José María Aznar rechaza que se forme una comisión parlamentaria de investigación sobre el caso BBV. Dice que no hay que «politizar» el asunto. Acto seguido, añade que más les vale al PSOE y al PNV que no se mire debajo de las alfombras del banco que presidió Emilio Ybarra, porque podrían aparecer cosas que no les convienen nada.
Se trata de una posición que no destaca precisamente por su coherencia.
En primer lugar: si no quiere que el caso se politice, ¿a cuento de qué hace esas insinuaciones sobre el PSOE y el PNV? Al formularlas, él mismo lo está politizando.
En segundo término: si cree que este asunto oculta tales o cuales responsabilidades de esos dos partidos, entonces no hace al caso que pida que nadie lo politice, porque estaría ya politizado de origen. A lo más que podría aspirar es que nadie desvele la auténtica realidad de esa politización.
Tercer punto chocante: si tiene razones para sospechar que el PSOE y el PNV incurrieron en irregularidades en connivencia con los directivos del viejo BBV, su obligación es hacer lo posible para que la Justicia, de un lado, y los electores, del otro, tomen buena nota de ello y saquen las conclusiones procesales y políticas que hagan al caso. Pretender lo contrario da cuenta de una muy preocupante falta de respeto tanto hacia la Justicia como hacia la ciudadanía.
José María Aznar empeña su palabra de honor para respaldar su afirmación de que el Gobierno que preside no sabía nada de este escándalo. Debe de formar parte del viejo y recurrente síndrome de la Moncloa: a Felipe González le daba por poner la mano en el fuego; él compromete su palabra. En ambos casos estamos ante la misma pretensión absurda: uno puede, como mucho, certificar qué sabe o qué no sabe él, no lo que saben o dejan de saber los demás. En el supuesto de que la palabra de Aznar -como antes la de González- nos sirviera para algo, nos valdría como aval de sus propios conocimientos, no de los conocimientos de Rato o de cualquier otro alto cargo de Economía o de Hacienda.
Para acabar de suscitar el mosqueo general, y por si lo de Aznar fuera poco, aparece CiU y se apunta también a la tesis de que «es mejor para todos» no remover este asunto. Hay una ley absoluta de la política española: cuando CiU apela al «sentido de Estado» para pedir que no se investigue algo, es que el gato encerrado es de aúpa. En materia de complicidad, CiU carece de rival posible.
Yo aporto otra pieza de convicción para deducir que este escándalo oculta mucho más de lo que ha aparecido hasta ahora: es imposible que aparezca algo que pueda perjudicar al PNV y que Aznar renuncie a utilizarlo.
Javier Ortiz. Diario de un resentido social (11 de abril de 2002) y El Mundo (13 de abril de 2002). Subido a "Desde Jamaica" el 19 de abril de 2017.
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