El cese de hostilidades decidido por ETA el pasado miércoles se diferencia de otros anteriores no sólo por su carácter indefinido e incondicional, sino también -y sobre todo- por su destinatario: esta mal llamada tregua no es un gesto dirigido al Estado español, sino a las fuerzas políticas y sociales vascas que asumen la defensa del derecho de autodeterminación (no sólo a las nacionalistas: también incluye a IU-EB). ETA les viene a decir: «Durante tres décadas, yo me he dedicado a matar y poner bombas a partir del convencimiento de que el Estado español no tolera nuestros fines políticos. Vosotros me insistís en que es posible alcanzarlos por vía pacífica y democrática. Os concedo el beneficio de la duda. Dejo de disparar. Y ya veremos».
Cumple comprobar ahora si efectivamente las metas políticas a las que se refiere ETA -y que han sido resumidas en la Declaración de Estella en lo que de común tienen a todos sus firmantes-, son perseguibles, y eventualmente alcanzables, por vía pacífica.
Siempre se ha dicho -es casi un tópico- que en nuestro Estado de Derecho cualquier posición política es defendible. Y así es, en términos generales. Pero ésa no es la cuestión fundamental. Para quien quiere algo, lo esencial no es que le permitan pedirlo, sino que se le conceda la oportunidad de obtenerlo. De lo contrario, lo único que se le otorga es el no muy reconfortante derecho al pataleo.
Lo cual nos conduce directamente al siguiente -al verdadero- dilema: ¿existe, así sea como mera hipótesis, la posibilidad de que el pueblo vasco obtenga el derecho de autodeterminación, entendido como derecho a decidir si quiere separarse de España y, en caso contrario, a negociar en tanto que entidad soberana en qué condiciones forma parte del Estado español?
Es una pregunta que remite a dos campos de cuestiones, ambos verdaderamente peliagudos.
Uno es el referente al sujeto de la soberanía: hay que decidir qué se entiende por pueblo vasco. ¿Son o no son vascos -quieren o no serlo- los habitantes de, por ejemplo, Lesaka, Lekunberri o Lizarra? ¿Y los de -otro ejemplo- Tudela, Cintruénigo o Fitero? ¿Y los que -otro ejemplo más- en vez de DNI llevan en el bolsillo una Carte d'Identité? Es lo que se ha llamado «la cuestión de la territorialidad». Intrincado mejunje donde los haya, en el que se entrelazan decenas de subcuestiones.
Pero ni siquiera vale la pena plantearse ese problema si previamente no se ha resuelto otro: ¿estarán dispuestos los españoles no vascos -y los vascos que se sienten irrenunciablemente españoles- a admitir la posibilidad de que el destino de Euskadi pueda ser decidido por alguien que no sea el pueblo español en su conjunto?
Dejo estas preguntas en el aire. Me limitaré por ahora a formular una profecía: pronto habrá más de uno que añorará los tiempos en los que ETA impedía que todo este asunto pudiera plantearse.
Javier Ortiz. El Mundo (23 de septiembre de 1998). Subido a "Desde Jamaica" el 25 de septiembre de 2011.
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