Desde Jamaica

Siento gran estima por la buena educación. La buena educación no consiste en conocer cómo se utiliza la pala del pescado y cuándo es correcto recurrir a los dedos para llevarse un alimento a la boca -aunque saber esas cosas tampoco sobre- sino en hacer lo posible por facilitar razonablemente la vida a los demás. No es tanto un conjunto de normas como una actitud personal. Puede tener múltiples reflejos. Verbi gratia, y por referirme a mi medio, se me ocurren dos muestras de buena educación muy poco frecuentes: no interrumpir a los demás cuando hablan y renunciar a los codazos para llegar hasta el whisky y los canapés en los actos públicos. Nada más que con eso, los modales de los periodistas mejorarían la tira.

Pero la buena educación tiene sus límites. Por ejemplo, no obliga a ceder el paso al tipo que nos acaba de robar la cartera. Tampoco prohibe levantar la voz cuando alguien se dispone a asesinar a otro. Elemental, ¿no?

Pues me da la sensación de que nuestros parlamentarios distan de tener clara esa cosa tan elemental.

Tomemos el debate de anteayer y ayer. Salvando el caso de José María Aznar, que se limitó a precisar que no acusaba al presidente del Gobierno de ser un delincuente -y ello porque el Congreso no es el lugar adecuado para formular imputaciones de ese tipo-, todos los otros censores de González pusieron el más feroz empeño en aclarar que ellos dejaban a salvo las buenísimas intenciones del jefe del Ejecutivo. Alguno hubo que afeó incluso al PP sus abucheos, «impropios de la cortesía parlamentaria». Hasta los presuntamente más distantes del criticado, caso de doña Pilar Rahola y don Vicente González Lizondo -quien esta vez no llevaba en el bolsillo una naranja, sino algo aún más raro: una moción de censura sin candidato- se atuvieron a la pauta versallesca: la primera afirmó que ella «sabe» que las intenciones del jefe del PSOE «son buenas» y el segundo que a él le consta que González «quiere a este país». ¿Y cómo es posible que les conste eso? ¿Se han dado un garbeo por las neuroncillas del presidente o lo han deducido de la transparente bondad de sus actos? Nada: pura «cortesía parlamentaria».

Pues bien: respeto por respeto, a quienes primero debe respetar un parlamentario es a sus electores. Y si los electores están indignados con el presidente del Gobierno y consideran que los ha estafado, la obligación del diputado es subir a la tribuna, dejarse de mandangas y decirlo bien clarito. Y si para eso tiene que emplear los términos que la lengua castellana reserva para los individuos que se comportan de mala manera, pues sus y a ellos.

La cortesía, para quien se la merece y gana. No vaya a resultar que, por culpa de la cortesía, se acabe tratando al de Filesa y los GAL como si lo suyo no fuera tan decididamente intolerable.

Javier Ortiz. El Mundo (21 de abril de 1994). Subido a "Desde Jamaica" el 22 de abril de 2012.