Desde Jamaica

El Gobierno de Aznar considera «inaceptables» las conclusiones a las que ha llegado el relator especial sobre la tortura de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Theo van Boven, tras un viaje informativo a Madrid y Euskadi. Van Boven ha concluido que las denuncias de tortura, numerosas y coincidentes, resultan a menudo verosímiles.

Para quien realiza una investigación de este tipo, que los denunciantes coincidan en los detalles de lo sufrido tiene un gran valor. Unos cuantos detenidos pueden ponerse de acuerdo para fabular la misma historia. Decenas de detenidos en lugares distantes y sin relación alguna entre sí, unos acusados de militancia en ETA y otros vinculados con delitos comunes, no pueden confabularse para detallar el mismo género de vejaciones y torturas. Los testimonios permiten establecer que la tortura más habitual en estos momentos es la de la bolsa (los interrogadores meten la cabeza del detenido en una bolsa de plástico y se la dejan hasta que llega al borde de la asfixia). Es una vieja práctica que presenta para el interrogador la ventaja de que no deja huellas visibles de maltrato.

Van Boven recomienda al Estado español la adopción de una serie de medidas elementales. En particular, le insta a derogar el régimen de incomunicación de los detenidos y a establecer que los interrogatorios se graben en vídeo, dejando constancia de la identidad de cuantos participan en ellos.

Esas medidas serían de aplicación en todo caso, si el Gobierno quisiera evitar la práctica de torturas. Crearían unas condiciones poco propicias para los malos tratos. El argumento es reversible: si se niega tan rotundamente a adoptarlas es porque prefiere que los malos tratos sean viables.

En su afán por negarlo todo, el Gobierno ha dicho que el informe del relator de la ONU «es falso». No: el informe es muy real. Cabrá rechazar lo que cuenta, pero no la existencia del informe.

Dicen los responsables gubernamentales que nada de eso está probado. ¿Y cómo probarlo, si quien debería investigar las denuncias no lo hace?

No habrá pruebas, pero hay lógica. Si el Gobierno se niega a tomar medidas que dificulten la práctica de la tortura, de un lado, y si rehúsa sancionar e incluso condecora a los agentes acusados y hasta condenados por torturas, ¿a qué conclusión quiere que lleguemos?

No son las meigas, sino las torturas: nadie podrá probar que existen, pero haberlas, haylas.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (7 de marzo de 2004). Subido a "Desde Jamaica" el 13 de mayo de 2017.