Ahora resulta que va a ser necesario reformar la Constitución, pero no para cambiar la deficiente estructura territorial del Estado, ni tampoco para reordenar las bases de nuestro sistema electoral. Después de muchos meses de discusión sobre la necesidad de reformar la Constitución, después de que el partido del Gobierno rechazara una y otra vez tal posibilidad, ahora nos encontramos con que sí se va a cambiar la llamada «ley de leyes», pero no para someterla a un proceso de remozamiento, sino para que permita algo tan aparentemente banal como que los extranjeros puedan votar y ser candidatos en las elecciones municipales.
Esto de que los extranjeros puedan elegir y ser elegidos se la trae al pairo a la mayoría de los ciudadanos, y corre el riesgo de ser aceptado en medio de la indiferencia general. Sin embargo, es un problema bastante peliagudo, ante el que no es fácil tomar postura. En Francia, en Alemania o en Bélgica, la cuestión se presenta de una sola pieza: se trata de que los trabajadores inmigrantes puedan votar. Pero entre nosotros tiene dos caras. Porque aquí, además de trabajadores extranjeros, tenemos casi un millón de residentes extranjeros, casi todos jubilados, instalados en urbanizaciones turísticas en la costa mediterránea y Canarias. Hay pueblos de Alicante y Málaga en los que son amplia mayoría. Si se unen en candidaturas propias, pueden lograr las alcaldías. Lo cual resultaría problemático, no porque sean extranjeros, sino porque tienen necesidades muy diferentes a las de la población autóctona, que puede verse seriamente marginada. Les hablo de un millón de posibles votos, no de una anécdota.
En mi opinión, González firmó esta parte de los acuerdos de Maastricht con demasiada alegría. Debería haber conseguido que el derecho a elegir y ser elegidos se circunscribiera a los extranjeros que contribuyen con su trabajo a la riqueza del país en el que residen. Pero no lo hizo, y nos largó el problema. Así las cosas, yo creo que los diputados y senadores de la oposición deberían rechazar la iniciativa, obligando al Gobierno a llevarla a referéndum. Y, ya metidos en gastos, proponer una verdadera reforma de la Constitución.
Javier Ortiz. El Mundo (31 de enero de 1992). Subido a "Desde Jamaica" el 3 de febrero de 2012.
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