Afirma Enrique Fernández Miranda, delegado del Gobierno para asuntos de extranjería: «Decir que hay un paralelismo entre inmigración y delincuencia no es atizar el racismo».
Sí lo es.
Una parte muy considerable de la población inmigrante vive en condiciones legales y económicas extremadamente precarias, que favorecen -cuando no determinan- su marginación social. Y la marginación social es un excelente caldo de cultivo para ciertas formas de delincuencia.
Seguir ese razonamiento no contribuye a atizar el racismo, desde luego. Saltárselo y asociar directamente la inmigración con la delincuencia, sí. Quienes dan ese interesado salto no centran la atención de la opinión pública en el modo en que se está produciendo la inmigración, sino en la inmigración misma. Con lo cual fomentan un clima de hostilidad hacia la inmigración. Es decir, hacia los inmigrantes.
El Gobierno y sus lugartenientes insisten en aparentes obviedades que no tienen nada de tales.
Tomemos esta otra: subrayan la necesidad de aplicar una política crecientemente restrictiva de la inmigración y lo argumentan alegando que la riqueza de España no da para alimentar infinitas bocas. Pero, si el problema es ése, ¿por qué se muestran a la vez tan preocupados por la escasa natalidad autóctona? ¿Qué pasa? ¿Que empieza a sobrarnos gente de un tipo y nos falta del otro?
Sí.
La verdad -la oculta, la inconfesable- es que al entramado económico español le conviene contar con una tasa relativamente amplia de infraempleo, que no cabe cubrir de manera satisfactoria con la población autóctona, básicamente porque no se deja. Para esa función -y sólo para esa función- necesita a los inmigrantes. Los necesita en cantidad ligeramente excesiva: la suficiente para que haya competencia entre ellos y acepten trabajar en lo que sea, por el salario que sea y en las condiciones que sea. No más: por eso hay que regular el grifo con fina precisión.
Ahora bien: para que los inmigrantes acepten infraempleos, tienen que estar en infracondiciones. De ésas que fomentan la delincuencia. Porque, si se les equiparara masivamente en gasto salarial y social con la población autóctona no marginalizada, serían superfluos. Para eso ya hay parados locales de sobra.
¿Que la inmigración, tal cual está, implica desarraigo social, y el desarraigo social delincuencia? Claro. Pero eso no les molesta gran cosa. No hay mal que por bien no venga: así pueden hacer un poco de lepenismo sin Le Pen.
Javier Ortiz. Diario de un resentido social (7 de mayo de 2002) y El Mundo (8 de mayo de 2002). Subido a "Desde Jamaica" el 24 de abril de 2017.
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