Cuanto más lo veo, más me preocupo.
Cualquiera que tenga aunque sea sólo unas mínimas nociones de Derecho se da cuenta, así que examina el artículo 129 del Código Penal invocado por Baltasar Garzón para ordenar la suspensión de las actividades de Batasuna, de que el juez instructor está usándolo de manera abusiva. Se trata -texto y contexto lo delatan a las claras- de una disposición pensada para empresas y asociaciones de carácter privado, y no para partidos políticos. De hecho, el artículo habla de suspender las actividades de sociedades, empresas, fundaciones o asociaciones, sin más. De haber sido voluntad del legislador que esa potestad judicial abarcara a los partidos políticos, lo habría mencionado de manera explícita, al tratarse de un tipo de asociación tan característico como relevante desde un punto de vista jurídico.
No sólo la lógica jurídica: también el puro sentido común impide considerar que el mencionado artículo 129 del Código Penal sea aplicable a la actividad de un partido político. Un partido es expresión del uso y disfrute de un derecho fundamental, cual es el de asociación política. Un juez instructor no es quién para prohibir a miles de personas, que ni siquiera están procesadas -no digamos ya condenadas-, el ejercicio de uno de sus derechos fundamentales.
Tengamos todos por seguro que cientos, que miles de juristas españoles han analizado y catalogado este asunto del mismo modo que yo acabo de hacerlo. ¿Por qué callan? ¿Por qué ninguno levanta la voz para decir que lo que está haciendo Garzón es jurídicamente impresentable, un fraude de ley como la copa de un pino?
La respuesta es tremenda. Callan unos -los más, probablemente- porque creen que contra Batasuna vale todo: lo aplicable y lo inaplicable. Si callaron ante la actuación de los GAL, ¿por qué iban a alzar ahora su protesta?
Y calla el resto por puro y simple miedo. Porque saben que, en el clima de histeria patriotera que han puesto en marcha entre el PP y el PSOE, mostrar reticencias, por justificadas y razonables que sean, equivale a inscribirse uno mismo en la lista negra de los cómplices del terrorismo.
Hoy Garzón va a suspender cautelarmente las actividades de Batasuna, pero no por el artículo 129 del Código Penal, sino por el artículo 33 de su real gana, consentida y jaleada por la mayoría del pueblo español.
Javier Ortiz. Diario de un resentido social (26 de agosto de 2002). Subido a "Desde Jamaica" el 14 de enero de 2018.
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