Desde Jamaica

Ignoro las verdaderas razones por las que los tribunales de Florida que entienden en el caso de Terri Schiavo se han negado a plegarse a la santa voluntad de George W. Bush. Es muy posible que sus integrantes estén luchando más por el fuero que por el huevo, que la polémica sobre la eutanasia y el enseñamiento médico les importe un bledo y que lo que estén defendiendo con uñas y dientes sea la autonomía del poder judicial ante el ejecutivo, o los derechos de los estados frente a las intromisiones del poder federal, o ambas causas a la vez. No lo sé.

Lo que sé es que lo hacen y que, según todas las trazas, Bush y su cohorte de senadores y congresistas van a tener que comerse su ley ad hoc con patatas.

Lo cual demuestra que en los Estados Unidos de América, si bien es cierto que hay sectores de la población que son de un primitivismo ultrarreaccionario verdaderamente anonadante -y este caso lo ha demostrado más que de sobra-, también existe una muy apreciable dinámica interinstitucional: llegado el caso, los diversos poderes pueden chocar entre sí y contrapesarse. Montesquieu, mal que bien, sigue vivo por aquellos pagos.

Aquí, sólo los más viejos del lugar recordamos los tiempos en los que en alguna ocasión -siempre de modo muy limitado y con prudencia rayana en el miedo cerval- algún tribunal de los que zanjan en última instancia se atrevió a contrariar los designios del Ejecutivo de turno. Más difícil aún es recordar las ocasiones en las que han desautorizado medidas acordadas de consuno entre el PSOE y el PP.

Hay quienes se ofenden cuando oyen decir que esos tribunales son lacayos del poder político, pero no conozco a nadie que, pasados los años y superado el asunto objeto de polémica, no admita que ha habido sentencias del Supremo y del Constitucional que fueron de auténtica vergüenza ajena, por su clamorosa falta de rigor jurídico y su evidente servilismo. Estoy seguro de que, dentro de cinco o diez años, los mismos que ahora fingen escandalizarse cuando algunos afirmamos que el dictamen del Tribunal Supremo contra Aukera Guztiak es un disparate jurídico, lo admitirán sin el menor sonrojo.

El asunto va ahora al Tribunal Constitucional. Hay optimistas que piensan que no es imposible que el TC contraríe la decisión unánime de la Sala Especial del Supremo. Se basan en el hecho de que la presidenta del TC, María Emilia Casas, votó en su día el amparo a la Mesa Nacional de HB, forzando su excarcelación, y se opuso a la impugnación del plan Ibarretxe promovida por el Gobierno de Aznar. Puestos a buscar argumentos, recuerdan que el marido de Casas, el ex magistrado Jesús Leguina, fue en su día asesor del PNV y realizó un dictamen jurídico contrario a la LOAPA, contribuyendo a su parcial declaración de inconstitucionalidad.

Se habla de la posibilidad de que el TC esté dividido en el asunto de Aukera Guztiak y que el voto de Casas pueda inclinar la balanza del lado de la candidatura anulada. Sin descartar tal posibilidad, he de recordar que la señora Casas ha sido solidaria de otras sentencias del TC muy poco presentables. Además, no es lo mismo tomar postura en un asunto que ha provocado división de opiniones en el Supremo que hacerlo en otro que ha merecido un voto unánime, como es el caso. Supondría desautorizar a la Sala en pleno.

Mi vaticinio, expresado con las debidas reservas, es que el TC va a tragar.

Echará una llave más al sepulcro de Montesquieu.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (28 de marzo de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 19 de noviembre de 2017.