Alientan los anglosajones la elegante costumbre de conceder cien días de plazo a quien llega a un cargo político, antes de empezar a enjuiciar su capacidad y atino.
No cuenta esa tradición con demasiados adictos en España. El celtíbero, por lo general indolente, es capaz de mostrar una inaudita diligencia cuando de lo que se trata es de murmurar contra un nuevo mandamás. Excepción hecha de quienes confían en que el recién investido tenga a bien ayudarles a repletar la faltriquera, lo más usual por aquí es que el personal -y muy especialmente el personal de mi ramo- bufe de impaciencia, deseando que el nuevo preboste confirme lo antes posible que es un canalla, o un imbécil, o ambas cosas, tras de lo cual ya puede ponerlo convenientemente a caldo.
Me había prometido a mí mismo que en esta ocasión no incurriría en tan fea costumbre. Así que, para prevenirme contra ella, inicié el 3 de marzo una campaña personal de acopio de intenciones pías. Me he venido repitiendo desde entonces a diario que, por una vez en mi vida -y así fuera solo para constatar los efectos del experimento sobre mi sistema neurológico-, iba a conceder a los nuevos gobernantes el famoso plazo de cien días. Estaba dispuesto a tratarlos con elegancia, en suma.
Pero es que no se dejan.
Era mi deseo concederles el beneficio de la duda por un tiempo, pero hay cosas a las que no cabe poner plazo. La decencia, por ejemplo, no es aplazable.
El Gobierno de Aznar, que ya ha impedido que se constituya en el Parlamento una comisión de investigación sobre los GAL, va a negar a los jueces los papeles del CESID. No ha tomado todavía la decisión firme, pero todo lo que está avanzando al respecto apunta en esa dirección.
Expondré el razonamiento que me hago a partir de ello.
Premisa primera: Aznar dice que no puede favorecer una comisión de investigación acerca de los GAL porque no es correcto que un Gobierno se dedique a investigar a su antecesor. Con lo que admite implícitamente que sabe que los GAL fueron cosa de su antecesor.
Segunda premisa: Aznar sabe también que la desclasificación de los papeles del CESID es clave para que la Justicia pueda castigar los crímenes de los GAL. Como sabe que en esos papeles no hay nada que afecte a la seguridad nacional (de hecho, hasta 1991 ni siquiera tuvieron categoría de secretos).
Conclusión: Aznar sabe que, si no desclasifica los papeles del CESID, impedirá -o, al menos, dificultará gravemente- el castigo de los crímenes de los GAL.
Pues bien: el artículo 451 del nuevo Código Penal deja muy claro cómo hay que juzgar la actuación de quien, teniendo conocimiento de un delito, ayuda con abuso de su función pública a que los presuntos responsables eludan la investigación de la autoridad. Lo considera delito de encubrimiento.
Eso dice la Ley. La ética reserva otros nombres para quien actúa así. Y no le hace falta esperar cien días para encontrarlos.
Javier Ortiz. El Mundo (22 de mayo de 1996). Subido a "Desde Jamaica" el 28 de marzo de 2013.
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