Desde Jamaica

El alto mando del PP se refiere a los integrantes de Nafarroa Bai (NaBai) sirviéndose de una curiosa perífrasis: «Los que quieren que Navarra deje de ser Navarra».

Se proclaman defensores de la identidad de Navarra pero, en la práctica, la tienen por muy poco. La encorsetan en una simple contingencia institucional, desproveyéndola de sus hondas raíces históricas y de su fuerte personalidad cultural y social.

¿Navarra es y será Navarra sólo en la medida en que mantenga su estatus político-administrativo presente? Si así fuera, habríamos de deducir que Navarra no fue Navarra hasta agosto de 1982, cuando se aprobó la vigente Ley de Amejoramiento. Lo cual es tan absurdo como vaticinar que dejaría de ser Navarra si alcanzara acuerdos de coordinación administrativa con otros territorios que participan de su misma tradición foral, como son Alava, Guipúzcoa y Vizcaya.

Manejan el espantajo de la asociación de Navarra a las tres provincias de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) haciendo como si desconocieran dos realidades clave. La primera es que NaBai se ha comprometido por activa y por pasiva a no plantear ningún posible cambio en el estatuto jurídico de la Comunidad Foral a lo largo de la legislatura que ahora empieza. La segunda es que NaBai (esto es, los diversos partidos y personalidades independientes que la integran) defiende que para llevar a la práctica cualquier cambio de ese género, en el caso de que llegara a plantearse en un futuro, se precisaría el respaldo de la mayoría del pueblo de Navarra, que debería otorgarlo (o negarlo) en un referéndum convocado al efecto. Lo cual excluye por principio cualquier iniciativa de género impositivo.

No olvidemos en este punto que las imposiciones, en una situación como la navarra, pueden ser de dos tipos, y no sólo del que tanto abomina el PP. También constituiría una imposición inaceptable que una autoridad, fuera del tipo que fuere, pretendiera vedar a los navarros la posibilidad de avanzar por la vía de su progresiva coordinación cultural, económica y político-administrativa con los territorios de la CAV. Una eventualidad que -no lo olvidemos- está prevista en la propia Constitución Española y que es hondamente sentida por buena parte de la sociedad navarra.

El PP y su franquicia local, UPN, son perfectamente capaces de decir que se tomarían como un casus belli que un nacionalista fuera elegido para presidir una institución foral y, a la vez, pretender que son los máximos defensores de posiciones integradoras del conjunto de la población navarra. Quieren marginar a la segunda fuerza política del territorio... ¡en nombre de la convivencia y el entendimiento!

Pero todo eso da igual. Contemos con que se trata de gente a la que le importa un bledo no ser razonable. Se conforma con resultar contundente.

Javier Ortiz. El Mundo (2 de julio de 2007). Subido a "Desde Jamaica" el 26 de junio de 2018.