El consejero andaluz de Gobernación, Alfonso Perales, exigió ayer a Aznar que ponga coto a «la llegada de inmigrantes sin control». Dice que la Junta de Andalucía no puede resistir el flujo actual y que así no es posible realizar una política de integración. Perales sostiene que el Gobierno central es responsable de lo que está sucediendo por no haber firmado ningún acuerdo de colaboración con Marruecos ni con los países del África subsahariana. Según Perales, «Aznar es el único que tiene la capacidad y el poder» para frenar las avalanchas de inmigrantes.
Perales sabe que las cosas no son así.
En primer lugar, sabe que no es verdad que esta crisis hubiera podido evitarse mediante acuerdos con Marruecos y los países del África subsahariana. El mercado de mano de obra ilegal no está allí, sino aquí. Mientras aquí haya demanda de mano de obra ilegal y allí miseria, todo seguirá igual. Bueno, igual no: irá a más.
En segundo lugar, sabe que es falso que Aznar tenga «la capacidad y el poder» necesarios para frenar la oleada de inmigrantes clandestinos. Ha tratado de hacerlo por la brava, sacando adelante una Ley de Extranjería enormemente restrictiva, pero de bien poco le ha servido. Las restricciones legales impuestas no han contribuido a frenar la intensidad del movimiento migratorio, sino a ampliar su margen de ilegalidad.
Ningún remiendo que se plantee a escala de un solo país podrá resolver el problema.
Si se quisiera resolverlo -cosa que dista de estar clara-, sería necesario plantear la cuestión globalmente. Para lo cual, la UE habría de trabajar coordinadamente en dos direcciones. En primer lugar, debería perseguir de manera implacable a los explotadores de mano de obra clandestina dentro de su propio territorio. En segundo lugar, habría de realizar una política intensiva de ayuda al desarrollo de los países que proporcionan esa mano de obra.
Ése es el modelo teórico correcto.
¿Dificultades para ponerlo en práctica? Todas.
Para empezar, los explotadores europeos tienen demasiada influencia en los organismos rectores de la UE. La propia UE saca un importante beneficio de la explotación de esa mano de obra a bajo precio y con un coste social mínimo.
En segundo término, ninguna política de ayuda intensiva al desarrollo de los países magrebíes y subsaharianos será viable mientras la ayuda la dirijan los funcionarios europeos, cuyos criterios económicos y políticos son tan problemáticos como su honradez, y mientras tenga por destinatarias a las corruptas oligarquías locales.
En resumen: que tenemos pateras para rato.
Javier Ortiz. Diario de un resentido social (28 de junio de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 7 de mayo de 2017.
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