Insiste el Gobierno en que su voluntad de ilegalizar Batasuna no tiene nada de especial: es así como se comportan -dice- «las democracias maduras». Y evoca experiencias que considera ejemplares: Alemania y Francia también han prohibido partidos extremistas en uno u otro momento, y con bastantes menos tiquismiquis.
Se equivoca.
La República Federal Alemana mantuvo durante la Guerra Fría leyes de excepción inaceptables, que avalaban incluso la discriminación laboral por razones ideológicas. Supongo que no pretenderá el PP servirse de esas leyes como modelo aquí y ahora.
El caso francés es también sui géneris, aunque por otra vía: su sistema concede al presidente tantas facilidades para poner fuera de la ley a los partidos que se le atragantan como a éstos para regresar a la legalidad al día siguiente inscribiéndose con otro nombre.
La verdad es que, diga lo que diga Aznar, su vía cerradamente prohibicionista suscita fuertes reticencias incluso entre sus socios y amigos de la UE. Ni un solo organismo comunitario ha emitido proclama alguna de apoyo a su tesis, según la cual «las democracias maduras» están obligadas a hacer lo que él está haciendo ahora. No apoyan ese dogma, y se entiende: si lo hicieran, estarían condenando la actitud del Reino Unido, que nunca, ni en los peores momentos, se planteó la ilegalización del Sinn Fein, cuya connivencia con el IRA ha sido siempre aún más clamorosa que la de Batasuna con ETA, entre otras cosas porque nunca se ha tomado el trabajo de negarla.
Alegan algunos que las realidades de Irlanda del Norte y Euskadi son muy diferentes. Por supuesto que lo son. Pero el hecho es que el Sinn Fein ha justificado siempre los atentados del IRA. Incluso los más sangrientos. Aún ahora, en medio de la tregua, sigue en las mismas: a lo más que ha llegado es a «lamentar» que las acciones de su brazo armado hayan provocado «víctimas civiles».
Peor todavía: a diferencia de lo que sucede con ETA, que hace lo que le viene en gana diga lo que diga Batasuna, todo el mundo sabe que el IRA está a las órdenes del Sinn Fein, lo que, obviamente, agrava la responsabilidad del partido político. Lo cual no ha animado jamás a los sucesivos ejecutivos británicos -incluido el de Margaret Thatcher- a ilegalizar el Sinn Fein. Cuando han comprobado la implicación de tal o cual militante o dirigente republicano en este o aquel acto terrorista, han ordenado su detención y lo han conducido ante la Justicia. Y a fe que se las ha hecho pasar canutas a muchos, recluyéndolos en cárceles infectas. Pero nunca ha pretendido poner fuera de la Ley al partido como tal.
¿Por qué? Supongo que para no privar a la población republicana norirlandesa de un importante cauce de representación. Y para conservar un interlocutor válido, llegado el caso (un caso que llegó, por cierto).
Pero se ve que ese tipo de consideraciones no interesan a los dirigentes de nuestra «democracia madura».
Javier Ortiz. Diario de un resentido social (3 de septiembre de 2002) y El Mundo (4 de septiembre de 2002). Hay algunos cambios, pero no son relevantes y hemos publicado aquí la versión del periódico. Subido a "Desde Jamaica" el 15 de enero de 2018.
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