«¿Ha pasado Vd. por aquí anteriormente?», pregunta el guardia civil con aspecto de marine norteamericano. Como no sé qué es lo que conviene contestar, sonrío y me mantengo en silencio. «Debe usted circular a velocidad moderada, pero no detenerse. Está prohibido sacar fotografías. Siga.»
Eso era hace cuatro días. Ayer, en cambio, el Gobierno Civil autorizó a los ecologistas manifestantes para que llegaran hasta las puertas de esta mole de cemento que iba para central nuclear y se ha quedado en aparatoso monumento al absurdo humano. Lemoiz apurtu (Demolición de Lemóniz).
«Ayer podía hacer usted todas las fotos que le diera la gana. Hoy vuelve a estar prohibido. Se trata, ya ve, de una seguridad de quita y pon».
Dos mil millones de pesetas se invierten cada año en mantener vivo este disparate. Millones en conservar el impecable brillo de cada pieza. Millones en corregir los efectos del salitre sobre los metales.
Millones en mantener la ficción de que esto podría ponerse en marcha en cuanto el Gobierno diera luz verde. Millones en vigilarlo como si se tratara del cuartel general de Sadam Husein: controles, detectores, sensores electrónicos, alambradas, guardias de élite.
El problema es que esos dos mil millones anuales no los pone Iberduero, empresa constructora de la central, ni ningún mecenas al que le fascinen los happenings políticos: los pagamos usted y yo todos los meses en el recibo de la luz.
Un portavoz de Iberduero: «El porvenir de la central depende del Consejo de Intervención de Lemóniz, es decir, en lo fundamental, del Ministerio de Industria».
–Pero Iberduero tendrá su propia opinión sobre lo que debería hacerse.
–«No».
Remitir al Consejo de Intervención es como mandarle a uno al guano. Porque ese Consejo –supuestamente integrado por cuatro representantes del Ministerio de Industria, dos del de Hacienda, uno del Gobierno Vasco y otro de Iberduero– se caracteriza por lo bien que disimula su existencia.
De él se sabe tan sólo que tiene un apartado de Correos: el número 35 de la localidad de Munguía. Carece de oficinas.
No tiene portavoz conocido y si es que ha hecho algo desde que pasó a controlar el proyecto en noviembre de 1982, se las ha arreglado para hacerlo sin que nadie se enterara.
El Consejo de Intervención no es sino otra ficción más dentro del disparate global en que se ha convertido Lemóniz.
Una central nuclear que nunca será puesta en marcha, porque el Gobierno no está dispuesto a asumir el coste político y social que esa decisión entrañaría, pero que tampoco quiere dar por muerta y bien muerta, porque no quiere pagar el precio político y económico de esa opción: Otra esquizofrenia más.
El proyecto de Lemóniz no fue muy astuto, todo sea dicho. Cada cual es libre de pensar lo que quiera de las centrales nucleares en general, pero instalar una a escasa distancia del Gran Bilbao, área densamente poblada que no podría ser desalojada en caso de accidente, supera los límites de lo que el sentido común aconseja, sobre todo después de conocer, las no muy alentadoras experiencias de Harrisburg y Chernóbil.
La oposición popular a Lemóniz fue considerable desde el primer momento. En 1977, Bilbao fue escenario de una manifestación que agrupó a unas 150.000 personas. El ecologismo estaba de fiesta.
Pronto las armas ocuparon la escena, de todos modos, y a cada cual le tocó contar sus muertos.
Cinco cayeron del lado de Iberduero; siete del de ETA. También hubo de morir Gladys del Estal, militante ecologista. Y un niño, Alberto Muñagorri, se quedó tuerto y cojo por no saber lo peligroso que es dar patadas a los paquetes abandonados junto a oficinas de Iberduero. (Nota de edición: algo que Alberto niega; dice que no golpeó el paquete).
Se optó entonces por incluir el complejo nuclear de Lemóniz –una bagatela que ha supuesto a Iberduero más de trescientos mil millones de pesetas– en el capítulo de las moratorias nucleares, junto con Valdecaballeros.
Y en esas sigue, diez años después de quedar «congelado».
Ahora, los viejos e irreconciliables enemigos, Iberduero y el movimiento ecologista, coinciden al menos en un punto: la situación actual es un sinsentido. «La moratoria no es suficiente», asegura Julen Rebatido, del colectivo ecologista EKI.
«La demolición es la única garantía de que la central nuclear no será nunca puesta en marcha». Y por ello vuelven por miles los ecologistas vascos a la puerta de la central dormida, año tras año, como hicieron ayer, para reclamar su definitiva demolición.
«Iberduero no tiene prisa», nos comenta un técnico cercano a la compañía eléctrica, «pero reclama una decisión definitiva».
«Si construyó Lemóniz fue porque el Gobierno así lo determinó en el Plan Energético Nacional correspondiente. «Si luego se paró, fue también por una decisión política. Que el Gobierno decida: o le da luz verde o paga los platos que él mismo dejó romper».
Una cosa ha quedado en cualquier caso clara durante la década de paralización de Lemóniz: se equivocaban quienes afirmaron que la central debía ponerse en marcha porque era imprescindible para el abastecimiento energético del País Vasco.
«La central nuclear de Lemóniz es necesaria para el País Vasco, y el tiempo se encargará de demostrarlo», afirmó en su día el factótum pensante del PNV, Xabier Arzalluz.
Movidos probablemente por impulsos de índole política, dirigentes de casi todos los demás partidos institucionales insistieron en la misma idea: Lemóniz debía empezar a funcionar; era imprescindible.
Pues bien: han pasado los años, la central nuclear de Lemóniz no ha proporcionado ni un solo kilovatio y nadie lo ha notado. Salvo en un punto: en el importe de los recibos que pasa la compañía para resarcirse de los gastos del absurdo.
Javier Ortiz. El Mundo del País Vasco (28 de enero de 1991). Subido a "Desde Jamaica" el 19 de enero de 2018.
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