Desde Jamaica

Se han puesto dos objeciones «de autoridad» al proyecto de Ley sobre la llamada «violencia de género».

La primera la ha esgrimido la Real Academia Española. Ha señalado que no es correcto el uso que hace el nuevo texto legal del término «género».

Es cierto que su Diccionario no recoge esa acepción, pero mucho me temo que la Academia llegue tarde una vez más. Debería haber reaccionado hace años, cuando ese uso todavía no se había generalizado tanto. Ahora está ya tan presente en los medios de comunicación y en las publicaciones especializadas que no tiene sentido proponer su erradicación. Que la RAE se la envaine y dé acogida a esa acepción. Otras bastante menos justificadas ha avalado en el pasado reciente.

La segunda objeción «de autoridad» es la que ha planteado el Consejo General del Poder Judicial. Sostiene, muy en resumen, que es anticonstitucional legislar derechos que lo son sólo de las mujeres y penas que sólo son aplicables a los hombres.

El Gobierno, por boca de la vicepresidenta Fernández de la Vega, ha respondido que se trata de un caso de discriminación positiva en el que el Ejecutivo se considera en la obligación de insistir.

No creo que sea necesario señalar en este foro que mis simpatías por el CGPJ son tirando a limitadas. Tampoco creo que sorprenda a nadie si digo que me siento solidario con la causa general del movimiento feminista. Pero ninguno de esos dos juicios previos me impide reflexionar sobre cada asunto concreto para tratar de encontrar los puntos de vista más razonables y más justos, los formule quien sea.

En este caso, los argumentos que he oído hasta ahora en defensa de ese aspecto del proyecto de Ley no me convencen.

En primer lugar, no me parece correcto que se apele a la llamada «discriminación positiva». No hace al caso. La discriminación positiva es aplicable cuando hay que elegir (para lo que sea: para un cargo, para un puesto de trabajo, para una responsabilidad determinada) entre hombres y mujeres que presentan méritos muy similares. En esas circunstancias, algunas personas defendemos que se otorgue un plus de apoyo a las mujeres candidatas, para así contribuir a la más rápida consecución de la paridad efectiva. De la igualdad.

Pero la discriminación positiva no pinta nada cuando se están regulando derechos y delitos. Si una persona maltrata a otra, debe ser castigada en función de su acto, no de su sexo. Y si una persona es maltratada por otra, merece resarcimiento y protección en todo caso, sea hombre o mujer.

Sé de sobra que, en las relaciones de pareja, los malos tratos más comunes -abrumadoramente más comunes- son protagonizados por hombres y tienen como víctimas a mujeres. Lo cual ha de ser tenido muy en cuenta para infinidad de aspectos prácticos: acogida, protección y vigilancia, ayuda económica, hijos e hijas... Pero lo que no entiendo es por qué la Ley debería excluir la consideración de todas las otras hipótesis de malos tratos. Por ejemplo, que el maltratado sea un hombre que vive en pareja con otro hombre. O que la maltratadora sea una mujer que vive en pareja con otra mujer. O que el maltratado sea un hombre al que maltrata una mujer que se prevalece de la minusvalía física o de la fragilidad psicológica de él. No son casos frecuentísimos, sin duda, pero tampoco imposibles, ni mucho menos, sobre todo si la Ley no se ciñe en exclusiva a los malos tratos físicos y abarca también los casos de crueldad mental. ¿Por qué habría que desatender todas esas hipótesis, por minoritarias que sean? ¿Qué ganarían las mujeres maltratadas con el hecho de que la Ley estableciera esa exclusión?

De veras que no lo entiendo. A no ser que el fin perseguido no sea exactamente el declarado, y que el Gobierno esté tratando de aprovechar este asunto con fines electoreros.

Pero si alguien me aporta argumentos que me hagan cambiar de opinión, lo haré gustosamente. Nada me haría más feliz que no coincidir con el CGPJ ni en eso.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (17 de junio de 2004). Subido a "Desde Jamaica" el 1 de junio de 2017.