», dice Rajoy.

Hay quienes interpretan esa afirmación como una amenaza. Creen que el teórico jefe de filas de la derecha está anunciando que, en cuanto el PP recupere el poder –él está obligado a dar por supuesto que lo hará–, derogará todas las leyes y denunciará todos los acuerdos que considere lesivos para los intereses de España, tal como él los concibe. Pero no creo que sea a eso a lo que Rajoy apunta. Es innecesario: nadie ignora que todo Gobierno, si cuenta con el apoyo parlamentario suficiente y siempre que el paso del tiempo no haya solidificado situaciones irreversibles que lo impidan, puede anular las leyes y los acuerdos suscritos por sus antecesores.

Rajoy martillea en otro clavo. Tanto cuando dice eso como cuando añade que el Gobierno del PSOE «no representa al Estado», lo que enarbola es el leit motiv favorito de la derecha española desde el 14-M: su idea obsesiva de que Zapatero llegó a La Moncloa «subido en un tren de cercanías», o sea, aprovechándose con malas artes de la enorme conmoción que causaron en el electorado los atentados del 11-M. Desde entonces, los dirigentes populares se han creído siempre autorizados a hablar en nombre de la mayoría natural, considerando la Presidencia de Zapatero tan legal como ilegítima.

¿Que se engañan? Así lo creemos muchos.

A veces nos respalda la evidencia. En Euskadi, en particular, es obvio que la inmensísima mayoría está en las antípodas de su catastrofismo.

Pero el estado de opinión no es ni mucho menos tan obvio en otras áreas. En mi criterio, mientras las urnas no pronuncien un nuevo veredicto, no habrá modo de salir del actual fuego cruzado de descalificaciones. Que haya elecciones y, si el voto popular refuerza las opciones de diálogo, asumidas por todos los partidos parlamentarios salvo el PP, tendrán que pasar a mejor vida los argumentos basados en la excepcionalidad del triunfo socialista del 14-M. Y si la mayoría propicia el regreso del PP a la Moncloa –cosas más raras se han visto–, seremos sus oponentes los que habremos de ir replanteándonos muchas cosas. Todo, incluso.

Javier Ortiz. El Mundo (9 de julio de 2006).