Desde Jamaica

¿Tiene sentido que se dote de más protección a los jueces y fiscales en el País Vasco? Por supuesto que sí. En el País Vasco y fuera del País Vasco. De hecho, la mayoría de los atentados que ha sufrido la judicatura española se han producido del Ebro para abajo.

No estoy tan convencido de que deban cobrar más no acabo de ver la relación entre el sueldo y la seguridad pero, a cambio, sí veo clarísimo que deben estar más amparados.

Como deben estarlo los representantes políticos, a todos los niveles. Desde el Rey y el presidente de Gobierno al último concejal del último pueblo de España. Todos ellos son víctimas potenciales. Y no sólo los políticos en activo: los retirados también están en peligro.

En realidad, el conjunto de los integrantes de todos los gremios virtualmente amenazados por ETA tienen derecho a que el Estado los proteja: militares, personal civil auxiliar del Ejército, profesores y catedráticos, periodistas, funcionarios de prisiones, empleados de Correos...

Y los policías, por supuesto. Porque también merecen custodia los custodios. Faltaría más.

Los sindicatos de la Ertzaintza acaban de reclamar chalecos antibalas para la totalidad de los agentes, y vehículos blindados para todas y cada una de sus patrullas. Nada más razonable. Es harto discutible que tengan razón cuando amenazan con no patrullar y encerrarse en las Comisarías si se desdeñan sus exigencias me da que la Policía no puede negarse a ejercer de tal pero, a cambio, los medios que reclaman son cualquier cosa menos estrafalarios, visto lo visto.

Y no olvidemos que también hay que proteger a los familiares. A los de todos ellos. Porque está más que probado que ETA y sus huestes kaleborroqueñas atacan a los familiares por el mero hecho de serlo. Y también hay que custodiar los edificios y las instalaciones que pueden convertirse en objetivos del terrorismo. Cómo no. Y...

Detengámonos en este punto y llamémonos todos a capítulo. La cuestión no es determinar quiénes y qué cosas deben contar con estricta y eficaz protección. Porque, considerado cada caso de manera aislada, todos y todo la merecen. Lo que se impone es examinar el problema en su conjunto y dilucidar si la puesta en práctica de ese modelo de seguridad colectiva resulta económica y políticamente viable. Económicamente, porque dudo mucho de que el erario resista el coste que puede tener el blindaje de media sociedad. Y políticamente, porque el resultado de ese blindaje no puede dejar de entrañar un grave deterioro de la vida en libertad.

Esas son las piezas de la reflexión que se impone. A partir de ellas, reflexionemos.

Javier Ortiz. El Mundo (28 de noviembre de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 1 de diciembre de 2012.