El ministro del Interior, Ángel Acebes, ha anunciado que se querellará contra los directivos de Euskaldunon Egunkaria y contra todo aquel que hable de torturas practicadas en dependencias de la Guardia Civil.
No entiendo. ¿Por qué?
Planteado el asunto en esos términos, podría deducirse que el ministro considera que no existe la más mínima posibilidad de que tales o cuales miembros de la Guardia Civil puedan incurrir jamás en prácticas tipificables como delitos de tortura. Pero esa suposición es absurda, porque el ministro sabe -y todos sabemos que el ministro sabe- que no han sido ni uno ni dos, sino bastantes más, los guardias civiles que han sido procesados y condenados en firme por actos de esa naturaleza. Y no en un pasado remoto, sino en tiempos recientes, cuando estaban ya en plena vigencia las leyes y normas que tenemos por características del Estado de Derecho. Y no por desvaríos estrafalarios de este o aquel agente marginal o mal instruido, sino por instrucciones dadas por personas con elevadas responsabilidades en el instituto armado. Capitanes, coroneles, y en este plan.
El ministro sabe eso, como sabe también que Amnistía Internacional -organización escasamente sospechosa de actuar en función de lo dictado en los manuales de ETA-, dedica sistemáticamente un apartado en sus informes anuales sobre la tortura en el mundo a detallar los casos de violencias policiales que se producen en las comisarías y cuartelillos del Estado español (empleado sea el término sin ninguna pretensión de definición geográfica, sino institucional y política).
Y si el ministro sabe eso, y si todos sabemos que lo sabe, ¿a cuento de qué anuncia que se querellará contra todo el que diga que algo así, puesto que ha sucedido en el pasado, y en un pasado nada remoto, puede haber vuelto a suceder? Si el ministro detestara tanto las denuncias falsas como asegura, lo lógico sería que ordenara la realización de una investigación inmediata sobre lo sucedido, y que encargara de esa investigación a personas libres de toda sospecha de hipotética complicidad con cualquiera de las partes implicadas en los hechos. A partir de esa investigación, podría tomar postura con conocimiento de causa.
El ministro debería comprender las suspicacias de un cierto sector de la opinión pública. De ese sector que sabe que el Ministerio del que él es ahora titular ha incurrido en prácticas tan desazonantes como negarse a apartar del servicio a agentes procesados y condenados por torturas. Y que incluso los ha condecorado. Y hasta ascendido.
Si quiere disipar la sospecha de que algo huele a podrido en su Ministerio, que abra de par en par las ventanas. Y así sabremos a qué huele realmente. Y se ventilará, en todo caso.
Javier Ortiz. Diario de un resentido social (28 de febrero de 2003) y El Mundo (1 de marzo de 2003). Subido a "Desde Jamaica" el 25 de febrero de 2017.
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