Desde Jamaica

Ahora es la moda de las «leyes no escritas». En cuanto algún preboste no encuentra argumentos de peso para exigir a los demás que obren como le place o conviene, dice que su pretensión representa una «ley no escrita».

Ya comentó el lunes Gabriel Albiac lo del diputado felipista Luis Yáñez, para quien las referencias de Julio Anguita al Rey suponen la violación de una «ley no escrita» de «nuestra» vida política.

En épocas pasadas, se hablaba a veces de «leyes no escritas» para referirse a ciertas normas que, por más que no estuvieran recogidas en ningún código, resultaban de cajón. Ahora no. Lo característico de las «leyes no escritas» de estos tiempos es que reivindican normas opuestas a las fijadas por la leyes escritas. Es el caso de la descubierta por Luis Yáñez -se ve que el 92 no sació su sed de descubrimientos-, con la que trata de imponer a la libertad de expresión límites mucho más estrechos que los definidos en la Constitución.

Javier Pradera, columnista de El País, ha desvelado otra «ley no escrita». La anunció urbi et orbi el pasado domingo. La «ley no escrita» de Pradera prohíbe a los Gobiernos aprovechar su control temporal de «la caja negra de la información secreta» del Estado para obtener «armas jurídico-penales» con las que «destruir a sus inmediatos antecesores y a sus eventuales sucesores».

Me pregunto si Pradera habrá reflexionado seriamente sobre las implicaciones que presenta su «ley no escrita». Quisiera creer que no.

Veamos.

De la lectura del enunciado de su «ley» se deduce que él da por hecho que la «caja negra» de los secretos oficiales del Estado encierra pruebas fehacientes de que el Gobierno de González cometió delitos tipificados en el Código Penal. (Así ha de ser, porque de lo contrario nadie podría extraer, ni de esa «caja negra» ni de lugar alguno, «armas jurídico-penales» destructivas). Conclusión: según él, los de Aznar podrían probar que sus antecesores cometieron delitos, pero no conviene que lo hagan -o, mejor dicho, conviene que no lo hagan-, porque en ese caso el país se quedaría sin alternativa.

Dos problemas de esta «ley no escrita». Uno de género legal: para atenerse a ella es necesario violar una ley, y muy seria, que sí está escrita. Es el vigente Código Penal, que en sus artículos 451 y siguientes tipifica el delito de encubrimiento.

Pero lo más grave de la «ley no escrita» de Pradera no está en la poco disimulada incitación al delito que encierra, sino en la aberrante concepción de la política que deja traslucir: el objetivo supremo que se marca es conseguir que no le falten al Gobierno «eventuales sucesores». ¿Que algunos de ellos no están en la cárcel sólo porque alguien ha ocultado las pruebas que demuestran que son delincuentes? Qué quiere usted; nadie es perfecto.

Concebida así la política, con tan singular escala de valores, todo es posible. Y, en efecto, todo ha sido -todo está siendo- posible.

Javier Ortiz. El Mundo (11 de septiembre de 1996). Subido a "Desde Jamaica" el 4 de julio de 2009.