Un presunto miembro de ETA ha declarado que los cocineros Juan Mari Arzak y Pedro Subijana dieron dinero a la organización terrorista para que no los pusiera en su punto de mira y todo el mundo ha apuntado al instante que el pago del malísimamente llamado «impuesto revolucionario» constituye un delito de colaboración con banda armada tipificado en el artículo 576 del Código Penal vigente.
No comparto ese criterio. Me parece harto dudoso que el pago de una extorsión pueda ser definido como un acto de colaboración con el terrorismo. Colaborar es trabajar de manera conjunta, cooperar para la consecución de un fin, y quien paga a ETA bajo amenaza no persigue ni mucho menos el mismo fin que los terroristas. Ellos buscan promocionar su causa; quien paga, en cambio, lo único que pretende es evitar que le den dos tiros por negarse a hacerlo. Si eso es colaborar con el terrorismo, habrá que acusar de promocionar los atracos a mano armada a todo aquel al que asalten a punta de pistola y se avenga a desprenderse de su billetera.
No estamos hablando de un peligro hipotético, sino de un riesgo cierto. ETA ha llegado a castigar con la pena de muerte el impago de su sedicente «impuesto». Es cierto que ha habido empresarios que han rehusado pasar por el aro -también hay gente que planta cara a los atracadores cuando es asaltada, si vamos a eso-, pero no creo que quepa exigir al común de los mortales que ejerza de héroe, y menos cuando su oficio le obliga a estar de cara al público -desprotegido, en consecuencia- día sí y día también.
Se dice que Arzak y Subijana pueden alegar la eximente de «estado de necesidad». No diré que no, pero yo que ellos, en el caso de que reconozcan haber pagado, apelaría directamente a la circunstancia prevista en sexto lugar en el artículo 20 del Código Penal, que exime de responsabilidad a «el que obre impulsado por miedo insuperable». Es su caso.
De todos modos, no deja de resultar paradójico que muchos de los que hace nada felicitaban al Gobierno italiano por haber resuelto felizmente el secuestro de las Simonas gracias a un generoso pago en dólares, se lleven las manos a la cabeza ahora porque unos particulares huyen de problemas mayores haciendo lo propio. Es igualmente chocante que quien castigue con tanta severidad esos desembolsos sea el mismo Estado cuyos dirigentes pagaron 200 millones de pesetas en 1979 para liberar a uno de los suyos: el hoy director del Comité Antiterrorista de la ONU, Javier Rupérez, que había sido secuestrado por ETA. Nadie procesó entonces a Adolfo Suárez, pese a que el delito en cuestión ya figuraba en el Código Penal, concretamente en el art. 174 bis a).
Digo yo que convendría servirse de los embudos para lo que valen, sin meterlos en danza cuando de leyes se trata.
Javier Ortiz. Apuntes del natural (15 de octubre de 2004) y El Mundo (16 de octubre de 2004). Hay algunos cambios, pero no son relevantes y hemos publicado la versión del periódico. Subido a "Desde Jamaica" el 17 de julio de 2017.
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