Tras el asesinato de José María Lidón, magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya, los jueces del País Vasco han reclamado a las autoridades que les otorgue mayor protección.
Lidón no había sido amenazado nunca. Jamás había aparecido en ninguna lista de las manejadas por los comandos de ETA. ¿Debería haber contado con escolta policial, de todos modos? En ese caso, habría que poner escolta al conjunto de los jueces del País Vasco. ¿Y por qué sólo a los del País Vasco? ¿Y por qué sólo a los jueces, y no también los fiscales?
¿Y por qué sólo los miembros de la carrera judicial? Un mero repaso de la variedad profesional de las víctimas de ETA de los últimos años obliga a concluir que, en caso de aceptar el criterio al que apuntan los jueces del País Vasco, habría que dotar de escolta policial también a todos los militares, a todo el personal civil que trabaja en relación con las Fuerzas Armadas, a todos los funcionarios de prisiones, a varios miles de profesores, catedráticos y periodistas, a todos los políticos del PP y del PSOE -incluso retirados-, a todos los cargos públicos de esos dos partidos -incluidos los concejales de poblaciones de menos de 1.000 habitantes-, a unos cuantos miles de empresarios... Añádase a eso la necesaria protección de edificios y establecimientos de la Administración, del conjunto de la Banca y de las empresas automovilísticas; la de los autobuses de transporte público y trenes; la de los establecimientos turísticos de la costa mediterránea... Además, y de modo muy especial, deberían contar también con escolta policial los propios policías. Incluidos, claro está, los escoltas. Pero no sólo ellos, sino también sus padres, hermanos y hermanas, cuñados, etcétera, dada la costumbre que los kaleborrokalaris han tomado de emprenderla con las familias de sus objetivos potenciales.
Problema peliagudo, pero en absoluto desdeñable, es el que plantearía dotar de la necesaria protección policial a los camellos y trapicheros, colectivo contra el que ETA ha apuntado ya en varias ocasiones.
En suma: que habría que poner escolta policial a más de un millón de personas.
No sé, pero para mí que eso entrañaría una cierta dificultad. Entre otras cosas porque, como la protección debe cubrir las 24 horas del día los siete días de la semana, hace falta un mínimo de tres policías de escolta por cada persona protegida.
Pero es que, además, llevar a un agente de escolta no pone automáticamente a salvo a nadie. A veces para lo único que sirve es para que se lleven por delante a la víctima elegida y al escolta.
La protección sólo tiene verdaderas garantías cuando se pone en marcha con un despliegue policial adecuado. Yo he tenido ocasión de ver el que arrastran algunos personajes públicos de primera fila. Esos sí que echan para atrás. Pero movilizan tranquilamente a 40 o 50 agentes.
No vale la pena seguir haciendo cálculos: España no tiene población activa suficiente.
Javier Ortiz. Diario de un resentido social (8 de noviembre de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 28 de junio de 2017.
Comentar