Es obvio que fue muy rara la decisión de los jueces de la Audiencia Nacional que pusieron en libertad sin fianza -porque lo liberaron cuando todavía no la había pagado- a un narco que iba a ser juzgado en el plazo de una semana y contra el que el Ministerio Público pedía una pena de cárcel de 60 años. Fue una determinación muy rara, en efecto, y también muy sospechosa.
Pero de ahí a que se les pueda acusar de prevaricación media no poca distancia.
La prevaricación es un delito extremadamente concreto, aplicable solamente al juez que toma una decisión a sabiendas de que es injusta. No basta con que dicte un auto que sea un churro, que no tenga ni pies ni cabeza o que carezca de fundamento legal. Hay que demostrar que lo ha hecho con plena conciencia de que se está pasando la justicia por el arco del triunfo.
Investigar en cabeza ajena es una actividad muy delicada y, por lo general, desaconsejable. A no ser que haya reconocimiento de parte, los pensamientos y las intenciones de cada cual son literalmente insondables. Sólo es posible afirmar que alguien ha hecho algo a sabiendas cuando se cuenta con pruebas objetivas de la intencionalidad de sus actos.
Si se comprobara que los jueces en cuestión han cobrado por ese favor, o que fueron coaccionados para que lo hicieran, cabría condenarlos por prevaricación. Pero la Fiscalía reconoce que su acusación carece de sustento probatorio. Intuye que tuvieron que obrar a conciencia, a la vista de lo disparatado de su resolución. Pero si se condenara por prevaricación a todos los jueces de la Audiencia Nacional que han tomado resoluciones disparatadas, dudo de que quedara en activo ni uno solo de ellos. A Garzón, sin ir más lejos, hace años que hubieran debido arrancarle la toga a tiras.
¿Malos jueces? ¿Jueces prejuiciados? ¿Jueces arbitrarios? La tira. Pero la prevaricación es otra cosa.
Javier Ortiz. Diario de un resentido social (12 de enero de 2002). Subido a "Desde Jamaica" el 26 de febrero de 2017.
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