300 juristas vinculados a Jueces para la Democracia han dirigido al CGPJ un escrito en el que denuncian que no se está respetando la presunción de inocencia de los magistrados de la Sección IV de la Audiencia Nacional, acusados de haber firmado en condiciones irregulares la libertad provisional del presunto narco Carlos Ruiz Santamaría, llamado El Negro. Creen los 300 que se les está sometiendo a un verdadero «linchamiento moral». Consideran que la virulencia de los ataques que están sufriendo tiene mucho que ver con las diversas ocasiones en las que la Sección IV ha contrariado los designios conjuntos del Gobierno y el juez Garzón, y se quejan en especial de unas declaraciones del titular de Interior en las que Mariano Rajoy vino a insinuar que estos magistrados se habían especializado en liberar a peligrosos delincuentes apoyándose en tiquismiquis legales sobre derechos humanos.
No me voy a detener a evaluar las quejas de estos 300 juristas. Todo lo que dicen me parece evidente.
Lo que me molesta es que no se hayan movilizado en favor de la presunción de inocencia hasta que han sido tres compañeros suyos los que se han visto desposeídos de ella.
En España todo el mundo se cisca en la presunción de inocencia de los detenidos. A diario. Hace dos días, sin ir más lejos, se anunció el arresto en Barcelona de «tres miembros de Al Qaeda». Ni que decir tiene que los tres detenidos no han sido juzgados todavía, y menos aún condenados. Pero ya se da por hecho que son cómplices de Ben Laden. Ni siquiera han gozado del privilegio de los magistrados de la Sala IV de ser tratados como presuntos culpables. Se les ha considerado culpables, sin más.
Hacen legión los casos de detenidos que son presentados por las autoridades y los medios de comunicación como culpables de esto o de lo otro y a los que luego la Justicia pone en libertad sin cargos, porque no hay prueba alguna de que hayan cometido ningún delito. Pues tan ricamente. No pasa nada. Nadie exige jamás responsabilidades a los imputadores compulsivos.
Si los juristas de Jueces para la Democracia se hubieran movilizado en su momento para exigir a los responsables policiales y políticos que respeten la presunción de inocencia de todos los detenidos, poniendo el grito en el cielo cada vez que no lo hacen, y si hubieran criticado severa y sistemáticamente a los medios de Prensa que una y otra se hacen acrítico eco de las frívolas imputaciones de los primeros, es posible que ahora no se vieran en la necesidad de reclamar nada. Y no darían la imagen de corporativismo que están dando.
Javier Ortiz. Diario de un resentido social (22 de enero de 2002). Subido a "Desde Jamaica" el 28 de febrero de 2017.
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