Desde Jamaica

La fórmula que utilizan los jurados de los tribunales norteamericanos es muy precisa: «No culpable».

No dicen «inocente». Dicen «no culpable».

Se limitan a manifestar con ello que, en su criterio, las pruebas presentadas por el Ministerio Público para demostrar la culpabilidad del reo son insuficientes.

No pretenden que sea inocente. No entran en eso. Nadie les pide que lo hagan. Responden estrictamente a la pregunta que les formula el juez: «¿Considera el jurado que el acusado es culpable o no culpable de los cargos que se le imputan?».

Las pruebas presentadas por el fiscal de Florida contra Joaquín José Martínez eran a todas luces insuficientes. A partir de ellas, resultaba imposible deducir su culpabilidad más allá de toda duda razonable. O, dicho al revés: lo razonable era dudar. En tales condiciones, no cabía sino aplicar el viejo principio jurídico romano: in dubio, pro reo. En caso de duda, a favor del reo.

El fiscal de Tampa ha sido víctima de sus propias malas artes. Creyó estar ante otro caso de hispano-que-qué-más-da, de los muchos que se juzga diariamente en los Estados Unidos y a los que se condena en tres patadas porque son, como en la canción de Kris Kristofferson, «alguien que nadie conoce,/ alguien al que nadie escucha,/ alguien que grita en soledad/ en una ciudad en la que a nadie le importa». Y eso es lo que fue inicialmente el caso contra J.J. Martínez, y por eso no costó nada fabricar unas cuantas pruebas contra él, y por eso fue posible obtener sin mayor problema un veredicto de culpabilidad y la sentencia de muerte correspondiente. ¿Para qué iba el ministerio público a armar una acusación sólida y bien trabajada, si podía arreglárselas con una de andar por casa?

Pero luego el caso cambió, y los padres de Martínez consiguieron dinero, y las autoridades españolas metieron baza, y el fiscal se encontró con un juicio en serio, un juicio para el que no estaba preparado, en el que sus remedos de prueba se fueron desmoronando uno tras otro.

«Ha sido declarado inocente», pretenden -muy lógicamente- sus padres. Pero no es eso. Lo que ha probado la causa del Estado de Florida contra Joaquín José Martínez es que en los Estados Unidos hay dos clases de procedimientos penales: uno para parias; el otro, para la gente de posibles. En el primero rige la chapuza, los interrogatorios con malos tratos, las confesiones arrancadas a bofetones, los testigos aleccionados, sobornados o chantajeados, los jurados con prisa por acabar con ese engorro y volver a casa, los jueces bostezantes... Los segundos son totalmente diferentes: se hacen en serio.

Si un caso preparado para desenvolverse en la primera de esas categorías es trasladado a la segunda, se hunde.

Y de eso se ha beneficiado Joaquín José Martínez.

Por lo demás, es posible que nunca sepamos quién fue realmente el asesino. Porque de eso sí que no cabe duda: hubo uno. Al menos uno.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (8 de junio de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 7 de mayo de 2017.