Desde Jamaica

Si ETA trata de matarte, tienes derecho a reclamar el apoyo de la sociedad y la protección del Estado.

Lo que no puedes pretender -o no deberías pretender, al menos- es que, a partir de tan reprobable circunstancia, se te conceda todo cuanto pides. Por ejemplo: no hace al caso que te plantes ante la persona de tus amores, que te viene dando calabazas sistemáticamente, y le espetes: «O me haces caso de una puñetera vez o te acusaré de cómplice del terrorismo». Tampoco parece adecuado que compres un boleto de la Primitiva y hagas saber al organismo de apuestas del Estado que más vale que te toque, porque, si no, se entera.

Edurne Uriarte, profesora de la Universidad del País Vasco y miembro del Foro de Ermua, se libró por los pelos de un atentado de ETA. ¿Apoyo social, protección? Cuanto mayores, mejor. Qué duda cabe.

Meses después, Uriarte optó a una cátedra y el tribunal se la otorgó. La decisión causó extrañeza en el mundo universitario bilbaino, porque el oponente de Uriarte, Francisco Letamendia, reunía no más méritos académicos, sino muchísimos más. No faltaron las suspicacias, dada la militancia política de varios de los miembros del tribunal. Letamendia recurrió la decisión y la Comisión de Reclamaciones de la UPV decidió hace tres días anular la decisión del tribunal. No le ha «despojado» de la cátedra, como se ha dicho, porque nunca llegó a tomar posesión de ella: sencillamente, le han dicho que no la asumirá.

Gran escándalo anteayer y ayer en los mentideros político-periodísticos de la Villa y Corte, jaleados por la propia Edurne Uriarte. Ríos de tinta, editoriales, entrevistas... Sin conocer ni jota del contenido académico del asunto, dieron de inmediato por hecho que la Comisión de Reclamaciones había tomado una decisión política. El propio vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó que la actuación de la Comisión había sido de una «sinvergonzonería preocupante» y subrayó que Letamendia fue «diputado de HB». Incluso acusaron al propio rector de la UPV, Manuel Montero, de haberse plegado a las presiones del «entorno de ETA».

El disparate fue completo. Para empezar, Letamendia no tuvo nunca acta de diputado de HB, sino de la primera Euskadiko Ezkerra. HB ni siquiera existía por entonces. En segundo lugar, la Comisión de Reclamaciones de la UPV está presidida por un catedrático que milita en el PSE-PSOE, tendencia Redondo Terreros: ¡curioso instrumento del abertzalismo radical, a fe! En tercer lugar, para tener derecho a hablar de injusticia -no digamos ya de sinvergonzonería-, lo primero que deberían haber hecho los medios informativos con sede en Madrid -no digamos ya el vicepresidente del Gobierno de Aznar- es cotejar los méritos académicos de los dos candidatos a la cátedra. Cosa que, por supuesto, no hicieron.

Larga conversación ayer por la mañana entre el rector de la UPV y Rajoy. Montero le ilustra sobre las circunstancias concretas del caso. El vicepresidente comprende que no tiene escapatoria: admite que habló sin contar con la suficiente información (!), le pide excusas y le autoriza a que haga pública su rectificación. Montero lo hace.

¿Han leído o escuchado ustedes las autocríticas de los medios que tanta verborrea y de tan grueso calibre pusieron en circulación al respecto? Yo no. Quizá es que no he buscado bien.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (14 de febrero de 2002). Subido a "Desde Jamaica" el 3 de marzo de 2017.